Los 71 días presos de Kevin y Mauricio

El teléfono sonó a las 8:40 de la noche el 29 de noviembre de 2019. En su casa de la población La Bandera en San Ramón, Ximena Gómez contestó.

-Buenas noches, señora. ¿Hablo con la mamá de Mauricio Soto?

-Con ella – respondió.

-La llamo para decirle que su hijo está detenido por porte de bomba molotov aquí en la PDI.

¿Bomba molotov? ¿Mauricio con una bomba molotov? ¿Su hijo de 16 años recién cumplidos? Éste es el cuento del tío, pensó Ximena. Una estafa. Quieren plata. Me están tomando el pelo.

-No me hueís. No tengo tiempo para huevadas – le dijo Ximena. Pero cuando estaba a punto de cortar, la voz insistió.

-Señora, no es broma. Su hijo está aquí en la PDI, detenido. Venga a verlo.

Ximena no sabe cómo llegó, pero a las nueve de la noche llegó al cuartel de la policía de investigaciones que está entre Santa Rosa y Gran Avenida. Allá se encontró con Margarita Cabrera, la mamá de Kevin, amigo de su hijo, igual de asustada y desconcertada que ella. Sus hijos eran amigos desde el kínder. Se juntaban casi todos los días y pasaban tardes enteras en la casa del uno o del otro jugando PlayStation, viendo películas, tomando helado. ¿Y ahora detenidos? Cuando pudieron entrar a verlos, se abrazaron. “Mamá, nosotros no teníamos ninguna bomba molotov en la mochila”, fue lo primero que dijeron los jóvenes llorando.

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Fue dos días antes de la detención, el 26 de noviembre de 2019. Protestas, saqueos, incendio, el estallido social que continuaba en distintos puntos de Santiago. La estación intermodal de La Cisterna había quedado completamente destruida. Aunque iban en distintos colegios, Kevin y Mauricio siempre pasaban después de clases por allí. Iban a tomar un helado o a comerse algo. Después, regresaban juntos a casa. ¿Vamos a ver qué pasó?, se dijeron después de haber visto lo ocurrido en las noticias.

Los amigos salieron de la casa de Kevin a las 4:15 de la tarde del viernes 29 de noviembre. En el lugar, había varios otros curiosos que igual que ellos, habían ido a mirar cómo había quedado la Intermodal. Caminaban por el lugar cuando se les acercó una mujer policía de la PDI.  “Necesito revisarles la mochila”, les dijo. Kevin se la pasó. La policía sacó un alcohol desnaturalizado de 75 ml que Kevin llevaba: hacía unos días se había caído en la calle y se había partido el dedo meñique, incluso se le salió la uña completa. “Llevaba el alcohol para curarme cuando me sangraba el dedo”. Además, había un encendedor. “Días antes, el Kevin me prestó su mochila y yo partí a Meiggs. Se me quedó el encendedor allí, porque yo fumo, pero él nunca ha fumado”, dice su madre, Margarita. La policía miró el alcohol y se lo mostró. “¿Para qué querís esto?”. Kevin se puso nervioso. “Pensé que si les decía lo del dedo no me iban a creer”. “Es para una tarea en el liceo”, le respondió. “¡Mentira! ¡Vas a hacer una molotov con esto!”, gritó la policía. En la mochila de Mauricio sacaron un jabón gel pequeño. “Yo misma se lo puse ahí para que se lavara las manos”, dice Ximena, su mamá. La policía esposó a los menores y luego se los llevaron a ambos en un auto de civil hacia el retén de la PDI. Las bombas molotov se hacen con gasolina, no con alcohol desnaturalizado para curar heridas.

“En la comisaría me llevaron al calabozo. Allí, me pegaron, me preguntaron si trabajaba para alguien, para una banda. Que no, que no, les decía yo. Un policía vio que yo tenía un aro. Me lo tiró y me empezó a sangrar la oreja. ‘Usai aro, maricón. ¿Tú sabís lo que les pasa a los maricones adentro? Se los violan’, me dijo. Más tarde, nos dijeron que íbamos a ser formalizados por terrorismo”, recuerda Kevin. Horas después, pudieron ver a sus madres. Ximena dice: “Con la Margarita estábamos en shock. No sabes qué decir, qué hacer. Te dicen que van a procesar a tu hijo de 16 años por terrorismo, con las leyes que ha sacado Piñera y no te quedan palabras. Solo te cagas de miedo”.

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Las zapatillas se desplomaron en el suelo. Kevin miró a quien se las había lanzado a sus pies: también era un niño, como él, que ahora lo miraba desafiante. “Lávalas. Si no las lavai, te pego una puñalada”. Recién habían llegado con Mauricio al Centro de Internación Provisoria del Sename en San Bernardo. Tiempo Joven, le llamaban. El tribunal los había imputado a ambos por supuesto porte de bomba molotov, por la Ley de Control de Armas y habían decretado su internación como medida cautelar mientras durara la investigación de 90 días.  

Según la Defensoría Penal Pública hay 186 menores de edad en internación provisoria desde el 18 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2019, aunque no se sabe con detalle cuántos de ellos son consecuencia del estallido social. Sobre la detención de menores de 18 años de edad, la Defensoría de la Niñez declara: “la privación de libertad de adolescentes debe ser una medida aplicada de manera excepcional y como último recurso, conforme lo exige la Convención sobre los Derechos del Niño y lo recomiendan las reglas de Las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de Beijing)”. Según la Defensoría de la Niñez, si un juez dictamina internación, debe fijarse que en la investigación  “existen presunciones fundadas de participación del joven en éste”.

La policía declaró que al momento de la detención, Kevin y Mauricio estaban encapuchados, quisieron huir y que supuestamente traían elementos para armar una molotov: el alcohol, el encendedor. Sin embargo, días más tarde, las familias recibieron el video de un testigo que grabó la detención de sus hijos. En el video, se muestra claramente que ambos están a cara descubierta y que son los oficiales de la PDI quienes están con el rostro cubierto completamente. Les miran las mochilas, no sacan nada desde allí y se los llevan en un auto de civil, sin placas de la institución.

En el recinto, Kevin miró las zapatillas y se quedó quieto un rato. Luego salió al patio, sin decir una sola palabra. “Me fui, pero no se las lavé. No me dijeron nada. Algunos me tenían mala a mí porque soy distinto y me decían: ‘Ah, vo’ erí de La Dehesa’”, dice. Esa noche, Kevin se acostó en el camarote del pabellón Víctor Jara – los otros dos pabellones se llaman Gabriela Mistral y Pablo Neruda – y pensó: “No he hecho nada malo. Esto es injusto”. Con ese pensamiento, se quedó dormido. 

En el centro, los levantaban a las seis de la mañana y los dejaban en sus pabellones a las seis de la tarde. A las diez de la noche, apagaban las luces. Había unos 70 niños, la mayoría estaba allí por robo, pero algunos por cargos como homicidio y secuestro. Y los molestaban. Porque eran nuevos y a los nuevos siempre los molestan. “A las dos semanas me adapté a las reglas caneras, a las bromas de doble sentido y hablaba con casi todos. Y los profes eran súper simpáticos, me tenían harto cariño y estaban dispuestos a ayudarnos. Lo que más pensaba era cuidarme porque igual allá hay que estar atento. No podía dormir bien, me despertaba como cuatro veces en la noche, porque los chiquillos hacen bromas pesadas”, dice Kevin. 

Allá ambos conocieron a varios chicos. A uno que vivía desde los nueve años en hogares del Sename porque sus papás eran adictos a la droga. Al Guachiturro, que tenía 17 años y estaba adentro por homicidio: le había dado una puñalada a un tipo que le había dado una patada en el vientre a su pareja mientras estaba embarazada. La chica había perdido al niño y el Guachiturro hizo justicia de la única forma que conocía: por sus propios medios. A un compañero de pieza que vivía en campamentos desde siempre y no tenía ropa, comida, nada. Mauricio también vio cómo uno de sus amigos salía en libertad, pero no tenía adónde ir. Nadie lo fue a buscar y no tenía ni siquiera una tarjeta Bip para tomar una micro. “El cabro que me cortaba el pelo estaba preso por supuesto secuestro, era barbero. Un tipo lo había apuñalado en la calle. Un día lo encontró, lo metió a su casa, le pegó y le preguntó por qué lo había atacado. Después el tipo lo denunció por secuestro y por eso estaba en el centro. No tenía antecedentes previos. En el hogar (centro de internación provisoria) hay cabros que están como locos. El Sename les da pastillas para relajarse. La siquiatra te receta pastillas y la gran mayoría toma remedios. Algunos porque están mal, pero a otros para que estén drogados”, recuerda Kevin. A él le ofrecieron tomarlas. Les dijo que no, que prefería vérselas solo. También vivieron allanamientos, cuenta Ximena, la mamá de Mauricio. “Los allanaron cuatro veces: estás durmiendo, te levantan, te sacan todo, te revisan la ropa, te la botan y si te portas mal te echan gas pimienta”. 

Para pasar el tiempo y hacer algo provechoso dentro, ambos se inscribieron en taller de arte. Aprendieron a hacer mosaicos. Hicieron dos mesas de centro: la de Mauricio con un unicornio y la de Kevin con la mano de Fátima. También cuadros: Mauricio hizo un ojo con la bandera de Chile llorando sangre. Y Kevin, un Selknam lanzando una molotov, inspirado en una obra del artista Bansky.

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Afuera parientes y amigos de Mauricio y Kevin estaban desesperados. Las mamás contactaron a unas abogadas para que se hicieran cargo del caso. Les cobraron 600 mil pesos. En su angustia, ambas aceptaron y así comenzó la cuenta regresiva de los 90 días.

Margarita, que trabaja en una peluquería que está dentro de su casa, dejó de atender a sus clientas para dedicarse de lleno a apoyar a su hijo. Su marido, que es maestro de la construcción, siguió trabajando y la hija menor del matrimonio, Juli de nueve años, solo lloraba por su hermano. Margarita no se explicaba la situación. “Si el Kevin quiere hacer una molotov, la hace: yo tengo químicos en la peluquería, formol, tinturas, eso sí que es peligroso. Pero no un alcohol para curarse un dedo. Las molotov no se hacen con eso. Kevin es un cabro bueno, bueno, su único vicio es el PlayStation, igual que el Mauri”.

Ximena trabaja en un colegio en manipulación de alimentos. Aunque tuvo que seguir trabajando, se las ingenió para ir a ver a su hijo al centro donde estaba internado, hablar con las abogadas, pedir ayuda y divulgar el caso a través de las redes sociales. “Te cambia la vida completamente. En mi familia nadie ha estado en la cárcel. Y entrar a ver a tu hijo a un centro donde te enrolan, te timbran como ganado, te empelotan, te revisan como quieren y está con gendarmes con pistolas, es horrible”, dice ella. 

En diciembre, le pidieron a la abogada de la Defensoría Popular, María Rivera, que tomara el caso de los niños. El 2 de enero de este año, les volvió el alma al cuerpo: el 11 Juzgado de Garantía de Santiago les levantó la medida cautelar de internación provisoria en Sename. Sin embargo, el Ministerio Público apeló y el 4 de enero la Corte de Apelaciones de San Miguel, con los ministros María Soledad Espina, Claudia Lazen y Adelio Misseroni, revocó la decisión del Juzgado: determinó que los chicos debían seguir detenidos por representar un “peligro para la sociedad”. “El código procesal penal plantea una gran gama de medidas cautelares presentes en el procedimiento. Estos chicos tienen arraigo social acreditado. Son buenos alumnos, pasaron a tercero medio con excelentes notas, tienen anotaciones positivas, no tienen ninguna anotación negativa, tienen planes para futuro y son de familias obreras, como la mayoría de los trabajadores en Chile. Sus familias no tienen relación con el mundo del delito”, dice la abogada defensora María Rivera. 

El jueves 6 de febrero, volvieron a revisar la medida cautelar. La defensa presentó un informe de los propios funcionarios del centro del Sename en el que decía que los chicos tenían excelente comportamiento y que, si seguían dentro del hogar, corrían el riesgo de algo que se conoce como “contagio criminógeno”, es decir, que adquieren conductas y hábitos delictivos que antes no tenían. “En la cárcel ellos se adaptaron, respetaban normas, no tenían problemas con los pares ni profesores. Los mismos profesores y cuidadores del centro nos dijeron: ‘hagan lo que sea por sacarlos porque no pertenecen acá’”, cuenta la abogada María Rivera. 

La conclusión de un informe de la PDI (revelado por Ciper) que el 2017 investigó el 240 hogares de menores y centros del Sename, es que el Estado viola sistemáticamente los derechos de los niños que están a su cargo. En ese estudio encargado por el fiscal Marcos Emilfork y cuyo contenido permaneció oculto por varios meses, la PDI constató 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Ya la propia Corporación Administrativa del Poder Judicial había determinado en un informe anterior que la internación provisoria para un adolescente es siempre dañina para ellos. También se constata el abuso sexual como una constante en los hogares del Sename y problemas en la educación y la salud que reciben los menores.

Familiares y amigos de los niños llegaron hasta el centro de Justicia con poleras con sus fotografías estampadas en el pecho y la frase: “Libertad para Mauricio y Kevin, presos políticos”. Pusieron el cuadro de mosaico del ojo sangrante que hizo Mauricio dentro del centro del Sename y mientras en el quinto piso de los juzgados de garantía se discutía el levantamiento de la cautelar, una batucada tocaba frente a la entrada del lugar. 

Ese día la jueza no permitió que casi nadie entrara a la audiencia, sin dar mayores argumentos al respecto. Después de una media hora, Margarita abrió la puerta del tribunal con los ojos llenos de lágrimas. La fiscal Trinidad Steinert pidió mantener la detención por considerar a Mauricio y Kevin “un peligro para la sociedad”. La jueza accedió a su petición. “¡No puede ser! ¡La rabia que tengo! ¿Mi cabro un peligro para la sociedad? ¡Los pacos matan, sacan ojos y no les hacen nada! ¿Y además quieren que me quede callada?”, decía Ximena, en una de las bancas de madera del pasillo, ofuscada, mientras su marido le ponía las manos sobre los hombros.

En la entrada del Centro de Justicia, desconsuelo. Los rostros de los familiares y amigos con las poleras estampadas, desencajados. Abrazos. Llantos. Carteles en el aire exigiendo la liberación de los chicos. La batucada con los tambores en silencio. Margarita abrazando a su hija menor Juli, que lloraba sin parar. La abogada María Rivera tomó el megáfono y le habló a la multitud: “Tendremos que apelar esta decisión a la corte de San Miguel. Pero les pido que la solidaridad siga, no bajemos los brazos. Esto es para largo. Vamos adelante con toda la fuerza que hemos demostrado y sigamos luchando por lo que nos hemos propuesto: un Chile al servicio de la mayoría”. Gritos. Aplausos. Luego la tía de Mauricio dijo, con su voz amplificada: “Vámonos dignamente, de pie, ¡ni cagando de rodillas! No somos delincuentes. Toquen los bombos y cantemos porque no nos van a ganar”. Luego, se largó a llorar. 

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Dos días más tarde, el sábado 8 de febrero, el teléfono de Ximena volvió a sonar. Eran las nueve y media de la mañana. “Ximena, les levantaron la medida cautelar. Hoy día liberan a tu hijo y a Kevin”. Era María Rivera, la abogada de los chicos, que esa mañana había ido de nuevo hasta la Corte de Apelaciones de San Miguel para apelar a la decisión del Juzgado de Garantía de mantener la internación de sus representados. Ximena gritó de alegría. Le avisó a toda su familia y en una hora, el grupo, de más de veinte personas, salieron desde La Bandera hacia San Bernardo con las poleras del rostro de Kevin y Mauricio. Allá se encontraron con los familiares y amigos de Kevin, que también llevaban sus camisetas puestas, y con los chicos de la batucada que hacía dos días había ido a tocar al Centro de Justicia. 

En total, eran unas cuarenta personas que ese día, bajo todo el calor de febrero, se dispusieron a esperar en las afueras del centro Tiempo Joven, un peladero sin asientos, sombra ni almacenes cercanos para siquiera comprar una bebida. Los familiares se las ingeniaron. Pusieron algunas tablas en el piso para sentarse. Los cercanos de Mauricio partieron a comprar bebidas, pan y mortadela para sostener la espera, pero eran las 11, las 12, la 1 de la tarde y los chicos no salían. Ximena llamó a la abogada. La abogada llamó a la jueza. La jueza aún no había mandado la resolución. 

La espera se alargaba más. 

Mientras, dentro del centro del Sename, Kevin y Mauricio almorzaban sin tener la menor idea de que ese día serían liberados. Después de comer, uno de sus tutores les pasó una bolsa de basura a cada uno y les dijo: “Echen todas sus cosas porque hoy día se van”. Eran casi las seis de la tarde cuando las puertas del centro se abrieron y los familiares y amigos vieron a Kevin y a Mauricio cargando con sus bolsas de basura casi vacías: ambos les dejaron casi todo lo que tenían a sus compañeros. 

El juicio del caso será a inicios de marzo y mientras, ambos están con arraigo nacional y arresto nocturno. Recién en abril se sabrá el resultado de la investigación que, hasta ahora, no ha arrojado más pruebas que la declaración de la policía que detuvo a los menores. 

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Kevin se despierta y sale de su pieza con cortinas de Goku y Margarita le ofrece desayuno, comida, toalla para la ducha. Está contenta, al fin. Piensa reabrir la peluquería. Piensa en sacar a su hijo a la playa, pero como está con arresto nocturno, no puede. “No importa. Lo voy a llevar al cine, a comer, al zoológico, para que se distraiga un poco”, dice. 

En el patio de su casa, Kevin habla con unos documentalistas acerca de la experiencia. Su primo de nueve años no se le despega del lado: lo abraza, le hace cariño en la cara, lo mira. Kevin dice a la cámara: “Me gustaría que en Chile los estudios no fueran tan difíciles, la inteligencia no se mide en una prueba. También que haya salud más barata, quizás gratis. Y que los viejitos tengan buenas pensiones”.  

Mientras, un par de cuadras más allá, Mauricio descansa en su casa. Aún no quiere hablar con nadie, está procesando lo vivido. Ximena, en cambio, se convirtió en una activista. “No es justo que estas cosas pasen. Cuando toman preso a un hijo, se destruye toda la familia. Ahora no voy a parar de luchar, despertaron una vocación en mí que no sabía que tenía”, dice. 

La noche del sábado que salieron en libertad, la familia y amigos de Kevin hicieron un gran asado en su casa. Donde Mauricio celebraron en el pasaje con borgoña y sopaipillas con pebre para todos.