Boric y su apuesta por reformas como salida a la crisis de la política

El gobierno de Gabriel Boric se instala en un momento crítico de la sociedad chilena. Los partidos tradicionales, que ya venían de un largo proceso de erosión, mostraron toda su debilidad en la elección presidencial y, por primera vez, pasaban a segunda vuelta dos candidatos ajenos a los bloques que gobernaron desde el fin de la dictadura. Sin embargo, el rechazo que generó el populismo de derecha de Kast le permitió a la candidatura de Boric contar con el apoyo en segunda vuelta de la coalición de centro izquierda tradicional, lo que generó la extraña situación de tener que instalarse en el poder con dos coaliciones. Es un gobierno que surge, por lo tanto, de un relativo derrumbe del sistema de partidos tradicional. Como todo derrumbe, que ocurre por movimientos bruscos en las bases que sostienen una estructura, es evidente que el nuevo gobierno debió instalarse en medio de múltiples crisis que venían moviendo las placas tectónicas de la sociedad chilena. Las más evidentes fueron por lo menos tres: una crisis social, política y de Estado. 

La crisis social estaba marcada, en lo inmediato, por un país que aún no salía de la pandemia y se encontraba en medio de una fuerte tendencia inflacionaria. Los dos años de pandemia dejaron al país con una economía debilitada y a una sociedad con las repercusiones materiales de haber estado recluida por meses. En cuanto a la crisis política, el gobierno asume en medio de un proceso aún abierto tras el estallido social y la instalación de la Convención Constitucional. También en medio de una crisis política más amplia, marcada por una fuerte desconfianza de la ciudadanía hacia la institucionalidad política en general. Por último, el gobierno heredó una profunda crisis de Estado, determinada por el crecimiento del crimen organizado y el aumento de violencia en la Araucanía así como en algunas provincias del Bío Bío. 

Es evidente que el nuevo gobierno debió instalarse en medio de múltiples crisis que venían moviendo las placas tectónicas de la sociedad chilena. Las más evidentes fueron por lo menos tres: una crisis social, política y de Estado. 

Por lo tanto, una forma de evaluar los primeros meses de gobierno es pensando en su desempeño para hacer frente a la triple crisis que tuvo que enfrentar tras su instalación: social, política y de Estado. 

En el aspecto social, en el corto plazo el gobierno ha tomado acciones concretas como el de un aumento sustantivo en el sueldo mínimo a 400 mil pesos, la extensión de la gratuidad en salud para los tramos C y D, y la extensión del IFE laboral. Pero sin duda su gran apuesta ha estado en hacer avanzar un programa reformista, con compromisos tan ambiciosos como proponer un nuevo sistema de salud y de pensiones para Chile. Como todo gobierno reformista, el gran desafío ha sido lograr un apoyo amplio, tanto de su coalición (particularmente amplia) como de otros sectores de centro e incluso de derecha, dada la correlación de fuerzas en el Congreso. Para ello, ha logrado en un tiempo relativamente corto proponer un proyecto de reforma tributaria, paso previo para avanzar hacia reformas más profundas de salud y de pensiones. 

En cuanto a la crisis política, es evidente que el gobierno no escapa a la fuerte impugnación de la ciudadanía hacia los políticos en general, reflejo de aquello es lo extremadamente corta que fue su “luna de miel, es decir, el período de mayor respaldo que la ciudadanía suele darle a los gobiernos recién instalados de acuerdo con las encuestas de opinión. Ello es reflejo de que el Frente Amplio y los partidos de gobierno, pese a ser depositarios de las esperanzas propias de una nueva generación política, sufren también de una política sin raíces profundas en la sociedad, lo que hace que los apoyos sean muy volátiles. Para contrarrestar esta tendencia, el gobierno ha buscado generar nuevos lazos con la sociedad, buscando coherencia con los distintos compromisos identitarios de su programa.

En este sentido, ha sido claro y coherente el foco verde del gobierno, lo que se ha concretado con el cierre de Ventanas y con la firma del tratado de Escazú. También destaca el sello feminista, lo que está impregnado en el lenguaje, en el simbolismo y en acciones concretas como los criterios de paridad en el gabinete. En esta reconstrucción de vínculos, una de las fortalezas del gobierno ha sido la capacidad de comunicar del presidente, lo que se dejó ver en el aumento de apoyo a su gestión tras la cuenta pública. Es un presidente que hace alusión a la importancia de la unidad, aunque marcando una clara identificación con el espíritu de cambio que representó el estallido. 

Por último, en uno de los puntos más controversiales, está la crisis de Estado y la capacidad que ha tenido el gobierno de hacer frente a los temas de seguridad. El presidente buscó dar un cambio en la cartera del interior con Izkia Siches, una de las figuras con mayor popularidad en su campaña y la primera mujer en ocupar el cargo más importante del gabinete. Luego de algunos traspiés de la Ministra y un inicio vacilante, la cartera del interior ha ido incorporando líneas de trabajo más claras y consistentes a este respecto. El presidente finalmente ratificó en mayo su decisión de decretar Estado de Excepción Constitucional en las provincias de BíoBio, Arauco, Cautín y Malleco, argumentando que es su deber como gobierno garantizar la seguridad de la población. Desde el interior se ha logrado también desarticular sectores de comercio informal, como el barrio Meiggs o estaciones del metro. En el corto plazo, el gobierno ha logrado dar señales de respaldo hacia Carabineros y la PDI, aunque en términos más estructurales no ha dejado de mencionar la importancia de una reforma profunda a carabineros. 

Sin duda estas tres crisis aún están abiertas, pero el gobierno no las ha eludido, y las ha abordado con distinto éxito en el corto plazo sin abandonar la apuesta por reformas estructurales de más largo plazo. El corazón de esta generación política sigue siendo su vocación por transitar hacia un Estado social de derechos. Para ello, el gobierno ha buscado mantener vivos los elementos de novedad de la cual es portador, pero buscando también continuidad, protocolo, tradición y formas que permitan ampliar sus bases de apoyo.