Columna de Camila Rojas y Emilia Schneider: Condonación de la deuda educacional: Aprendizajes desde Estados Unidos

La condonación de la deuda educativa es un compromiso fundamental del gobierno de Gabriel Boric. Uno en el que intersectan las demandas del movimiento social por la educación con las necesidades materiales de las familias chilenas, agobiadas por deudas que agudizan las consecuencias de la crisis económica que nos toca vivir.  Y que hoy cobra relevancia a nivel internacional, gracias a la decisión del presidente de EEUU, Joe Biden, de llevar a cabo un proceso de condonación para enfrentar la crisis de deuda estudiantil. En esta columna nos proponemos analizar el caso estadounidense, contrastándolo con la situación chilena. Entender esta experiencia resulta un aporte relevante, para un debate que hoy en Chile también se encuentra abierto.

En términos simples, el plan que dio inicio el 29 de septiembre consiste en tres medidas complementarias. Primero, se propone llevar a cabo una condonación única dirigida a los deudores de créditos estudiantiles federales de menores ingresos. Segundo, se propone extender la pausa en el cobro de cuotas hasta el 31 de diciembre de 2022. Y, tercero, se propone reformar el sistema de créditos federales, con el fin de mejorar las condiciones de los deudores. Para comprender por qué el presidente Biden decide llevar a cabo un plan tan ambicioso hay que primero entender las causas y la magnitud de la crisis.

De acuerdo a la organización College Board, en Estados Unidos, el arancel promedio de una institución de educación pública que otorga un grado académico de cuatro años es de USD $10.740, mientras que el equivalente de una institución privada es de USD $38.070. Si sumamos los gastos de vivienda, alimentación y otros gastos educacionales, el costo promedio anual de estudiar en la universidad sube a USD $27.330 para instituciones públicas y USD $55.800 para las privadas. Esto, ajustado al poder de compra chileno, equivale a que el arancel de las públicas fuese de $4,6 millones de pesos y el de las privadas $16,4 millones. Y si sumamos gastos extra, las cifras serían $11,8 millones para las universidades públicas y $24 millones para privadas.

Estos altos costos de la educación no se condicen con el reducido tamaño de las becas estatales. El principal programa del Ministerio de Educación de EEUU es la Beca Federal Pell (Federal Pell Grant). El beneficio máximo por estudiante es de USD $6,9 mil anuales, lo que cubre apenas un cuarto de lo que cuesta la educación pública y un octavo de lo que cuesta la privada. Además, solo pueden acceder estudiantes de escasos recursos. El Ministerio estimó que el 93% de los beneficiarios de la Beca Pell provienen de familias con ingresos menores a USD $60 mil anuales. Lo que, según el censo de 2019, corresponde al 45% de hogares menores ingresos.

Para cubrir los gastos restantes, y para ayudar a quienes no pueden acceder a la Beca Pell, el Ministerio de Educación también otorga créditos a los estudiantes de educación superior a través del programa William D. Ford Federal Direct Loan Program. Este programa es tan relevante en el sistema norteamericano que cerca del 92% del total de la deuda estudiantil proviene de préstamos otorgados por el Estado. De manera similar a lo que ocurre en Chile, las becas no alcanzan para cubrir los costos de asistir a la universidad, y los estudiantes han tenido que endeudarse para poder sacar una carrera.

Esta forma de financiar la educación desembocó en una crisis de deuda estudiantil gigantesca para el país. Hoy en día, el estudiante medio se gradúa con $25 mil dólares de deuda estudiantil, lo que corresponde a poco más de 10 millones ajustado al poder de compra chileno. Y más de 45 millones de personas tienen deuda educacional en la actualidad. En términos absolutos, el total de la deuda estudiantil se ha contabilizado en $1,7 billones de dólares ($1,7 trillion dollars), lo que corresponde aproximadamente a un 8% del PIB del país. Para ponerlo en perspectiva, en Chile, la deuda está por los 10,5 mil millones de dólares, lo que equivale a un 4,1% del PIB de 2020.

Para poder enfrentar esta crisis, el gobierno estadounidense va a aplicar una condonación única de hasta $20 mil dólares a todos los deudores educacionales que hayan sido beneficiarios de la Beca Pell (equivalente a $8,5 millones chilenos). Aquellos deudores que no la hayan recibido podrían optar a una condonación de hasta $10 mil dólares ($4,3 millones chilenos). Para asegurar la progresividad de la medida, los deudores deben además acreditar que sus ingresos están por debajo del nivel del 5% más rico.

A pesar de las restricciones, en la práctica, la ayuda será generalizada. El Ministerio de Educación estimó que 43 millones de deudores, es decir un 95% de los deudores, recibirán la condonación. Y que 20 millones (un 44%) recibirán una condonación total de su deuda estudiantil federal. Asimismo, el plan contempla otras medidas paliativas tales como establecer un pago contingente al ingreso de un máximo de 5% (hoy en Chile es el 10%), limitar a 10 años el período máximo de cobros (hoy el FSCU en Chile tiene 12 años, los demás créditos no tienen límite), y establecer que el Gobierno cubriría los intereses que no sean amortizados mensualmente, permitiendo que la deuda no crezca en el tiempo.

Más aún, el Ministerio de Educación de Estados Unidos también anunció que cancelará US$3.900 millones en deuda de préstamos estudiantiles para 208.000 estudiantes que asistieron a una Institución cerrada: Instituto Técnico ITT. En este caso el Ministerio cancelará automáticamente toda la deuda restante de préstamos estudiantiles federales de quienes asistieron a dicha Institución entre el 1 de enero de 2005 y 2016 (año del cierre a raíz de diversas investigaciones en su contra).

Frente a esta decisión norteamericana, es difícil entender que en Chile todavía digan que no se puede. Si bien hay quienes se resisten al cambio, en el mundo de forma transversal se buscan soluciones al profundo problema social que genera el endeudamiento estudiantil: las y los egresados no pueden desarrollar sus proyectos de vida con tranquilidad, y eso es un lastre que les deja el haberse educado. En nuestro país se ha vuelto una realidad crecientemente apremiante, debido a la profunda mercantilización de nuestro sistema, que mientras celebraba las cifras de expansión de la matrícula generaba un desordenado mercado de títulos, con miles de fallidas promesas de inserción laboral y movilidad social.

Nuestra realidad nacional requerirá encontrar soluciones creativas y responsables, pero para ello resulta también importante observar con detención lo que está ocurriendo en el mundo. La experiencia norteamericana ofrece valiosos antecedentes para mostrarnos que la condonación es una respuesta política, no sólo posible, sino necesaria, para garantizar que no sean las y los trabajadores quienes paguen los costos de las crisis. Construir y materializar estas soluciones es hoy una tarea fundamental para el Chile que viene, para la cual nos ponemos a completa disposición. Es una oportunidad para demostrar que la política sí es útil para mejorar la vida de las personas.

*Camila Rojas Valderrama y Emilia Schneider Videla son diputadas de la República. Ambas son militantes de Comunes y expresidentas de la FECh.