Karina Oliva. Foto: Agencia UNO

¿Cuántos son los presos tras el estallido social? Las cifras que circulan tras la pifia de Karina Oliva

El número más reciente de personas en prisión preventiva por causas vinculadas a la revuelta social la entregó el Poder Judicial hace cinco meses y asciende a 26 personas, incluyendo agentes del Estado.

En el marco de la discusión en el Senado por el proyecto de indulto a los presos por causas vinculadas al estallido social, generó polémica un tweet de Karina Oliva, donde señalaba que “2.500 jóvenes y menores de edad, sin antecedentes penales previos, están privados de libertad sin pruebas, en cárceles, Sename o arresto domiciliario, por protestar mientras el Estado violaba sistemática y generalizadamente los Derechos Humanos”.

El comentario alcanzó a estar varias horas online hasta que lo borró. “Difundí número incorrecto de presos políticos de la revuelta. Asumo error”, escribió posteriormente.

Luego añadió: “Eliminé el tweet en cuestión para no difundir información imprecisa. Creo que es lo correcto. Si alguien difunde con un pantallazo, será de forma maliciosa”. Sin embargo, en sus nuevos comentarios, la candidata a gobernadora por la RM no entrega la cifra real. De hecho, señala que “sean 1 o 10.000, son presos políticos”.

¿Cuántos son?

Posiblemente la cifra señalada por Oliva corresponde a un artículo de Interferencia, que data del 25 de marzo del 2020, hace más de un año. En él, la periodista Carolina Trejo de Sputnik News atribuye al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) la cifra de 2.500 personas encarceladas en Chile durante el estallido social entre octubre de 2019 y marzo de 2020.

Siete meses después, la Fiscalía Nacional entregó su propio balance a un año del 18-O: Habían formalizado hasta esa fecha a 5.084 personas por delitos cometidos en el contexto del estallido social. De ellas, 648 se encontraban en prisión preventiva.

“La totalidad de los imputados se relacionan con los atentados perpetrados en contra de estaciones del Metro de Santiago, saqueos, incendios o porte/tenencia de artefactos incendiarios, desórdenes públicos y violencia institucional”, detallaban.

Sin embargo, las cifras nuevamente variaron cuando el Ministerio Público tuvo que rendir cuentas ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado el 4 de enero del 2021.

Recogiendo un período más amplio de tiempo, entre el 18 de octubre de 2019 y el 30 de noviembre de 2020, la Fiscalía reconoció que fueron ingresados 38.427 casos en el contexto del estallido social. De ellos, 928 terminaron en prisión preventiva. Sin embargo, hacia fines de noviembre, sólo 175 se encontraban vigentes.

Al día siguiente, el Poder Judicial entregó sus propios números. En total, habían dictado prisión preventiva a 2.180 personas entre octubre y diciembre del 2019. De ellas, sólo 26 se mantenían vigentes. La cifra, según su propio reporte, incluía a agentes del Estado.

La ministra Gloria Ana Chevesich explicó que, del total, 17 personas presentaban condenas anteriores. Además, reportó que se han realizado 80 audiencias en las que se revisaron las medidas cautelares. En tres cuartos de ellas, los tribunales confirmaron la prisión preventiva.

Consultados por The Clinic, desde el Poder Judicial aseguraron que no cuentan con una actualización de estos datos.

Las dudas

Cuando salió el reporte del Poder Judicial, el senador Juan Ignacio Latorre (RD), uno de los autores del proyecto de indulto, manifestó que eran las primeras “cifras oficiales” con las que contaban las autoridades y puso en relieve “la falta de transparencia en los datos”.

” Qué bueno que ahora se empiecen a poner sobre la mesa. Pero insisto: acá hay casos pendientes, de gente que estuvo privada de libertad varios meses y esos casos no están considerados en las cifras del Poder Judicial”, cuestionó.

En una entrevista con Radio U. Chile, el legislador realizó un repaso de lo que ocurrió durante el estallido social, subrayando que en ese marco, las detenciones ilegales crecieron en un 77%, según las propias cifras del Poder Judicial.

Para Latorre hubo una suerte de “pesca de arrastre” contra los manifestantes. “En el caso del estallido social, hay un intento por una persecución dura y una sanción dura, y una especie de señal pública de castigo, incluso con la prisión preventiva”, sentenció.

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