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Política

30 de Agosto de 2021

“¿Por qué estamos acá, su señoría?”: Defensa de Emiliano Arias apunta a “operación de inteligencia” entre fiscales Abbott y Moya

Emiliano Arias. Foto: Agencia UNO

En el primer día de juicio oral por violación de secreto, donde Emiliano Arias es acusado de filtrar dos fichas reservadas -una de ellas de su sobrino-, su defensa apuntó a que este caso se abrió por una "comunidad de intereses" en su contra, presuntamente urdida por el fiscal Sergio Moya, quien habría intentado ganarse la confianza de Jorge Abbott para eludir su responsabilidad en el Caso Huracán y escalar puestos al interior de la Fiscalía. Desde el Ministerio Público pidieron sólo 61 días de suspensión del empleo público de Arias, sin embargo, el CDE solicitó ampliarlo a dos años y agregar una multa de 10 UTM.

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“La primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿Por qué estamos acá, su señoría?”, fue lo primero que dijo el abogado defensor de Emiliano Arias, Cristián Cáceres, al momento de iniciar su alegato de apertura en el juicio oral donde se acusa al suspendido fiscal regional de O’Higgins por violación de secreto.

Sus palabras generaron un silencio incómodo entre los distintos intervinientes del caso, presentes a través de videoconferencia en el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua.

“¿Por qué un delito, como el que se le acusa al fiscal Arias, esto es el artículo 146 del Código Penal, sancionado con una pena de suspensión o multa, inferior incluso a un hurto simple, es llevado artificiosamente a un juicio oral? ¿Por qué se presentan más de 25 testigos, cerca de 40 documentos, etc? ¿Por qué no se ventiló este juicio en el Juzgado de Garantía, mediante un procedimiento simplificado, que era lo que correspondía?”, siguió cuestionando.

Minutos antes, tanto los abogados del Ministerio Público como del Consejo de Defensa del Estado se habían tomado más de media hora en plantear sus acusaciones. En ella acusaban a Arias de haber extraído dos fichas del Sistema de Apoyo a la Operación de Fiscales (SAO), de carácter reservada, para facilitársela a su hermana en Puerto Montt. Se trata de fichas de dos personas naturales: Patricio Navarro y su sobrino, Andrés Heydel Arias.

Sin embargo, la tesis de la defensa de Arias es clara: “Responsablemente, señalamos que aquí hubo una convergencia intencional, una comunidad de intereses o, derechamente un enemigo común” entre el fiscal Sergio Moya y el fiscal nacional Jorge Abbott.

Según Cristián Cáceres, estas “imputaciones falsas” en contra de su defendido fueron esgrimidas por Moya con el objetivo de “eludir su responsabilidad administrativa y penal en la causa Huracán y, al mismo tiempo, mejorar su estatus laboral al interior del Ministerio Público, intentando ser fiscal regional de O’Higgins, director ejecutivo regional o fiscal jefe de Puente Alto”.

Fiscal Sergio Moya. Foto: Agencia UNO

En esa misma línea, acusó que Moya urdió “una verdadera operación de inteligencia” que buscaba vincularlo a personajes políticos de la derecha, que van desde el Presidente Piñera hasta el abogado Luis Hermosilla. ¿Con qué objetivo? Supuestamente organizar una destitución de Abbott.

También lo habría acusado de filtrar a la prensa una reunión que tuvo el fiscal nacional con el senador Juan Pablo Letelier. “¿Por qué hacemos estas aseveraciones? Porque tenemos prueba de aquello. Hay evidencia que será vertida en este juicio”, puntualizó el abogado.

Con la ejecución de esta operación, Arias habría sido marginado de causas emblemáticas que llevaba adelante como fiscal, como la de abusos sexuales en la Iglesia Católica, la de pacientes GES, el caso Asipes y los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua acusados de tráfico de influencias.

Fiscal Nacional, Jorge Abbott. Foto: Agencia UNO

Sobre las acusaciones en contra de Arias, Cárceres se limitó a señalar que los antecedentes revelados por su defendido “no son secretos”, ya que se pueden encontrar en fuentes abiertas, y que no se utilizó para fines personales, sino que para perseguir delitos, en este caso, denunciar a un tercero y a su sobrino.

Finalmente, el abogado defensor concluyó apuntando a la investigación administrativa a la que fue sometido Arias al interior de la Fiscalía, donde fue suspendido, ya que la Corte Suprema desestimó una pena de remoción.

La versión de los querellantes

En representación del Ministerio Público, expuso el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien detalló que fueron los persecutores de Puerto Montt quienes denunciaron que dos fichas SAO de personas naturales, fueron extraídas desde la Fiscalía Regional de O’Higgins que encabezaba Arias.

En esa línea, anunció que esperan acreditar, “más allá de toda duda razonable”, que el acusado instruyó en 2018 tanto a su secretaria, Catalina Contreras, y a su abogada asistente, Macarena Bustos, para manipular ambas fichas SAO.

Además, aseguró que el propio fiscal Arias se encargó de “revelar y difundir información sensible, reservada y secreta de aquella base de datos del Ministerio Público” por la plataforma de WhatsApp, lo que esperan probar con testimonios y otros medios de prueba.

Fiscal Eugenio Campos. Foto: Agencia UNO

Por su parte, el abogado Christian Ramírez, en representación del Consejo de Defensa del Estado (CDE), enfatizó que la acción de Arias si afectó determinados bienes jurídicos como “la intimidad, la privacidad de las personas y, esencialmente, la confianza pública”.

Expuestos sus alegatos, la Fiscalía solicitó para Arias una pena de 61 días de suspensión del empleo público, en su grado mínimo, junto con otras medidas accesorias legales, y el pago de costas.

Por su parte, el CDE pidió una ampliación para que el fiscal sea sancionado con dos delitos de violación de secreto, solicitando dos años de suspensión de empleo público en su grado medio, más una multa de 10 UTM.

Arias y su llamado a los constituyentes

Este domingo, tras conocerse las reuniones que sostuvo el fiscal nacional, Jorge Abbott, con el senador Jorge Pizarro (DC), que han enturbiado las investigaciones de financiamiento ilegal de la política, Emiliano Arias sacó una declaración pública donde asevera que “jamás sufrí presiones de ningún tipo”.

Sin embargo, manifiesta sus diferencias con el líder del ente persecutor cuando decidió separar las causas. “No comparto en absoluto, la decisión de acotar o acelerar las investigaciones con el objeto de proteger institución alguna”, subraya Arias en su comunicado.

“Por el contrario, siempre ha sido mi convencimiento que la adecuada investigación y sanción en su caso de los delitos de corrupción, es la única forma en que las instituciones se legitiman ante la ciudadanía, debiendo la Fiscalía de Chile investigar con objetividad a todos quienes pudieran estar involucrados en dichos delitos, con estricto apego al principio de igualdad ante la ley”, añade.

En esa misma línea, hizo un llamado a los constituyente a reflexionar “acerca del control y forma de nombramiento de las máximas autoridades de una de las instituciones más importantes de nuestro país, en quien descansa principalmente la persecución de los delitos, con el objeto de dar garantía de seguridad a las victimas y sus familias y el respeto de los derechos de los imputados”.


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