Caso Motorola: Katherine Martorell apunta a Carabineros por demora de implementación de cámaras en declaración a Fiscalía

La ex subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, declaró en marzo en el denominado caso Motorola, en el que la Fiscalía investiga los presuntos delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público y prevaricación administrativa. Martorell responsabilizó a Carabineros por los errores técnicos de las cámaras, además apuntó a que pudo haber “existido es un error, pero nunca con mala fe”.

En un documento que recogió El Mostrador, la actual comisionada experta en el proceso constituyente respondió 111 preguntas referidas al procedimiento que inició en 2020 por una denuncia de la empresa Pegasus, en que acusaron haber sido excluidos de una licitación pública de la Subsecretaría y que Motorola -quien se adjudicó la licitación de más de $378 millones- no cumplía el requisito de la función de pre y postgrabado.

Este consistía en un concurso público con el fin de entregar a Carabineros más de 300 cámaras corporales para que cumplan funciones, que fue adjudicado por Motorola Solutions el 11 de marzo del 2020. Más adelante, en el marco de la denuncia, el Tribunal de Contratación Pública (TCP) declaró ilegal la adjudicación.

Detalle de la declaración de Katherine Martorell

Para la subsecretaria en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, sobre los problemas técnicos en los aparatos del concurso público, “no se pudo cumplir con los plazos por un tema exógeno“: “Que se vinculaba con el poco conocimiento que Carabineros tenía de la tecnología, las complicaciones para la implementación y el uso de las cámaras por temas de infraestructura y temas que más bien no eran imputables a la empresa”.

Desde Carabineros, en tanto, los funcionarios que declararon en la investigación de la Fiscalía Centro Norte aseguraron que el sistema contaba con fallas de seguridad y trazabilidad de los videos que se debían compartir con el Ministerio Público, según menciona el medio citado. Esta fue la razón que llevó a la institución policial a finalizar el contrato con la empresa en septiembre del 2022.

La ex subsecretaria de Prevención del Delito, fue consultada por si las cámaras de Motorola operaron adecuadamente dentro de sus funciones, a lo que respondió que “la implementación no fue fácil, su funcionamiento fue adecuado”.

Asimismo, Katherine Martorell defendió -en su declaración como imputada ante el ante el fiscal Francisco Ledesma- el concurso público adjudicado por Motorala, indicando que “en la actualidad, considero que la respuesta que se dio no cumplía con el principio de estricta sujeción a las bases, y considero, en particular, que supone un error administrativo y no un delito”.

“Me cuesta entender todo lo que esto ha significado porque acá no hay ningún delito y estoy completamente segura de eso. Lo que sí podría haber existido es un error, pero nunca con mala fe (…), por lo que estoy pidiendo en definitiva sensatez, y se consideren las cosas como son (…)”, indicó la abogada Martorell.

Revisión del contrato de la licitación

Según recogió el medio citado, al ser consultada como imputada en el caso Motorola, Katherine Martorell también debió responder si los expertos que formaban el equipo de la Subsecretaría de Prevención del Delito le “comentaron” el detalle de las especificaciones que se requerían a los oferentes del concurso público.

“No me lo comentaron. La verdad es que incluso si me lo hubiesen explicado, tampoco lo hubiese entendido, porque las especificaciones dan cuenta de conceptos y elementos técnicos que no se asocian con mis conocimientos profesionales y mi experiencia laboral”, afirmó la exsubsecretaria de Sebastián Piñera.

En base a las respuestas de Katherine Martorell, tampoco revisó en su totalidad el contrato del Gobierno y Motorola tras la adjudicación, “solo revisé la parte expositiva hasta los considerandos, y verifiqué, como he dicho anteriormente, los temas de redacción, firmas de responsabilidad, y lo que hago respecto de los documentos cuando los firmo”.

Y en el caso del recurso de reposición de Pegasus, no lo leyó: “Lo que sí recuerdo es que el jefe de división jurídica, Carlos Quintana, me indicó (…) que no tenía sustento jurídico por parte de una empresa, sin decirme el nombre, y que era respecto de la forma en que se habrían entregado las ofertas, y que respecto a eso habló y verificó la situación con el área técnica, no correspondiendo dar lugar a la reclamación del oferente”.

“Si yo entrara al fondo del detalle respecto de cada cuestionamiento o impugnación a las resoluciones de la Subsecretaría, no podría darse continuidad al servicio, y es por eso que están las unidades técnicas. Lo que hace el jefe de servicio es sancionar, no encargarse de ver los aspectos técnicos que son competencia de la unidad respectiva”, dijo ante la consulta del fiscal de si no consideró “necesario revisar con mayor detalle los antecedentes”.