Opinión
3 de Julio de 2022Neurodivergencia y salud mental en la nueva Constitución
El borrador constitucional se hace cargo de una realidad dramática, en donde alrededor del 22% de la población de todas edades en Chile tuvo en 2021 algún tipo de diagnóstico relacionado con salud mental.
Lorena Berríos Ibacache
Durante estos últimos meses, el proceso constituyente chileno ha abordado diversas temáticas de alto interés para la comunidad internacional, sobre todo porque algunos de estos temas pasaron a ser una prioridad en el borrador del proceso actual. Uno de estos puntos, tiene que ver con la importancia de la salud mental de la población más excluida de la sociedad.
En primera línea se encuentra el reconocimiento constitucional de las personas neurodivergentes, es decir de personas con discapacidad psicosocial o del neurodesarrollo y/o diagnósticos de salud mental, quienes sufren múltiples vulneraciones de sus derechos, desde las internaciones forzadas y la violencia sexual en espacios sanitarios, hasta las esterilizaciones forzosas y la mortalidad asociada a tratamientos psiquiátricos.
Lo que busca el reconocimiento de las personas neurodivergentes como sujetos de derechos es que el Estado de Chile deje de verlas y tratarlas como meros objetos de intervención psiquiátrica, para dar paso a una mirada de Derechos Humanos que garantice su autodeterminación y autonomía, dentro de un marco de real inclusión y no discriminación. Este reconocimiento histórico de la neurodivergencia y del derecho a la salud mental ha sido no solo el resultado de aquellos constituyentes que escribieron y aprobaron las nuevas normas, sino el fruto de los aportes de movimientos y colectivos con larga trayectoria dedicada a la defensa de sus derechos humanos.
El borrador constitucional se hace cargo de una realidad dramática, en donde alrededor del 22% de la población de todas edades en Chile tuvo en 2021 algún tipo de diagnóstico relacionado con salud mental. A estas cifras, se añade el número de suicidios que, en 2021, excedió en más de tres veces el asociado a homicidios y es cercano a las muertes por accidentes de tránsito, mientras las licencias por salud mental llegaron en 2020 a componer un 28,7% del total.
En primera línea se encuentra el reconocimiento constitucional de las personas neurodivergentes, es decir de personas con discapacidad psicosocial o del neurodesarrollo y/o diagnósticos de salud mental, quienes sufren múltiples vulneraciones de sus derechos, desde las internaciones forzadas y la violencia sexual en espacios sanitarios, hasta las esterilizaciones forzosas y la mortalidad asociada a tratamientos psiquiátricos.
En respuesta, la nueva constitución propone un Sistema Nacional de Salud que tome en consideración los determinantes sociales y ambientales y plantea explícitamente el derecho a la salud, tanto física como mental, de todas las personas. Esta propuesta representa un avance muy significativo en comparación con el texto de 1980, que solo habla de acceso a la salud, en donde el Estado ha delegado por décadas su responsabilidad al sector privado. Más aún, se considera la salud mental desde un enfoque comunitario, tomando distancia del discurso biomédico orientado por una mirada reduccionista, patologizante y estigmatizante, incompatible con una concepción de Bienestar Integral y de Buen Vivir.
Si el Movimiento Nacional de Defensa de la Salud Mental adhiere a la campaña Aprueba x Chile, es porque forma parte de las demandas históricas que, por primera vez, podrán ser parte de una Constitución de todas y todos.
