Foto: Agencia UNO

Los tres conflictos que marcaron los 98 días de Víctor Pérez al mando del Ministerio del Interior

En su más reciente cambio de gabinete, Sebastián Piñera apostó por un cambio de estilo en el Ministerio del Interior. Sacó a Gonzalo Blumel y trajo desde el Senado a Víctor Pérez, alguien fuera de su círculo de mayor confianza, con pasado como funcionario de la Dictadura y fama de duro. Sin embargo, la jugada no le entregó muchos réditos al Gobierno y la era de Pérez terminó con una acusación constitucional aprobada en su contra y varios flancos abiertos en la cartera.

Menos de 100 días alcanzó a durar Víctor Pérez como ministro del Interior de Sebastián Piñera. El 28 de julio había sido convocado por el Presidente para que renunciara a su escaño en el Senado y reemplazara a Gonzalo Blumel en su comité político.

Sin embargo, su estadía en el Gobierno estuvo lejos de ser tranquila y hubo al menos tres conflictos que marcaron su breve gestión.

CAOS EN LA ARAUCANÍA

En su primera conferencia de prensa, Pérez aseguró que una de sus principales preocupaciones iba a ser la paz en La Araucanía. Tres días después viajó a la región y aseguró que “en Chile no hay presos políticos”, justamente en medio de una de las huelgas de hambre más largas del machi Celestino Córdova.

Las palabras de Pérez fueron catalogadas como “provocadoras” por la oposición en su momento. Sin embargo, tuvieron una repercusión mayor. En seis municipalidades, que se encontraban tomadas en solidaridad con la autoridad ancestral mapuche, se produjeron violentos incidentes, varios de ellos con expresiones racistas.

El 18 de agosto, tras 107 días de huelga de hambre, el Gobierno se vio obligado a llegar a un acuerdo con el machi Celestino Córdova, permitiéndole asistir a su rewe.

EL PARO DE CAMIONEROS

El 23 de agosto, la Confederación Nacional de Trasporte de Carga (CNTC) anunció una paralización luego de que una niña que viajaba al interior de un camión fuera baleada en La Araucanía. La principal petición de este grupo de camioneros pretendía acelerar la agenda del Gobierno en materia de seguridad pública.

Sin embargo, la convocatoria provocó quiebres incluso al interior del movimiento de camioneros, mientras que la oposición apuntó al uso de “guante blanco” por parte de la fuerza policial para controlar el paro. De hecho, pese al flagrante bloqueo de rutas, el Gobierno finalmente optó por no aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, sentando uno de los precedentes que dieron forma a la acusación constitucional contra el ministro.

EL LASTRE DE CARABINEROS

El 11 de septiembre, un reportaje de Radio Bío Bío reveló que Contraloría iba a iniciar un sumario contra siete generales activos del Alto Mando de Carabineros por presuntas responsabilidades administrativas en casos emblemáticos de Derechos Humanos durante el estallido social.

Los cuestionamientos al cuerpo uniformado se acentuaron con el adolescente que cayó del puente Pío Nono tras ser empujado por un carabinero el pasado 2 de octubre, y el destape del agente infiltrado en la población Lo Hermida que el propio ministro respaldó.

Todos estos hechos terminaron articulando la acusación constitucional en su contra, principalmente por la diferencia política en el trato de la fuerza policial según el tipo de manifestante.

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