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25 de mayo de 2022

César Valenzuela, convencional socialista: «El cargo de senador no puede seguir existiendo»

César Valenzuela, convencional socialista: "El cargo de senador no puede seguir existiendo" Agencia Uno

Entrada la medianoche del 25 de Mayo, un grupo de convencionales de la Comisión de Normas Transitorias resolvió ponerle fecha para la defunción de la Cámara Alta: 2026. Una idea que, por cierto, tiene corriendo en círculos a los senadores actuales y que, incluso, cuenta con el abierto rechazo del presidente del Senado, el socialista Álvaro Elizalde. Y si bien Valenzuela plantea el término genérico del cargo, advierte la posibilidad -acaso remota- que los actuales senadores puedan integrar la Cámara de las Regiones: "es una discusión que los socialistas tenemos pendiente", admite. 

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Antes de la medianoche de ayer, martes 24 de Mayo, un grupo transversal convencionales -Frente Amplio, Colectivo Socialista, Partido Comunista, Independientes No Neutrales y Escaños Reservados- presentaron sus propuestas para la comisión de normas transitorias de la Convención, instancia encargada de establecer el tránsito desde la actual Carta Magna hacia la propuesta de nueva Constitución que será votada en el Plebiscito del próximo 04 de Septiembre. 

Entre estas, se encuentra la renovación total del Poder Legislativo para el año 2026, fecha donde comenzaría a regir el Congreso de Diputadas y Diputados junto a la Cámara de las Regiones, instancia diseñada para reemplazar al actual Senado. 

Además, los colectivos adoptaron la propuesta que hizo la Secretaría General de la Presidencia al órgano constituyente, que contemplaba la creación de una “comisión de implementación” para guiar el proceso de transición hacia la nueva Carta Fundamental. Esta instancia, la cual dependerá de la Segpres, deberá ser convocada por el Presidente Boric un mes después de la entrada en vigencia la nueva Constitución. 

Este último espacio será un “órgano paritario y que contará con participación de diversos sectores de la sociedad, incluyendo pueblos indígenas”, según dice la propuesta del Ejecutivo.

Así, en medio de la polémica suscitada por la recomendación del Contralor Jorge Bermúdez —y secundada por el ministro Giorgio Jackson— para que el Mandatario pueda dictar Decretos con Fuerza de Ley para la implementación de las reformas que obligaría la nueva Constitución en caso de ser aprobada, el convencional socialista César Valenzuela, opta por bajar la pelota al piso. 

Se ha satanizado la idea de los Decretos con Fuerza de Ley”, afirma el constituyente, al tiempo que subraya que -por el momento- esta opción no está considerada dentro del diseño que está proponiendo la comisión que integra.

Con todo, Valenzuela defiende la propuesta que suscribió su colectivo y que contempla plazos para que tanto el Ejecutivo como el Legislativo presenten y evacúen los proyectos de ley correspondientes a las normas de la nueva Constitución. Pese a ello, reconoce a The Clinic: “cuesta pensar en una fórmula de obligación más compleja frente al legislador democrático”.

¿Considera razonable la propuesta para que el Presidente pueda dictar decretos con fuerza de ley para implementar reformas de la nueva Constitución?

Lo primero que se debe entender es que los Decretos con Fuerza de Ley son una herramienta que ya tiene el Presidente de la República, es una herramienta que se utiliza. Entonces, se ha satanizado la idea de los Decretos con Fuerza de Ley. Ahora, ocurre que son excepciones y tienen que seguir operando como excepciones. 

Lo que uno ve, al menos en la propuesta que nosotros hemos generado en acuerdo con otros colectivos, es que de ninguna forma en la implementación de la nueva constitución se va a hacer vía de Decreto con Fuerza de Ley. Eso no fue algo que planteó ninguno de los colectivos, al menos con los que yo conversé.

¿Y cómo puede garantizar que el debate legislativo se dará con celeridad y no ocurra lo que teme el ministro Jackson: bajadas legislativas a normas de la nueva Constitución que tomen un tiempo largo de discusión parlamentaria?

Lo que nosotros hemos hecho en varias disposiciones es hacer un mandato no solamente al Presidente para que presente los proyectos de ley, sino también para que el legislador evacúe esos proyectos de ley durante un período determinado. Pero la verdad es que cuesta pensar en una fórmula de obligación más compleja frente al legislador democrático.

¿Es una opción que los Decretos con Fuerza de Ley sea una alternativa para los próximos informes que presenten en la comisión?

Eso no es parte, al menos en términos generales, del diseño que nosotros hemos presentado. Ahora, es una alternativa, por supuesto. Este es recién el primer informe que se va a presentar al Pleno.

¿Y si no se cumplen los plazos, en qué materias estima que podrían dictarse estos decretos?

Lo que pasa es que se discutió, pero no se ingresó de esa forma. Pero se discutió, efectivamente, qué es lo que ocurre si pasado el plazo que estamos entregando para efectos de que se evacúen esos proyectos de ley, no se evacúan. Ahí, una alternativa es dotar de ese poder al Presidente de la República.

¿Y cuáles son esos plazos?

Son variados. Por ejemplo, lo que se está señalando es que respecto a los proyectos de ley que implementan sistemas asociados a derechos sociales, el Parlamento tenga un plazo de dos años para evacuar esos proyectos.

¿Y en materias que requerirían una mayor complejidad legislativa como, por ejemplo, la implementación del Estado Regional?

Te soy honesto. La verdad, llegó un momento en que nos separamos por grupo y no sé cómo quedó eso.

¿Concuerda con las declaraciones del senador y presidente de su partido, Álvaro Elizalde, quien dijo que “las dictaduras son las que legislan por decreto”?

Las dictaduras legislan a través de Decretos Ley y nadie ha planteado que el Presidente legisle por Decretos Ley. Aquí se discutió y a partir de una presentación que hizo el Contralor, no los convencionales, se discutió cómo se podría utilizar la herramienta de los Decretos con Fuerza de Ley, que no es lo mismo.

Comisión de Implementación integrada por convencionales: “Por supuesto, si pasamos a ser ciudadanos”

En la comisión adoptaron la idea del gobierno de instaurar una Comisión de Implementación. ¿Cuáles fueron las razones para acoger esta recomendación de la Segpres?

No recuerdo el tema de la comisión, no recuerdo cómo lo resolvimos. La verdad es que estuvimos hasta muy tarde y nos separamos por grupos al final, porque, si no, no alcanzábamos el plazo. Pero no recuerdo si el tema de la comisión llegó a acuerdo.

De hecho, fue acordado en los siguientes términos: “En el mes siguiente a la entrada en vigencia de la Constitución, el Presidente convocará a una Comisión para la Implementación de la Constitución, órgano paritario que contará con participación de diversos sectores de la sociedad, incluyendo pueblos indígenas. Dependerá del Ministerio Secretaría General de la Presidencia…”.

¿Pero no dice ‘órgano asesor’, verdad?

No, no dice eso. 

Claro, recuerdo que fue la discusión en un momento porque el Presidente no necesita mandato de una norma transitoria para convocar a una comisión asesora. Lo que sí se pensó es que fuera una comisión que acompañara a monitorear el proceso de implementación y que participaran organizaciones de la sociedad civil, universidades y también representantes de los órganos más importantes del Estado. Por eso, es que entiendo que quedó la participación del Contralor General de la República, del presidente del Senado y de la Cámara.

¿Y esta comisión podrían integrarlas convencionales?

Bueno, la Convención deja de existir el 5 de Julio, así que no podría tener una representación de la Convención Constitucional.

Mi pregunta es si podrían integrarla como miembros de la sociedad civil…

Por supuesto, si nosotros pasamos a ser ciudadanos con todos nuestros derechos y deberes.

¿Cómo ve que la Segpres haya propuesto esto siendo que, tal como usted plantea, el Presidente no necesita de una norma transitoria para convocar a esta comisión?

No le veo ninguna complejidad, porque lo que hace la Segpres es emitir una opinión a propósito de un llamado que hizo la propia Convención Constitucional a los distintos poderes constituidos para que generaran opiniones. Eso fue justamente una de las discusiones que se relevaron, que no era necesario hacer una disposición transitoria para que el Presidente convoque a una comisión asesora presidencial. 

Distinto es tener una comisión de las dimensiones que, entiendo, fueron finalmente las acordadas; que es una comisión distinta y que no es de naturaleza asesora.

¿Podría ahondar en ese punto, respecto a la diferencia de que sea un ‘órgano asesor’ a cómo quedó finalmente redactado en el texto?

Es que no lo puedo hacer porque no tengo el texto a mano para ver cómo quedó.

“El cargo de senador no puede seguir existiendo”

Una de las últimas definiciones de la Comisión de Normas Transitorias, es proponer al Pleno el término del Senado para el 2026, finalizando de paso el mandato de los actuales miembros de la Cámara Alta en ejercicio. Algo que fue abiertamente rechazado por el presidente del Senado, el socialista Álvaro Elizalde.

“Se trata de instituciones que gozan de respaldo ciudadano, toda vez que todos sus integrantes han sido elegidos democráticamente a través del sistema proporcional. Lo que hemos planteado como Senado es que se deben respetar los mandatos, porque cuando se convoca a las urnas a los ciudadanos bajo determinadas reglas del juego, esas reglas deben ser respetadas”, dijo el legislador y todavía timonel del PS. 

Por cierto, el convencional Valenzuela tiene un enfoque con mayor apertura frente al tema.

En otro tema: ¿Por qué razón se decidieron por una propuesta que contempla un recambio del Congreso y fin del Senado en el 2026?

Porque en realidad hubo un consenso respecto a que el nuevo sistema político debe comenzar a operar el 2026 porque coincide con la próxima elección parlamentaria y presidencial.

¿Y por qué se desechó la idea de que los senadores electos en la última elección terminarán su período de ocho años?

Lo que pasa es que en ningún caso podían continuar siendo senadores porque el Senado deja de existir. Lo que se pensó en algún momento es que estos senadores pudieran integrar la Cámara de las Regiones, que es el órgano que va a reemplazar al Senado. Sobre esa materia, es una discusión que, al menos, los socialistas todavía tenemos pendiente y la podemos reponer. Pero el cargo de senador no puede seguir existiendo.

La propuesta actual establece que los senadores podrán ser candidatos para integrar una de las dos nuevas Cámaras…

Sí, por supuesto, porque este es un órgano nuevo. Entonces, no hay ni reglas de elección ni reelección que le sean aplicables a ningún cargo.

Senadores de su partido, como Álvaro Elizalde o José Miguel Insulza fueron particularmente duros con esta posibilidad…

Bueno, son opiniones legítimas de los senadores.

¿Han tenido comunicación con ellos en torno a esta propuesta?

Yo, al menos, no tuve ningún contacto con ellos.


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