*Camila Vallejo Dowling, es diputada de la Comisión de Educación de la Cámara.

Macarena es profesora diferencial y Daniela es educadora de párvulos. Viven en La Florida y en Puente Alto y trabajan en una escuela que recibe a alumnos expulsados o excluidos de otros colegios. A fines de junio estuvimos con ellas durante la “semana distrital”, esa dedicada a recorrer los distritos parlamentarios para abordar problemáticas que podamos resolver desde el Congreso.

Esa misma semana los profesores y profesoras de Chile iban en su cuarta semana de movilización. A ellos se han sumado estudiantes y otros actores del mundo educacional que demandan respuestas concretas a problemas laborales, curriculares, financieros y estructurales que afectan la calidad de nuestras escuelas y jardines infantiles.

Los principales protagonistas de este conflicto han sido las y los profesores y, por otro lado, el Gobierno que ha fallado en dar una respuesta satisfactoria a la crisis a través de la falta de conducción y voluntad de la ministra Cubillos. Hay un sector, sin embargo, que sigue siendo invisibilizado. Aquel al que pertenecen Macarena y Daniela y que están a cargo de la educación e inclusión de los niños y niñas más pequeñas del país.

A diferencia de sus colegas profesores y profesoras, Macarena y Daniela no reciben el 100% de su remuneración por concepto de reconocimiento profesional. Aunque cuentan con la formación y especialidad necesaria, se les excluye del bono de reconocimiento profesional, el llamado “bono por mención”. ¿Por qué? Porque ha habido una mañosa interpretación del Artículo 2 de la ley 20.158. Este artículo señala que para obtener el bono de reconocimiento profesional se debe tener una especialización o pertenecer a un subsector específico. Se propone, por lo tanto, dos alternativas de requisitos, pero por vía administrativa se ha exigido contar con ambas. Esta trampa administrativa ha dejado fuera de su derecho a reconocimiento profesional a miles de mujeres trabajadoras.

Es por esto que la semana pasada presentamos en Contraloría una solicitud de reconsideración junto al Colegio de Profesores y un grupo de profesoras diferenciales, solicitando que se revise y se les reconozca la mención de estas profesionales, algo a lo que eventualmente podría homologarse a las educadoras de párvulos y a lo que la ministra Cubillos se ha negado durante este conflicto por razones financieras.

¿Por qué es importante poner el acento en estas mujeres? Precisamente porque no es casual que sea a ellas, educadoras y trabajadoras a las que se les discrimine, a las que no se les quiera reconocer ni valorar su trabajo a pesar de que realizan una labor trascendental para el desarrollo de nuestra sociedad. La discriminación que sufren hoy las educadoras de párvulos y las educadoras diferenciales no es sólo de clase, sino también de género. Las educadoras de párvulos son las profesionales peor pagadas del sistema educativo. ¡Son las que menos ganan y además no se les reconoce su mención! ¿Cómo puede pretender este Gobierno poner a los niños primero mientras pone a quienes educan a esos niños al final de la fila?

Las educadoras de párvulos son las encargadas de cuidar y enseñar a los más pequeños y pequeñas. Lo hacen en el sentido más amplio, utilizan su creatividad y estrategias como el juego, la pintura, el canto, para enseñarles a descubrir el mundo en el que tendrán que desarrollarse. Es gracias a ellas que muchas mujeres podemos trabajar tranquilas. Nadie puede desconocer el aporte que hacen para el desarrollo del país. No somos capaces, sin embargo, de reconocer y valorar este aporte. Las profesoras diferenciales, por su parte, son las responsables de la inclusión.

Son las que trabajan con los niños y niñas que presentan alguna situación de discapacidad o dificultad de aprendizaje. Es gracias a su trabajo y esfuerzo que se han incorporado distintas estrategias de aprendizaje dentro de las salas, para que esos niños y niñas también puedan también acceder su derecho a la educación. ¿Cómo no vamos a reconocer este aporte? Es urgente que lo hagamos. Por Macarena, por Daniela, por todas las educadoras, por los niños y sus familias es que necesitamos que esta injusticia se acabe. Necesitamos que de una vez por todas, después
de tantos años, se respete el espíritu de la ley y se les reconozca su trabajo y su aporte fundamental a nuestra sociedad.