Hacia una nueva gobernabilidad

Las últimas elecciones parlamentarias francesas nos dejaron titulares y tapas de diarios con la preocupación por la gobernabilidad, ante la posición minoritaria en la que quedó la coalición del Presidente Emmanuel Macron y la dificultad de formar gobierno para la oposición. Esta preocupación se replica en Chile en relación con el sistema político de la Nueva Constitución, pero es justo reconocer que ya existía desde el estallido social y el comportamiento érratico del gobierno de Chile Vamos durante la crisis social y pandémica.

En términos acotados, entendemos por gobernabilidad la capacidad de que el gobierno electo pueda llevar adelante su agenda política en condiciones de estabilidad. En la práctica esto implica un gobierno con mayoría en el congreso, como en los sistemas parlamentario o semipresidenciales, que cautelan esta condición a través de la instauración de los ejecutivos a partir de la legislatura y no el voto popular directo. En los sistemas presidenciales se busca conseguir gobiernos unificados (esto es, gobiernos con mayoría parlamentaria) por medio de sistemas electorales mayoritarios que, bajo algunas condiciones específicas, tienden a reducir el número de partidos con representación en el congreso. Insisto con esto de condiciones específicas porque Francia utiliza un sistema mayoritario y en esta ocasión no generó una mayoría.

De este razonamiento pareciera desprenderse de manera lógica que, en sistemas presidenciales, si queremos gobernabilidad tenemos que resignar representatividad en las legislaturas. Sin embargo, este razonamiento es no solo apresurado, sino también corto de miras. Si bien es cierto que existe una tensión entre gobernabilidad y representatividad, ambos fines no son independientes entre sí y la crisis en Chile es ilustrativa al respecto.

En los sistemas presidenciales se busca conseguir gobiernos unificados (esto es, gobiernos con mayoría parlamentaria) por medio de sistemas electorales mayoritarios que, bajo algunas condiciones específicas, tienden a reducir el número de partidos con representación en el congreso. Insisto con esto de condiciones específicas porque Francia utiliza un sistema mayoritario y en esta ocasión no generó una mayoría.

Podemos acordar que existen en la actualidad problemas de gobernabilidad que son bastante inéditos en el Chile post-dictadura. Derivar de ello que necesitamos una presidencia con más poder y un Congreso con dos o tres partidos representados implica desconocer que esta crisis aguda de gobernabilidad es producto de una crisis crónica de representación. Los problemas de gobernabilidad son síntomas de la desafección generalizada de la sociedad chilena con los partidos políticos en particular, y con la política institucionalizada en general. Querer solucionar problemas de gobernabilidad sin atender los problemas de representación muestra no haber aprendido nada de lo que ocurre cuando la ciudadanía no siente que sus intereses y valores son representados de manera adecuada por los partidos políticos.

La preocupación excesiva por la fragmentación, soslayando la importancia de la inclusión y representación de las voces diversas que conforman la sociedad, parece añorar épocas de arreglos cupulares. El fortalecimiento de los partidos políticos, en tanto organizaciones colectivas que articulan intereses, pero también expresan identidades políticas, es una misión que debemos emprender de manera conjunta. La gobernabilidad no se obtiene con cambios del sistema electoral, los partidos no se fortalecen poniendo umbrales altos, ni prohibiendo la organización de partidos a nivel subnacional. Si estos partidos no generan un lazo representativo con la ciudadanía, por más que cerremos el sistema a pocas organizaciones la gobernabilidad que obtendremos tendrá pies de barro.

Si realmente estamos preocupados por la fragmentación y el debilitamiento de los partidos políticos, debemos pensar fuera de caja y examinar instituciones muy arraigadas en la tradición chilena: la lista abierta de candidaturas agrupadas en coaliciones pre-electorales. La literatura especializada advierte sobre la debilidad intrínseca de formas de elección que personalizan la competencia al interior de los partidos. Tenemos mucha evidencia al respecto y es posible evaluar pros y contras para la futura ley electoral. El tema de las coaliciones es aún más complejo y presenta, a mi entender, dos aristas principales. Por un lado, cuando estas son muy estables en el tiempo tienden a desdibujar las diferencias entre los partidos y volver más opaco para la ciudadanía qué representa cada partido. Por otro lado, la posibilidad de acumular votos entre partidos de una misma coalición genera incentivos a la fragmentación y creación de nuevos partidos.

Querer solucionar problemas de gobernabilidad sin atender los problemas de representación muestra no haber aprendido nada de lo que ocurre cuando la ciudadanía no siente que sus intereses y valores son representados de manera adecuada por los partidos políticos.

De todos modos, más allá de las soluciones institucionales, la reconstrucción de los partidos necesita reencantar a la ciudadanía con la política y con las organizaciones partidarias como canales representativos de nuestros anhelos e intereses, pero también como espacios de deliberación ciudadana. Querer solucionar la fragmentación y apuntar a la gobernabilidad de manera mecánica puede amenazar la representatividad, la paridad y la inclusión de grupos históricamente vulnerados. Y no solo eso, cualquier intento de manufacturar esta gobernabilidad tiene que reconocer que, en democracia, cualquier gobernabilidad futura estará en riesgo de quedar enclenque al estar basada sobre una noción restrictiva de representación política.