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Política

27 de Abril de 2022

Masivo despido en Interior: 35 funcionarios de la Subsecretaría de Prevención del Delito fueron desvinculados

El pasado viernes 22 de Abril, la subsecretaría de Prevención del Delito desvinculó a 35 funcionarios.

El pasado viernes 21 de Abril, la subsecretaría encargada de resguardar la seguridad ciudadana, desvinculó a 35 funcionarios que trabajaban en la repartición, varios de ellos bajo la figura de "contrata". Los dirigentes gremiales de la repartición -dependiente del ministerio del Interior-, reconocen que aquel fue un "día duro", pero argumentan que estos despidos son habituales en los cambios de gobierno y que con ello, "la autoridad debería tomar rumbo derecho en términos de la gestión". Contactados por The Clinic, la subsecretaría declinó referirse al tema. 

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El pasado sábado 23 de Abril, entre los funcionarios de la subsecretaría de Prevención del Delito circuló un video protagonizado por el presidente de la asociación de funcionarios de la repartición, Alfredo Contreras. En el registro, el dirigente gremial daba cuenta de un hecho que inquietó a los trabajadores del área: la desvinculación de 35 trabajadores del organismo -de un total de 350 empleados aproximados, el 10% del personal-, hecho ocurrido durante la jornada del día anterior.

“Sabemos que fue un día duro para todos y todas: se despidieron a 35 personas de la subsecretaría. Se nos ha informado de parte de la autoridad que este proceso de desvinculación ha llegado a su término el día viernes. Sabemos que siempre la autoridad tiene la potestad para hacerlo en el momento que lo requiera, pero al menos, durante este corto y mediano plazo, no habrá más desvinculaciones”, relató Contreras, intentando dar tranquilidad a los afiliados a la organización que dirige, donde sólo uno de sus miembros integró la lista de los destituidos.

En el video, al cual tuvo acceso The Clinic, el secretario de la asociación, Cristián Inzunza, complementó con un mensaje que, además, apuntaba directamente a un tema álgido para La Moneda: la compleja instalación del gobierno en sus primeras semanas.

“Con este ajuste, la autoridad debería tomar rumbo derecho en términos de la gestión”, añadió el dirigente. “Obviamente que lamentamos la situación, que corresponde a ajustes que la autoridad tiene las atribuciones para hacerlo”, agregó a modo de explicación.

El hecho, que el propio presidente de la Anfusepu- Asociación Nacional de Funcionarios de Seguridad Pública- reconoció en su mensaje como la “incertidumbre que muchos están pasando en este momento”, llega en un momento donde los desafíos en torno a la seguridad ciudadana están a la vista, debido al aumento de los delitos y la inusitada violencia de los mismos.

“Sabemos que fue un día duro para todos y todas: se despidieron a 35 personas de la subsecretaría. Se nos ha informado de parte de la autoridad que este proceso de desvinculación ha llegado a su término”, informó en un video el dirigente de los funcionarios de la subsecretaría, Alfredo Contreras.

“Chile está viviendo el peor momento en seguridad desde el retorno a la democracia”, reconoció la primera autoridad de la instancia, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, en entrevista con Tele13 Central.

Según la información reproducida por el medio, a partir de antecedentes entregados por la institución policial, en los primeros 28 días de gestión presidencial -la entrevista fue realizada el pasado 21 de Abril- se registraron 32.967 delitos, un alza significativa comparado con el mismo periodo del año anterior: 20.136 delitos. Fue así que el periodista de la estación televisiva, Alfonso Concha, concluyó ante el subsecretario Vergara: un incremento del 64% de la actividad criminal.

Pese a que Vergara salió del paso asegurando que “es imposible medir la acción de un gobierno en un lapso tan corto”, poniendo como plazo “razonable y responsable” de comparación un periodo anual, lo cierto es que la evidencia sobre la inseguridad era una realidad reconocida por el gobierno anterior, quienes en Enero de este año comunicaron que en Chile ocurrían 2,5 homicidios al día, según información de Carabineros y la PDI.

“Es una etapa de todos los gobiernos”

Este medio pudo contactó a los funcionarios que fueron despedidos en aquella jornada. Las fuentes, que pidieron anonimato de identidad, aseguran que el vínculo contractual con la subsecretaría era bajo la figura de contrata, pertenecientes a áreas clave de la repartición; División Jurídica, División de Coordinación Nacional, División de Gestión Territorial, Departamento de Comunicaciones, profesionales del programa “Denuncia Seguro”.

Las fuentes, además, relataron el ambiente laboral propio de jornadas de desvinculaciones colectivas: notificaciones impersonales realizadas por funcionarios que no eran jefatura directa ni superior, en presencia del resto de sus compañeros de labores. Muchos de ellos tuvieron que sacar sus pertenencias y retirarse en el acto. Asimismo, aseguran que no fueron sometidos a procesos de evaluación.

Los profesionales contactados por este medio -quienes admiten que algunos profesionales vienen del gobierno anterior con militancia o cercanía a partidos de Chile Vamos-, aseguran que varios de ellos estudian acciones legales por despido injustificado, con el costo al erario público que ello implicaría. Esto, debido a que -argumentan- podrían ampararse en la figura de la “confianza legítima”, concepto acuñado según la jurisprudencia desarrollada por Contraloría para la protección de los funcionarios públicos, donde las causales de despido trabajadores a contrata tiene mayores exigencias.

Esta interpretación jurídica es refrendada por la dirigencia gremial de la subsecretaría. “Desconozco si todos los desvinculados estaban bajo la figura de ‘confianza legítima’. El viernes estuve en el edificio -del organismo- y me encontré a una persona que tenía ‘confianza legítima’, pero no sé cuántos casos hay porque la lista completa la tienen las autoridades. Pero cuando sacas a alguien con ‘confianza legítima’, tiene que ser con argumentos de peso para que Contraloría pueda dar el ok”, dice Alfredo Contreras, presidente de la Anfusepu, contactado por The Clinic.

¿Cuáles serían esos argumentos? “Reestructuración de un departamento, mala evaluación de su desempeño, estar sujeto a un sumario. Son varias las causales”, explica el dirigente. 

Con todo, Contreras sostiene que estas desvinculaciones son normales en los cambios de gobierno y que estaría dentro de las facultades de las nuevas autoridades, pese al contexto de inseguridad que vive el país. “Esta es una etapa por la que pasan todos los gobiernos para conformar equipos con personas de confianza, justamente porque es un área que trabaja temas complejos y sensibles, por lo que necesitas armar equipos de confianza”, añade.

En tanto, uno de los profesionales desvinculados plantea los factores en juego sobre el despido: “¿Es normal? Sí, ha pasado antes. ¿Es justo? No lo sé, pero no hubo evaluación ni feedback con las nuevas autoridades desde que llegaron. ¿Es lo adecuado? No, porque todos eran profesionales con experiencia en un área en la que cuesta interiorizarse, especialmente con la complejidad delictual que vive el país”, asevera la fuente fuera de micrófono.

“Con este ajuste, la autoridad debería tomar rumbo derecho en términos de la gestión”, añadió el secretario de la Anfusepu, Cristián Inzunza.

Mientras, la seguridad proyecta ser uno de los “fierros calientes” que la gestión gubernamental deberá resolver, algo que quedó críticamente expuesto cuando la ministra del Interior -y autoridad superior de la subsecretaría de Prevención del Delito-, Izkia Siches, reconoció en un punto de prensa en La Moneda desconocer uno de los hechos de seguridad que ha protagonizado la agenda en lo que va de semana: el saqueo a un supermercado en Talagante.

Hoy, en tanto, Carabineros celebró su 95 aniversario, por lo que el Presidente Boric acudió hasta la escuela de la institución para asistir al acto conmemorativo, justamente en compañía del subsecretario Vergara, autoridad empeñada en impulsar el Consejo Asesor para la redistribución de las policías en los barrios. Un programa que en su primera etapa contempla la redistribución territorial de más de 700 efectivos de Carabineros, institución que, dicho sea de paso, fue llamada a ser “refundada” por el propio Presidente durante la campaña presidencial, posición posteriormente morigerada hacia una “reforma” policial.

The Clinic tomó contacto con la subsecretaría de Prevención del Delito para obtener su versión sobre el despido de aquellos 35 funcionarios la semana pasada, así como para conocer los criterios de reemplazo de aquellos trabajadores. Sin embargo, declinaron referirse al tema aduciendo “motivos de agenda”.

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