Violencia sexual de emergencia: Desnudamientos y sentadillas para humillarlas

Bárbara Urquieta fue detenida el sábado 19 de octubre por estar en la calle durante el horario de toque de queda. Estuvo alrededor de 18 horas detenida, durante las cuales fue obligada a desnudarse dos veces.

“Fui detenida a las 23.30 más o menos”, cuenta. En la calle, registraron su mochila y tiraron lo que encontraban al suelo. “Me empujaron, me trataron a garabatos”, dice. Fue esposada y trasladada a la 36° comisaría de La Florida, donde la mantuvieron esposada, mientras verificaban su identidad.

“Antes de ingresar al calabozo me llevaron a un baño, y me revisaron la ropa, los bolsillos. Me hicieron sacarme los zapatos, los calcetines, después me dicen ya, ¡súbete la polera, muéstrame los senos!, yo andaba sin sostén, después ¡bájate los pantalones!, y yo ya listo y me dicen ¡bájate los calzones!, tenis que agacharte ahora, sin explicar por qué, nada”, denuncia Bárbara, que pasó esa noche en el calabozo junto a otras 16 mujeres. .

Durante la mañana del domingo, y luego de trasladar a los detenidos por otros delitos, carabineros ingresaron a la celda y las obligaron a desnudarse otra vez.  “Entran, nos levantan y nos hacen sacarnos la ropa a todas. Y luego proceden a esposarnos, nos esposan a todas, lo mismo que te conté antes”, explica.

Bárbara no pudo identificar a los carabineros que la obligaron a desnudarse, ya que “están sin apellido, tienen el velcro sin su nombre”. Además, cuenta que no le explicaron sus cargos ni sus derechos, y tampoco le permitieron realizar una llamada telefónica.

“Ellos pueden decirte lo que quieran, tú estás totalmente vulnerable ahí dentro a que te saquen la ropa, te tiren garabatos… Es sorprendente. No te llaman por tu nombre, dicen a ver quién eres tú, ¿al que le pegué en la cabeza o le pegué en la espalda? así te diferencian. Adentro de las celdas hay un odio sin límite, homofobia, sexismo, el lenguaje es sexualizado, la paca te ve y dice ah estas me gustan a mí, estas hueonas, estas maracas”, explica Bárbara. Da fé de que solo las mujeres detenidas fueron obligadas a desnudarse, a la vez que presenció golpizas ilegítimas a compañeros en el patio de la comisaría.

“En el calabozo era todo tan apretado, que las compañeras empezaron a mostrar sus golpizas. Una niña que tenía 18, 19 se baja los pantalones frente a nosotras y tenía todas las piernas negras de lumazos”, cuenta.

El INDH lleva a la fecha 12 querellas por apremios ilegítimos con violencia sexual. Un apremio ilegítimo es inflingir intencionadamente dolores o sufrimientos, físicos o psicológicos. Los de carácter sexual tienen directa incidencia sobre el cuerpo, y la expresión de género. La gravedad del delito se relaciona, además, a que es el Estado quien los inflinge, siendo que debiese garantizar una vida libre de ellos. 

Pablo Rivera, coordinador nacional de acciones judiciales del INDH, explica que el desnudamiento forzado es una práctica prohibida en los protocolos de Carabineros. “Entendemos que son casos aislados, por ende son delictuales”, explica Rivera, pese a observar que es una práctica que se mantiene “en ciertas comisarías”. 

Si bien el desnudamiento es el delito más común, también cuenta haber recibido relatos directos de tocaciones con armas y simulación de penetración con el arma de fuego. 

“El dato relevante es que los casos que se han convertido en querellas, vienen de la misma comisaría, que es la 12 comisaría de San Miguel. Hemos presentado querellas ante el juzgado competente, que es el 11 Juzgado de Garantía, y se están tramitando judicialmente”, comenta Rivera.

Las afectaciones se observan en el relato de las víctimas. El INDH presenta la querella ante el Ministerio Público. “En ese caso se pide la nómina de todos los funcionarios de guardia el día que ocurrieron los hechos, etc., para intentar circunscribir los datos de las personas que puedan estar involucradas, y realizar las respectivas diligencias de identificación por parte de las víctimas” comenta Rivera, acerca del proceso legal que siguen las denuncias.

ABOGADAS A LA CALLE

Valeska Aguilar es abogada. Desde el sábado asiste a la 36 comisaría de La Florida, la única que tiene capacidad de custodia, a donde llegan las y los detenidos de la comisaría de Los Quillayes y de Jardín Alto. Junto a su grupo, visitan también la Brigada del crimen de la PDI de José Miguel Carrera. 

Cuando habla, el jueves por la noche, ya ha perdido la noción de los días. Dice que Carabineros la ha tratado bien a ella, pero no a las y los detenidos. 

Inicialmente, Carabineros solo entregaba nombres sueltos de las personas detenidas. Luego Valeska logró que le entregaran listas impresas con nombres, y de pronto, nada. Y sin un nombre, Valeska no puede entrar.

“Nos están impidiendo el acceso a las listas, a los registros públicos que tiene que llevar cada comisaría sobre los detenidos que tiene bajo su custodia”, explica. Ante eso, Valeska cambió la estrategia: comenzó a hablar con las familias que esperaban novedades afuera de la comisaría.

Así dio con el caso de Bárbara. “No fue la única por cierto, después supimos de otra chica que también la habían detenido y que a punta de fusil la sacaron del lugar donde se estaba manifestando, y también la hicieron desnudarse”, comenta la abogada.

Salvo manifestarse durante el toque de queda, Bárbara no tenía antecedentes ni otra razón para estar detenida. Aun así, Valeska logró sacarla después de casi 18 horas. “Nos costó mucho sacarla”, declara la abogada, “ella no tenía motivo para ser detenida, no la citaron, nada, simplemente la retuvieron ahí”. 

Valeska está organizada con otros abogados y profesionales y coordinada con el INDH. Cuenta que ha visto a estas mujeres muy afectadas. “No se atreven a hablarlo públicamente. No confían en ir a hacer una denuncia, ¿a dónde? Tengo niñas chicas que han sido lumeadas y no les han querido constatar las lesiones” comenta. 

9 DENUNCIAS, 12 VÍCTIMAS

Rebeca Zamora, de ABOFEM, lleva un catastro de forma paralela al INDH, realizado en base a las denuncias que han recibido por medio de sus redes en todo el país, y en un trabajo coordinado con el Piquete Jurídico y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. 

“Tenemos ya, con antecedentes, un total de 9 denuncias, 12 víctimas”, entrega Rebeca, quien detalla que dos de las denunciantes son lesbianas y una es menor de edad. “De esa cifra, 4 sería por vejaciones injustas, 3 por vejaciones y también lesiones, incluido el ataque lesbofóbico, y 5 víctimas de lesiones a personas que trabajan en agrupaciones o asociaciones feministas”, detalla Zamora, y agrega que un grupo de abogadas de Abofem se encuentra recibiendo casos, contactando a las víctimas, y preparando acciones legales, si corresponden.

¿Qué denuncian las chicas? Desnudamientos forzados y vejaciones. “Está muy repetido que las desnudan y las hacen hacer sentadillas para revisar si almacenan algo en su cavidad vaginal. Eso se repite bastante, y como forma de castigo también. Amenazas de agresiones sexuales también estamos recibiendo, mujeres que son detenidas donde fuerzas de orden las amenazan con, derechamente, violaciones o agresiones sexuales” dice Zamora.

Ante la situación, diversas agrupaciones han lanzado campañas de información y contención ante la Violencia Política Sexual que ha caracterizado la represión hacia las mujeres. 

El Colegio de Matronas, Regional Santiago, generó un voluntariado de matronas, que incluye matronas expertas en abuso y violencia sexual, con el fin de contener e informar a las víctimas de sus alternativas. Este grupo incluye matronas con posgrado en perito forense, que trabajan en la unidad de abuso y violencia sexual del Hospital Sótero del Río.  

Katiuska Rojas, presidenta del Regional, comenta que el Colegio de matronas ofrece asesoría en dos direcciones: “hay matronas que están disponibles para dar consejería, ofrecer una atención clínica, realizar un examen físico o una anamnesis. El otro ámbito, si es algo más grave, derivamos a una matrona experta perito forense en la unidad de abuso y violencia sexual, y articulamos la denuncia en coordinación con el INDH”, explica. 

Para ello, habilitaron un correo ([email protected]) y un teléfono operativo las 24 horas desde el 23 de octubre (+562 26327397). “Sabemos que para las mujeres no es fácil”, comenta Rojas, y hace un llamado a las mujeres a contactarlas: “No tengan temor. Somos mujeres, y como mujeres nos atraviesa este tema. Tenemos el conocimiento, los ponemos a disposición con la total confidencialidad y los resguardos, para que no se sientan expuestas, e, incluso, si quieren hacer la denuncia, garantizamos el anonimato”, termina.

Memorias de Rebeldía Feminista lanzó un instructivo sobre Violencia Político Sexual para estas jornadas de manifestación, además de un Whatsapp seguro donde las mujeres que reciban esta violencia pueden escribir. 

“Estamos en condiciones de hacer una primera entrevista de acogida y contención, y eso nos parece sumamente importante, porque el fin de la VPS contra las mujeres es mandarlas a la casa, es asustarlas, y nuestro trabajo va a ir a que no suceda”, dice Beatriz Bataszew, vocera de la agrupación.

Lorena Astudillo, de la Red Chilena de Violencia contra las Mujeres, recalca que han hecho un llamado a organizarse para lograr identificar a quienes torturan, y los lugares donde esto se realiza: “carabineros están obligados a identificarse, sabemos que no lo hacen, que no portan sus placas, entonces las compañeras tiene que tratar de buscar cualquier registro para hacer las denuncias”, recomienda.  

“Hemos visto en las calles como los tipos se desquitan con las mujeres de este descontento social, y no podemos permitirlo” dice.