Dos discusiones extrañamente emparentadas han tenido lugar en Chile durante las últimas semanas. Por una parte, está el plebiscito por el que ocho comunas aprobaron la restricción horaria para menores (o NNA, para los que consideran más humano hablar con siglas) en la vía pública. Por otra, está la discusión en el parlamento con miras a consagrar en la Constitución la idea de autonomía progresiva de los adolescentes.

Desde luego, uno puede entender por qué algunas personas simpatizan con ambas medidas. Hay, en primer lugar, muy reales problemas de drogadicción y crimen que en parte pueden ser prevenidos si a los doce años se pasa menos tiempo en la calle. Hay, además, algo intuitivamente correcto en afirmar que existe una “autonomía progresiva” durante la adolescencia: cuánto más crecen, más decisiones comienzan a tomar los adolescentes por sí mismos. Pero las dos medidas no han recibido aclamación universal, ni se encuentra el apoyo y rechazo a ellas nítidamente dividido entre derecha e izquierda. Vale la pena preguntarse por qué.

Una posible respuesta es que ambas iniciativas ignoran, de distintos modos, el papel que deben jugar las familias, así como la necesidad de respetar ciertas formalidades. Pero hablar sobre familias y formas sin que parezca una beatería hoy es un tremendo desafío, y una crítica consistente a las dos medidas puede ser una buena oportunidad para enfrentarlo.

Pensemos en lo siguiente: ¿cuál sería nuestra reacción si fuesen no las municipalidades, sino el Estado central, el que estuviera fijando límites horarios al uso del espacio público? Probablemente, nadie sería indiferente a la extralimitación de la autoridad que eso supondría. El hecho de que la medida provenga de una autoridad local actúa, al parecer, como un bálsamo que suaviza y vuelve digerible la medida. Pero si quitamos el bálsamo, ¿hay aquí alguna diferencia sustantiva? La verdad es que no. Si acaso hay riesgo en que tal o cual muchacho de quince ande por la calle a las 23:30 horas, es algo respecto de lo cual una comuna es casi tan incompetente como un país. Para tratar con justicia las diferencias entre un adolescente y otro, se requiere efectivamente una autoridad local, pero bastante más local que los municipios: una familia.

El error de fondo se cruza con los múltiples problemas de forma que han acompañado el proceso. Cabe, en efecto, preguntarse por la legitimidad de consultas ciudadanas para regular el uso del espacio público, cabe disputar que sin participación mínimamente razonable tales consultas sean tratadas como logradas, y cabe preguntarse cómo interpretar el culebreo por el que se presenta el resultado como recomendación y a la vez como norma.

Los vicios formales que, en cambio, vienen con la idea de autonomía progresiva, son bien distintos. Se encuentran no tanto en el proceso por el que se está instalando, sino en el tipo de procesos que se seguirían una vez aprobada. Como ha observado Jorge Correa Sutil, una vez incorporados en la Constitución como derechos, este tipo de postulados empoderan a los jueces para tomar en sus manos la política pública. Como padres que abdican su autoridad en manos municipales, tenemos también políticos dispuestos a abdicar la suya en manos judiciales.

Pero si en materia de formas esta medida contribuye a la judicialización de la política, su fondo produce una marginación de las familias similar a la producida por la regulación municipal de horarios. En nuestra discusión coloquial la afirmación de la autonomía progresiva quizá puede interpretarse de un modo compatible con la autoridad de los padres; pero su consagración en la Constitución apunta a que los adolescentes tengan cómo reclamar independencia respecto de los padres cuando chocan con éstos respecto de cuestiones fundamentales.

Desde lados muy distintos, estas dos discusiones nos recuerdan la centralidad de las formas y de las familias. Ha sido común ver en ellas mera coerción y trabas a la libertad. Si en nuestras singulares discusiones buscamos consistencia, puede que volvamos a ver la medida en que tanto las familias como las formas son una condición fundamental de nuestra libertad.