Columna de opinión | Enap y gas licuado: ordenemos las ideas

Es un mazazo a la buena política pública saber que el plan de gas (licuado o GLP) a precio justo que impulsó el gobierno, a través de Enap, se había hecho a un costo seis veces mayor al precio de los privados. Ciertamente las explicaciones, a lo que el gobierno llama un plan piloto no están a la altura, dando espacio para que los opositores a las empresas públicas justifiquen dicha postura en aras de la eficiencia económica.

Es lamentable ver el cortoplacismo con que opinan quienes cuestionan, a raíz de este escándalo, una serie de reformas en carpeta (tributaria, pensiones, salud), así como quienes intentan culpar al estudio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de 2021, precisamente el que mostró cómo el negocio de distribución mayorista de GLP dejaba ganancias anuales excesivas por 180 millones de dólares a las tres principales empresas del sector.

Para separar la paja del trigo, primero se debe aclarar que el estudio de la FNE propuso que la mejor solución para imprimir competencia en la distribución de GLP, y así bajar los precios pagados por los consumidores, era eliminar las cláusulas de exclusividad que imponen los tres distribuidores mayoristas a los cientos de distribuidores minoristas que atienden a los hogares.

Esta propuesta imprime por si sola dinámica competitiva a la industria, incluso sin nuevas empresas distribuidoras mayoristas. Dicha propuesta se encuentra en discusión parlamentaria desde 2021, con escaso grado de avance.

También se debe entender que, cualquiera sea un nuevo actor que ingrese al mercado de distribución de GLP mayorista, público o privado, para ser competitivo debe utilizar la extensa red de distribución minorista existente. Es decir, requiere que se apruebe con anterioridad el proyecto de ley mencionado.

No hay que olvidar que lo correcto es comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Los costos por cilindro de Enap serían costos medios, por lo que incluyen el gas mismo, los cilindros, el envasado, su almacenamiento, la distribución mayorista y la minorista subcontratada, además de otras inversiones que debió incurrir la estatal.

Tratándose de un plan piloto, como se le ha llamado, es claro que muchos costos fijos se amortizaron en menos de un año, lo que impide hacer una comparación correcta. A modo ejemplar, el precio de un cilindro nuevo de 15 kilos de Abastible, Gasco o Lipigas es de poco menos de 70 mil pesos en el mercado, pero dicho costo no se suma cada vez que se cambia uno vacío por uno lleno. Es más, se pueden cambiar los cilindros de gas por 20 o 30 años sin necesidad de pagar por uno nuevo.

Lo mismo puede decirse respecto de todas las inversiones hechas en este plan piloto. Es conveniente, entonces, conocer cuánto de los 591 millones de pesos gastados en dicho plan corresponden a cada componente de costos, evitando caer en el error de hablar que la estatal tiene costos seis veces mayores al precio de la competencia privada.

Por último, si Enap va a operar en el mercado de la distribución mayorista de GLP, aparte de usar el canal de distribución minorista existente y tomar decisiones estratégicas con más independencia del gobierno, debería entrar con una escala de producción de al menos un tercio al de las empresas que dominan el mercado, de otra manera no va a generar dinámica competitiva, tal como muestra un estudio reciente que publiqué junto a un colega (doi.org/10.11565/oe.vi174.490).

Demás está decir que, de ser esa la decisión, una condición mínima es que la estatal tenga costos fijos y variables cercanos a los de su competencia. La única razón social que justificaría su incursión en este mercado sería que Enap le ganase con precios competitivos al oligopolio privado, reduciendo el poder que estos ejercen sobre los consumidores. Detrás de dicho aserto no hay ideología, sólo el puro y duro análisis de eficiencia económica.

Eduardo Saavedra P., Decano de la Facultad de Economía y Negocios UAH y Director Académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), UAH. Exministro del TDLC y exasesor de la FNE en el estudio sobre el mercado del gas en 2021.