Antonella Oberti, de Red de Acción Carcelaria: “Es inaceptable que haya niños y niñas inocentes viviendo en cárceles”

Lo dice el Reglamento Penitenciario. Según el protocolo que ordena lo que se puede o no hacer dentro de una cárcel, desde 1998  los hijos e hijas de mujeres que entran a prisión preventiva o a cumplir condena y que tengan de 0 a 2 años, pueden ingresar con ellas a la cárcel. El objetivo era mantener el vínculo del menor con su madre, considerado bien superior del niño o niña.

Dicho reglamento detalla también que el recinto penitenciario debe contar con unidades especiales separadas de la población general, llamadas infanto-maternas o también salas cunas, aunque no hace referencia a las condiciones de estos espacios. Queda al albedrío de cada cárcel cómo resolver este lugar.

En la práctica se han ido presentando problemas. Los problemas que hay en las cárceles -falta de acceso a la salud oportuna, contar con infraestructura apropiada y condiciones de habitabilidad- se replican en estas unidades materno-infantiles. Paredes húmedas, acceso intermitente  al agua potable, baños descompuestos. El tema preocupa y moviliza a organizaciones enfocadas en el tema, como la Red de Acción Carcelaria (RAC), cuya labor es visibilizar y apoyar a las mujeres privadas de libertad. En entrevista con The Clinic, la directora de incidencia de esta fundación, Antonella Oberti, dice que cerca de 170 niños y niñas están creciendo hoy privados de libertad en las cárceles chilenas -porque permanecen junto a sus madres presas- y lo hacen en condiciones que vulneran prácticamente todos los derechos de la niñez.

-Partamos aclarando la situación. ¿Por qué en Chile hay menores de edad viviendo con sus madres en la cárcel?

-Quizás no es de tan público conocimiento como uno cree, pero hoy en Chile, por el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, las mujeres embarazadas y que tienen hijos e hijas entre 0 y 2 años, viven con ellos en unidades especiales separadas de la población general, dentro de la cárcel. Se estableció esta edad principalmente para fomentar el vínculo entre madre e hijo/a en la primera infancia y para respetar en principio el derecho de niño o niña a vivir en familia. Aunque ése es el trasfondo y es muy loable porque cubre toda la lactancia, eso no es tan así en la práctica.

–¿Por qué no ocurre en la práctica?

-El problema es que los niños pasan a estar sus primeros dos años de vida  en una lógica carcelaria y se ven expuestos a toda una vida dentro de la cárcel y eso es altamente lesivo para su desarrollo y crianza; incluso hay veces que la misma privación de libertad obstaculiza lo que viene a intentar proteger, que es que el niño viva con la madre.

-¿A qué te refieres?

-Muchas veces por ejemplo, las mujeres madres tienen que hacer oficios o tareas dentro del penal, poder optar a beneficios penitenciarios, como buena conducta y así reducir sus penas. Varios de estos trabajos no se pueden hacer con la guagua encima, literalmente, eso implica dejar al niño a cargo de otra de las mujeres. O cuando tienen que ir a audiencias en el tribunal no las dejan ir con la guagua y tienen que dejarla con una gendarme o con alguna otra mujer privada de libertad. Obviamente eso genera una separación, que puede ser  momentánea, no quiero atribuirle tanto peso tampoco, pero muchas veces eso genera un estrés o más atención en la madre además de la tensión de estar criando privada de libertad y eso tiene un impacto en el vínculo. Hay mujeres que tienen problemas con la lactancia, por estrés u otros motivos de salud y que tampoco se les presta mucha atención. Ahí entra otro tema que es la falta de protección especializada, que va desde la salud, tener personal disponible y espacios realmente adaptados para que vivan niños y niñas. No basta con que estén separados del resto de la población penal, si no que se entienda que hay niños y niñas viviendo ahí.

El problema es que los niños pasan a estar sus primeros dos años de vida  en una lógica carcelaria y se ven expuestos a toda una vida dentro de la cárcel y eso es altamente lesivo para su desarrollo y crianza; incluso hay veces que la misma privación de libertad obstaculiza lo que viene a intentar proteger, que es que el niño viva con la madre”.

–¿Cuánto menores hay viviendo junto a sus madres privadas de libertad a lo largo de Chile?

-Es un número súper líquido, puede cambiar mañana porque puede que hoy día en la noche entren a prisión preventiva  cinco mujeres que tienen niños menores de dos años, entonces esa cifra varía mucho, pero la última que manejo es de 170 niños y niñas en todo Chile. Antes de la pandemia eran 280, pero muchas de las madres que estaban con prisión preventiva pasaron a arresto domiciliario o quienes estaban condenadas salieron por indulto comunitario.

–¿A qué están expuestos estos niños y niñas cotidianamente dentro de una cárcel?, ¿qué derechos de la niñez se vulneran?

-A pesar de la buena intención que pudo tener la medida de crear módulos especiales para niños, niñas y sus madres, es decir que no estén con todas las mujeres condenadas, ni con todas las mujeres en prisión preventiva, muchas veces ese módulo especial está adyacente a los de población general. Por ejemplo, en la cárcel general de Rancagua está cerca de un módulo de población masculina, donde se escuchan los ruidos cuando hay allanamientos, cuando Gendarmería por una u otra razón se ve obligado a usar sus escopetas antimotines o bombas lacrimógenas, o sea siguen estando en un espacio carcelario y eso genera muchos efectos nocivos en la crianza y por otra parte, el vínculo.

“La última cifra que manejo es de 170 niños y niñas en todo Chile. Antes de la pandemia eran 280, pero muchas de las madres que estaban con prisión preventiva pasaron a arresto domiciliario o quienes estaban condenadas salieron por indulto comunitario”.

Antonella Oberti continúa: “Al estar en la cárcel los niños y niñas, están sometidos  a un régimen carcelario. ¿Qué significa eso?, que viven lo mismo que una persona privada de libertad en la cárcel, los despiertan a cierta hora donde la gendarme hace la cuenta general, están durante los allanamiento que pueden hacer en la unidad especial o materno infantil y ésas son rutinas del régimen que interrumpe o afecta la rutina de un niño o niña, entonces su proceso de crianza en la infancia temprana se ve dañado. Además, hay condiciones de habitabilidad e infraestructura, las cárceles muchas veces no tienen acceso de agua potable las 24 horas, tampoco a agua caliente, para qué decir calefacción. Las paredes de los módulos se humedecen, los espacios son comunes y la pieza entre una mamá y su hijo/a respecto de otra están muchas veces separadas sólo por una cortina, lo que significa que si una guagua se despierta y llora en la noche, todas las demás lo hacen. Eso en lo cotidiano afecta la crianza y el vínculo seguro con la madre.

–Entonces, ¿estos módulos replican los problemas de hacinamiento que tienen las cárceles, las cortinas son una solución que le dieron las mismas mujeres a este problema?

-Muchas veces las problemáticas carcelarias que todos conocemos también se replican en las denominadas salas cunas o unidades materno-infantiles, muchas veces son una población menor en tasas. Nunca están completamente a tope, pero muchas veces sí hay más de lo que esos módulos dan en capacidad, entonces tienen que inventar estas soluciones parches, como poner sábanas o cortinas. Obviamente varía de cárcel en cárcel; hay cárceles que sí tienen piezas individuales y sectores especializados un poco más adaptados para que vivan ahí menores de edad, pero no es así en todas ni en la mayoría.

Prórrogas

El reglamento permite que se mantengan allí niños y niñas de hasta dos años, pero hace poco ustedes publicaron que hay hasta los 3 años. ¿Por qué pasa eso?

-Uno de los nudos críticos que hay en esta materia es la falta de una regulación uniforme, no hay una ley de ejecución de penas, y por lo tanto, las temáticas carcelarias se dejan a nivel reglamentario y esto hace que de dispersen. Hay un desorden normativo de reglas que genera una falta de protección importante. Los procesos de egreso del menor efectivamente son cuando está cercano a cumplir dos años, pero hay muchos casos en que eso varía. Se da mucho con población de mujeres migrantes o extranjeras que cuando se empieza a acercar la edad o cuando el niño va a egresar o salir de la cárcel a vivir en el medio libre, se intenta que quede con algún familiar, pero como la madre no tiene redes en el país, en este caso se puede pedir una prórroga. En general siempre la última opción es que pase a custodia del Estado. Entonces esta prórroga puede ser una petición por escrito al juez. Aún así muchas veces no se otorga, pero cuando sucede el menor puede ser mayor de dos años. Por ejemplo, a una mujer le quedan 5 meses para salir libre, pero a su hijo ya tiene un año y ocho meses, ella puede pedir prorrogar la estadía del menor y así salir junto con él. Para esos casos se ponderan los antecedentes de la mujer, la gravedad del delito, etc. Pero esa extensión de plazo es la causa de que haya niños de hasta 3 años.

-¿Toda esta información sobre la prórroga es información que manejan las mujeres madres en la cárcel?

-Otro efecto negativo de la dispersión de norma, es justamente la falta de información, no todas las mujeres tienen noción de éste ni de muchos otros derechos o prerrogativas que ellas tienen, y por lo tanto queda a la diligencia exclusiva de su defensor público o privado, pero el problema de acceso a la información y a los derechos es un temazo; o sea  hay mujeres que no saben que pueden apelar, pedir traslados o prórroga en el caso de que estén con sus hijos.

Al estar en la cárcel, los niños y niñas están sometidos a un régimen carcelario. ¿Qué significa eso?, que viven lo mismo que una persona privada de libertad en la cárcel, los despiertan a cierta hora donde la gendarme hace la cuenta general, están durante los allanamiento que pueden hacer en la unidad especial o materno infantil y ésas son rutinas del régimen que interrumpe o afecta la rutina de un niño o niña”.

–¿Qué pasa con los niños mayores de 2 años cuando la mamá cumple condena?

-Si el niño es menor de dos años entra con la mamá a la cárcel; si es mayor de 2 años, en ese caso no entra y pasa a estar al cuidado de quien designe el Tribunal de Familia y esto replica los roles de cuidado que impone la sociedad. En el gran porcentaje de casos es la abuela materna quien se queda con los nietos y nietas. De los pocos estudios que hay, el último del 2019 arrojó que luego de la abuela materna, viene la abuela paterna, una hermana de la madre y por último el padre biológico, que además es un porcentaje muy bajo.

“Estamos hablando de infancia”

–El 2016, Lorenza Cayuhuan vivió su parto engrillada, lo que puso por primera vez la dignidad de las madres privadas de libertad en la agenda pública ¿Qué ha pasado desde entonces?

-No mucho. Ese caso generó mucho revuelo en un principio y la redacción inicial del proyecto de Ley Sayén en honor a la hija de Lorenza. Ese proyecto no ha avanzado prácticamente nada, ahora el gobierno del Presidente Boric hizo indicaciones y lo está impulsando, pero el proyecto sigue en trámite desde el 2017. Fuera de eso no se han actualizado los protocolos carcelarios más allá de ciertos ajustes. Me atrevería a decir que ahora hay más atención por parte del organismo competente, pero a nivel normativo o a nivel de garantía para todos los centros penitenciarios, nada.

–¿Cómo la ley Sayén resuelve la situación que viven centenares de niños que viven con sus madres en las cárceles?

-Lo que buscaba la Ley Sayén en un principio es que se postergara el cumplimiento de condena en caso de que la madre tuviera un hijo o hija menor de 3 años, lo extendía un año más. Lo que hizo el actual gobierno con las indicaciones fue que en vez de postergar la condena se haga una especie de pena sustitutiva, como libertad condicional o remisión de la condena, entre otras, hasta que el menor tenga 3 años. Esto favorecería de muchas formas, tanto que la mujer podría no tener contacto directo con el sistema penitenciario y  estaría con su hijo o hija en el medio libre; ése es el espíritu de la Ley. En general las mujeres cumplen penas pequeñas porque son delitos menores.

–¿Por qué es urgente para estos niños y niñas la aprobación de la Ley?

-Porque así como está regulado hoy, es inaceptable que tengamos a niños y niñas viviendo en la cárcel en las condiciones que están las cárceles en Chile hoy en día. Es inaceptable en derechos de infancia y temas de género. Es inaceptable que le estemos haciendo esto a niños, niñas y a sus madres. Es urgente que avance y se apruebe porque aquí no estamos hablando -yo sé que va a ser el discurso de un sector- de mujeres delincuentes, ni mujeres presas, estamos hablando de infancia. Por eso es urgente porque hay niños y niñas inocentes viviendo en la cárcel.

Derecho a la reinserción

–¿Qué pasa con las madres que vuelven al mundo libre?

-Existe el programa “Creciendo Juntos”, que tiene dos patitas y quizás la más importante -o en la que más se concentran recursos- son las madres que están viviendo con sus hijos al interior del centro penitenciario; y la otra patita es para padres y madres que tengan hijos entre dos y seis años que estén en libertad, para cuidar ese vínculo, fomentar las visitas y la conexión con la familia. El problema viene después, cuando salen al mundo libre: los programas post penitenciarios son prácticamente inexistentes, tienen muy baja cobertura, porque lo que hay se enfoca mucho en la inserción laboral, en buscarle un cupo en alguna pega, y prácticamente nulo foco en el tema más sicosocial o de reconexión con la familia. En el caso de las mujeres que vuelven a sus casas, se encuentran con niños que crecieron mucho, que ya no les hace caso, que han generado algún trauma y por lo tanto tienen ciertas conductas distintas a las que tenían cuando su mamá ingresó a la cárcel. En eso, el acompañamiento es muy poco y suele ser de fundaciones como Mujer Levántate o Paternitas.

–Con todo lo anterior, se nota que las mamás privadas de libertad están desamparadas

-Totalmente desamparadas, dentro y fuera de la cárcel.

–Para entender esta problemática y avanzar hacia soluciones dignas, ¿desde dónde es preciso abordarla?

-La cárcel como muchos espacios, es un sistema androcéntrico, notoriamente creado por y para hombres; y como los hombres siguen siendo la gran mayoría de la población penal sigue esa visión masculina. En la práctica implica que se omiten variables como la maternidad, la menstruación, la lactancia, el parto respetado. Entonces no se abarcan en leyes, ni en ninguna normativa; quedan al criterio del personal de turno, del gendarme que le tocó y por eso hay mujeres que han tenido que parir engrillada, mientras otras han tenido situaciones un poco más agradables.

La cárcel como muchos espacios, es un sistema androcéntrico, notoriamente creado por y para hombres; y como los hombres siguen siendo la gran mayoría de la población penal sigue esa visión masculina. En la práctica implica que se omiten variables como la maternidad, la menstruación, la lactancia, el parto respetado”.

“Es super importante entender cómo es el delito femenino, que estadísticamente es de menor connotación social que el masculino. Esto significa que no son contra las personas, que no son delitos de sangre, ni violentos, sino de supervivencia o para proveer a sus familias. La mujer  que muchas veces cumple el rol de cuidadora y a la vez de proveedora, se ve en la necesidad de traficar para poder estar en la casa con los niños y a la vez poder tener un ingreso. Las mujeres también delinquen menos, por eso son una población pequeña dentro de la población penal. Todas estas características no se toman en cuenta en las políticas criminales de prevención o seguridad, ni tampoco en las políticas de reinserción”.

-La propuesta de nueva Constitución, ¿recoge esta situación?

-Lo que las mismas mujeres y hombres levantaron en los cabildos penitenciarios que hicimos como red nacional de cabildos penitenciarios, de la que la Red de Acción Carcelaria es parte. La propuesta señala que va a ser deber del Estado reinsertar y reintegrar las personas que tengan contacto con el sistema carcelario y que además las personas que pasen por la cárcel tienen el derecho a ser reinsertadas en la sociedad. Lo que en la Constitución actual no existe.

“Es un punto de partida para que se tomen en serio el problema de la reinserción dentro de las políticas públicas, que no sólo sea hacerles un curso de soldadura y cuando salgan deban encontrar algún trabajo soldando; sino que incluya todos los factores psicosociales, el derecho a conservar un vínculo con el exterior con la familia, una conexión.  La propuesta recoge el caso de las mujeres con hijos lactantes,  se les reconoce en especial su derecho. Haberlas mencionado permite una garantía de la que han estado faltos por muchas décadas”.

La propuesta señala que va a ser deber del Estado reinsertar y reintegrar las personas que tengan contacto con el sistema carcelario y que además las personas que pasen por la cárcel tienen el derecho a ser reinsertadas en la sociedad. Lo que en la Constitución actual no existe”.

Grave y urgente

–Ustedes como RAC llevan una vanguardia en el trabajo directo con mujeres privadas de libertad, ¿cuáles son los desafíos y urgencias que enfrentan actualmente? 

-Lo que siempre converso con las mujeres, lo que veo y me dicen como urgencia es el tema de la salud, es un gran déficit que llega a ser vital y lo sabemos por casos como Milena en San Miguel, que falleció en enero; o Keisy, que murió a finales del 2020 en San Joaquín. El tema del acceso a la salud en la cárcel es gravísimo y urgentísimo, hay miles de capas, falta de acceso a la educación, a la información, de derechos políticos, hay todo un universo, pero el que ellas reclaman con justa razón es el derecho a la salud: hay mujeres que tienen cáncer al cuello uterino y no han podido seguir el tratamiento porque nadie les ha dado los remedios o si sienten dolor no las llevan a enfermería porque no les creen. Hay funcionarios que estiran el chicle hasta el último minuto porque no quieren hacer el traslado al hospital más cercano.

“Hay falta de profesionales de salud y eso repercute en problemas de morbilidad en las mujeres en la cárcel, mucho más que en el medio libre. Hay estudios que demuestran que tienen muchas más morbilidades físicas por lo mismo. Ahí mismo entra la urgencia de infraestructura; como RAC hemos estado en Alto Hospicio, en Antofagasta, en cárceles muy antiguas donde no dan abasto los baños, que están malos desde hace años y nadie los repara. Al igual que lo que mencionaba sobre los módulos infanto-maternos, las falencias en salud y habitabilidad son los prioritarios.

–Todo esto es un trabajo conjunto de varios actores y voluntades, ¿cómo se articula eso?

-No depende de un actor, si no de muchos. Cosas que dependen del ministerio de Justicia, de Gendarmería, de la Subsecretaría de Servicios Sociales como programas de reinserción, pero hay cosas que dependen del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, cosas que obviamente son del Ministerio de Salud, cosas que deberían ser material de ley entonces van al Senado. Esa dispersión sectorial ha dificultado el trabajo coordinado y han habido programas o iniciativas buenas, pero que de repente se quedan a medio camino por lo mismo, por falta de coordinación entre los que deberían actuar.