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Columna de Crescente Molina: Cultura, violencia, y la fragilidad de nuestra institucionalidad

Hemos pasado años pidiendo a nuestros gobernantes una institucionalidad política más liberal e igualitaria. Sin embargo, no nos podemos olvidar que nosotros somos parte del problema y por ende de la solución.

Las instituciones políticas (leyes, constituciones, etc.,) no resisten en el tiempo si no están enraizadas en las practicas, creencias, actitudes y disposiciones que constituyen la cultura de un pueblo. Un gobierno autocrático, por ejemplo, no logrará dominar por mucho tiempo a un pueblo que tenga un compromiso cultural profundo con el autogobierno. Y un gobierno democrático es muy frágil sobre un pueblo autoritario y sumiso. Cualquier arreglo institucional o forma de gobierno será eventualmente destruido, ya sea por una revolución abrupta o un deterioro paulatino, si no se sustenta en una cultura afín.

Chile vive un proceso de refundación institucional. Nos proponemos crear una constitución política liberal, democrática y comprometida con la protección de los derechos humanos. Pero ¿existe en nuestro país una cultura liberal, democrática y comprometida con la protección de los derechos humanos? Obviamente, cualquier análisis cultural será incompleto y selectivo. Sin embargo, hagamos un ejercicio especulativo y reflexionemos: ¿existe en nuestro país una cultura pública generalizada, un ethos, de libertad y de respeto a los derechos humanos? La respuesta más evidente es que no la existe. Y esta respuesta no tiene casa en ningún sector ideológico o político en particular.

“Cualquier arreglo institucional o forma de gobierno será eventualmente destruido, ya sea por una revolución abrupta o un deterioro paulatino, si no se sustenta en una cultura afín.

Para ilustrar el punto, sin siquiera ir a nuestro pasado oscuro más distante, pensemos en una de las experiencias sociales más importantes que hemos vivido (y seguimos viviendo) en los últimos años: la llamada ‘revuelta’ o ‘estallido’ social.

Uno de los principios más básicos de quienes adoptan una cultura de la libertad y el respeto a los derechos humanos es lo que podríamos llamar el principio de no agresión. En base a este principio, las personas están justificadas para causar daño al cuerpo o la propiedad personal de otros exclusiva y únicamente para defender su propio cuerpo o propiedad personal (o el cuerpo o propiedad de otros), y siempre de manera proporcionada.

El principio es simple. Yo estoy moralmente autorizado a dañar su cuerpo, sólo si usted me está atacando (o es inminente que me ataque) o está atacando (o es inminente que ataque) a un tercero; y mi daño es moralmente permisible sólo por cuanto proporcionado al daño por usted causado. Violencia es todo daño al cuerpo o la propiedad ejecutado en contravención del principio de no agresión. Y tanto uniformados (carabineros, etc.,) como civiles son igualmente capaces de violencia, y creer lo contrario es no entender el principio moral básico que subyace a la idea de derechos humanos.

“¿Existe en nuestro país una cultura pública generalizada, un ethos, de libertad y de respeto a los derechos humanos? La respuesta más evidente es que no la existe. Y esta respuesta no tiene casa en ningún sector ideológico o político en particular”

La revuelta social consistió (y sigue consistiendo), entre otras cosas, en una plaga de violencia, es decir una seguidilla masiva y prolongada de violaciones al principio de no agresión no sólo por parte de carabineros, sino también de civiles, tanto en contra de carabineros como de otros civiles tales como los dueños de almacenes, restaurantes, etc., (recomiendo al lector el lúcido ensayo de Lucy Oporto sobre este punto).

Esta violencia, sin embargo, se ve por muchos como un simple costo a pagar por nuestra nueva constitución e institucionalidad política. El problema que no ven es que la violencia misma es un obstáculo, y no un medio, para lograr cualquier cambio real y sustentable en nuestra institucionalidad y práctica política.

Sorprende notar cómo gran parte de la élite cultural y política del país parece no notar este punto. Un compromiso duradero con el respeto a los derechos humanos requiere necesariamente de un compromiso irrestricto por parte no sólo de carabineros y policías sino que de la población en general y, en particular, de la clase gobernante con el principio de no agresión. Quizás, como creen algunos optimistas, la nueva institucionalidad podría ayudar precisamente a producir una cultura de la libertad y respeto a los derechos humanos. Pero esto no está garantizado. Es más, ya hemos visto la facilidad con la que la Convención Constitucional decidió simplemente violar derechos humanos básicos como la libertad de pensamiento y expresión.

“La revuelta social consistió (y sigue consistiendo), entre otras cosas, en una plaga de violencia, es decir una seguidilla masiva y prolongada de violaciones al principio de no agresión no sólo por parte de carabineros, sino también de civiles”

Nuestra cultura de violencia policial y civil (y su frecuente impunidad a nivel político y mediático) es sólo una expresión de nuestro ethos iliberal—pues no es difícil encontrar varios ejemplos más (piense en la facilidad con la que nos sometimos por meses a algunas de las restricciones gubernamentales más intensas e injustificadas a nivel mundial contra la pandemia). Hemos pasado años pidiendo a nuestros gobernantes una institucionalidad política más liberal e igualitaria. Sin embargo, no nos podemos olvidar que nosotros somos parte del problema y por ende de la solución. Pues sin tomar nosotros mismos—como individuos, familias, miembros de organizaciones sociales y grupos políticos—los pasos para generar no sólo una constitución de la libertad e igualdad sino una cultura que la sustente, cualquier progreso será sólo aparente.

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