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Columna de Pablo Valenzuela: Necesitamos acuerdos… ¿pero qué acuerdos necesitamos?

¿Cómo construir acuerdos para que no sufran de la deslegitimación y falencias que tuvieron los acuerdos de la Transición? Esta es una pregunta clave para el periodo que viene.

El Gobierno del Presidente Electo Gabriel Boric tendrá que generar diálogo social y alcanzar acuerdos para poder cumplir las prioridades de su programa, como para reactivar nuestra economía. Esto no es sólo necesario por la confirmación del Congreso actual (donde  en el Senado hay un empate y en la Cámara de Diputados hay una mayoría de ideas progresistas pero compuesta por varios bloques). También es aconsejable porque la ciudadanía demanda otro trato con el Estado, uno más participativo, donde la democracia gane en legitimidad por la cercanía y horizontalidad  con que se ejerce en cada decisión. El desafío es cómo ahora construir acuerdos que sí sean vistos como legítimos. Fortalecer y reorganizar una institucionalidad para la participación y el diálogo resulta clave para ello.

¿Cómo construir acuerdos para que no sufran de la deslegitimación y falencias que tuvieron los acuerdos de la Transición? Esta es una pregunta clave para el periodo que viene.

En una evaluación critica de los acuerdos alcanzados bajo la transición una podría mencionar las siguientes falencias: primero, nacían de una falsa necesidad democrática. Los enclaves autoritarios de la Constitución actual -Senadores designados, sistema binominal, altos quórum- obligaban a alcanzar acuerdos forzados por la sobre-representación de una minoría conservadora. 

(El diálogo) También es aconsejable porque la ciudadanía demanda otro trato con el Estado, uno más participativo, donde la democracia gane en legitimidad por la cercanía y horizontalidad  con que se ejerce en cada decisión.

Segundo, esos acuerdos fueron alcanzados por un número limitado de actores que no representaba la diversidad de intereses en juego. Además, esos actores eran financiados por las mismas empresas interesadas en los resultados de los acuerdos,  lo que reproducía una asimetría de poder y daba una influencia desmedida al poder económico. Ello generaba que muchas veces que el resultado final del acuerdo fuera un cambio simbólico; o venía aparejado con una transacción menoscabadora de los objetivos de la transformación buscada; o de plano, se alejaba completamente de los objetivos buscados.

Por último, esos acuerdos se hacían sin una estructuración institucional de diseño de la participación y del contenido que fuera democrática y transparente. En otras palabras no existía una institucionalidad que pensara y formalizara esos procesos de construcción de acuerdos, lo que posibilita al fin y al cabo democratizarlos .

Los enclaves autoritarios de la Constitución actual -Senadores designados, sistema binominal, altos quórum- obligaban a alcanzaracuerdos forzados por la sobre-representación de una minoría conservadora. 

En el futuro ciclo del Presidente Boric, afortunadamente el escenario ha cambiado. En el Congreso no hay binominalismo ni senadores designados. También las reglas del financiamiento de la política han mejorado, dando más transparencia y control, permitiendo aminorar la influencia del poder económico en esos acuerdos.

Así, bajo la próxima gestión se abre la posibilidad de generar grandes acuerdos más representativos y democráticos siempre que se cumplan algunos puntos críticos.

Primeramente, debe generarse una institucionalidad específica y especializada para construir estos diálogos y acuerdos. Ello implica que, a un alto nivel institucional e independiente del Ministerio a cargo de la materia a discutir, se genere una unidad con capacidad y competencias para: a) convocar activamente actores que realmente le den representatividad al acuerdo; b) poder formar o entregar competencias o recursos a los grupos históricamente vulnerabilizados para poder participar de manera equitativa en el proceso de diálogo conducente al acuerdo; c) diseñe procesos de diálogo eficientes, democráticos, trazables y transparentes; d) sea capaz de rendir cuenta, sobre cómo lo acordado ha influido en las nuevas leyes, políticas, programas y acciones materia de los procesos de diálogo y acuerdo.

En segundo lugar, el buen funcionamiento de esta institucionalidad requiere de un nuevo trato con la sociedad civil. Uno que deje de financiarla mediante la oferta de mercado público y fondos concursables y se establezcan roles de alianza para el desarrollo en planes de largo plazo. Una que deje de estar centralizada y tenga protagonismo local, con organizaciones territoriales y funcionales que tengan un peso las decisiones de política local y que los diálogos y acuerdos regionales o comunales los conduzcan las autoridades respectivas, con protagonismo. A participar se aprende participando y no podemos esperar un involucramiento representativo, influyente de la sociedad civil en grandes acuerdos nacionales si no tienen la práctica de la participación e incidencia local.

Así, bajo la próxima gestión se abre la posibilidad de generar grandes acuerdos más representativos y democráticos siempre que se cumplan algunos puntos críticos.

La buena noticia es que parte de esta institucionalidad de diálogo y participación ya existe. Actualmente, hay unidades que se dedican a esto en los ministerios de Medioambiente, Energía, Vivienda. Existía algo parecido a una oficina territorial y de prevención de conflictos en la Subsecretaría de Interior. Hay COSOC conformados, hay mesas temáticas que han instalado los Gobiernos Regionales, hay instructivos y experiencia. Por el otro lado, hay una sociedad civil que cada vez es más diversa pero que ha sabido construir poderosas redes entorno al estallido social y a la Convención.

Lo que se necesita es una estructuración y organización de esos esfuerzos, aumentando la capacidad técnica y la relevancia política de la participación y el diálogo. Se requiere despegar la cartera interesada en que los acuerdos resulten, del diseño del proceso de diálogo. Sino los incentivos de una participación con garantías de inclusión y democracia son contrarios a los incentivos de gestión de esa misma cartera.

No podemos seguir con bríos desintegrados, con buenas experiencias piloto, con procesos participativos paralelos a la negociación real de los acuerdos, que muestran muchos números de participantes e instancias, pero que son incapaces de mostrar influencia real de lo dialogado en lo decidido.

Se trata de dejar atrás ese diálogo y participación que se entiende como un deber que se realiza con tedio, a pesar de los post-it de colores y lindas presentaciones, y comprenderla como un proceso clave para una toma de decisión, más informada y legítima. El nuevo ciclo y los nuevos tiempos lo reclaman así.

*Pablo Valenzuela es abogado de la Universidad Católica y Magister en Derecho Ambiental en Universidad de Nottingham RU. Ha sido director de ONGs como Casa de la Paz y el Servicio Jesuita Migrante. Ha trabajado en distintos contextos de exclusión, como campamentos, allegados, población penal, conflictos socio ambientales y hoy es el Director de Citizenlab Latinoamérica, herramienta de democracia digital para gobiernos. 

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