Jackson y la gestión del poder en el Parlamento

La decisión de la Cámara de Diputados y Diputadas de rechazar el veto sustitutivo en el proyecto de reforma constitucional de infraestructura crítica constituye un duro revés para el gobierno del presidente Boric, considerando que, luego de este resultado, el poder Ejecutivo no contará con un nuevo mecanismo para poder reemplazar el Estado de Excepción en la Macrozona Sur. Esto constituye un problema político mayor para nuestra sociedad debido a las implicancias que tiene para nuestro país la falta de control y el desarrollo de una estrategia estable para enfrentar los hechos de violencia que afectan a esta zona, particularmente en la Región de La Araucanía y la Provincia de Arauco.

Este resultado también ha evidenciado las dificultades que ha tenido el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES), Giorgio Jackson, para poder mantener una relación de mayor colaboración y apoyo con las y los integrantes del Parlamento, sobre todo con los partidos de oposición. Es perfectamente plausible considerar que la tarea para el ministro Jackson no ha sido fácil, considerando las tensiones que se han generado con el poder legislativo a propósito de múltiples fenómenos que han tensionado la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo: El oficialismo no ha logrado consolidar una mayoría estable dentro del Parlamento, el debate que se ha instalado en torno a las propuestas de modificaciones al Congreso desde la Convención Constituyente (como por ejemplo eliminar el Senado e instalar una Cámara de las Regiones), a lo que se suman diversas controversias que han deteriorado la relación entre el gobierno y representantes de ambas cámaras.

¿Qué pasa con la paridad si se rechaza la propuesta de Nueva Constitución?

Ya en el pasado 14 de junio, cuando se produjo la votación de la prórroga del Estado de excepción en la Macrozona Sur, las declaraciones del senador Fidel Espinoza (PS) criticando abiertamente al ministro Jackson de “destruir las instituciones democráticas” no sólo evidenciaron diferencias importantes de ese bloque con el oficialismo, sino que además se plantearon cuestionamientos dirigidos en la figura del ministro. Lo anterior se vio reforzado con problemas al interior de la propia coalición oficialista, con hechos como lo ocurrido en esa misma votación, en donde sólo 10 de los 20 integrantes de la bancada del Frente Amplio apoyaron la solicitud presidencial. Sin duda que estos conflictos han tensionado la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo, lo cual resulta preocupante considerando la agenda de reformas que se pretenden implementar: La respuesta a los problemas del CAE, reactivación de la actividad económica y bonos de apoyo a los sectores vulnerables, reforma al sistema de pensiones y reforma tributaria, entre otras.

El oficialismo no ha logrado consolidar una mayoría estable dentro del Parlamento, el debate que se ha instalado en torno a las propuestas de modificaciones al Congreso desde la Convención Constituyente (como por ejemplo eliminar el Senado e instalar una Cámara de las Regiones), a lo que se suman diversas controversias que han deteriorado la relación entre el gobierno y representantes de ambas cámaras.

En la política contemporánea es fundamental gobernar a través de consensos (Eklund et al., 2008). La estrategia de los acuerdos es clave para lograr implementar reformas y alcanzar legitimidad tanto a nivel político, como social. Esto es crucial en una sociedad que no sólo enfrenta problemas de división y radicalización respecto a la propuesta de una nueva Constitución (Lijphart, 2004), sino que además registra altos niveles de desconfianza en las instituciones y en el quehacer de los y las representantes de la esfera política (Bargsted et al., 2022). En este sentido, es fundamental avanzar en dar señales de consenso y estabilidad desde la propia clase política, tal como se hizo en el acuerdo por la paz social y la nueva Constitución, el 15 de noviembre de 2019. 

Infancias divergentes: Gumucio versus Loncon

En este sentido, es imperioso fortalecer el rol del ministro SEGPRES y su equipo político. Ya hace algunas semanas atrás, varios y varias ex-ministros y ex-ministras sugerían a Jackson una mayor predisposición a “tomar café y discutir los problemas de fondo” con los y las integrantes del poder legislativo. Si bien la tarea es compleja, es importante establecer compromisos y definiciones programáticas de trabajo conjunto en las reformas que se pretenden desarrollar. Esto resulta aún más complejo si evidenciamos el conflicto en la Araucanía: Ante las dificultades para establecer un diálogo con los grupos involucrados, el gobierno se ha visto obligado a aplicar Estados de emergencia acotados, los que han incrementado las diferencias en su propia coalición. ¿Cómo entonces, avanzar en estas complejas materias generando acuerdos en la clase política? El ministro SEGPRES, además de su rol estratégico en la comunicación con el parlamento, puede cumplir una función estratégica articulando y coordinando un plan de trabajo junto a los demás ministerios. Esta puede ser una forma de promover un mayor consenso a través del convencimiento y un trabajo conjunto en función de las reformas que resulten prioritarias según los énfasis que tenga el gobierno, más aun considerando el escenario político que se ha generado a propósito del plebiscito del próximo 4 de septiembre: El incremento del apoyo a la opción de rechazo de la nueva Constitución y las declaraciones públicas de varios y varias referentes de la ex-Concertación y otros grupos declarados de centro izquierda anunciando que votarán en contra del nuevo proyecto Constitucional, hacen imperioso poder avanzar en planes de gestión política que promuevan consensos en vez de continuar con escenarios altamente fragmentados.

Luis Garrido-Vergara es académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile e Investigador Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES).

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