100 denuncias por negligencias y la muerte de una guagua de dos meses: la controversial historia del Hospital de San Antonio

La tos de Mía no era común, recuerda Nicolás Olivares. La niña de apenas dos meses de vida lo mantenía atento a él como a su pareja, Nicole García, por lo que decidieron ir el sábado 3 de junio hasta el Hospital Claudio Vicuña, de San Antonio, para prevenir que la enfermedad escalara.

Las salas del edificio donde esperaron son heladas por las tardes, producto de la brisa marina que llega desde el puerto. Ya dentro, fueron atendidos por médicos que atribuyeron el estado de la lactante a una bronquitis. Esperaron durante un tiempo que, para él, se sintió eterno.

De 25 años, el padre de la menor describe con voz apagada cómo se dieron los hechos al interior del principal centro de salud del litoral central, que abarca desde Algarrobo, zona de la cual es él y su pareja, hasta Santo Domingo al sur.

“Después de esperar ingresamos a un box de atención. Allí habían dos niños. Uno tenía sincicial. Nosotros decimos que ahí la niña se contagió. Después, se realizó otro informe en el que decían que tenía neumonía. La acabaron cambiando de sala”. Acusa que durante el proceso no recibía información y debían estar preguntando constantemente.

El momento más duro, dice con una voz lineal, sin sobresaltos, llegó posteriormente. “Ese sábado deciden entubarla, porque se había agravado. Nos habían dicho que ese día viajábamos a Arica donde había una cama disponible, pero no pasó nada. Pasaron los días y llegó el martes 6”, describe. Sin embargo, cuando ya se había tomado la decisión de realizar su traslado a otro centro hospitalario, ocurrió lo inesperado: “Estaban moviéndola para trasladarla cuando le dio un paro, que acabaron siendo tres. Falleció ese martes”.

Poco después del deceso, el Hospital Claudio Vicuña emitió un comunicado. “La red de salud se encontraba saturada sin camas disponibles en Valparaíso, Santiago y Rancagua, según nos informó la Unidad de Gestión de Camas centralizada del Ministerio de Salud. Tenían solo una cama disponible en el Hospital Regional de Arica”.

La noticia se ha convertido en un símbolo de la crisis por la expansión del virus sincicial que vive el país. En el trayecto llegó a los oídos de una voz que decidió tomar cartas en el tema: Claudia Astorga, presidenta de la corporación Las voces de los que ya no están, que reúne a denunciantes de presuntas negligencias médicas en el Hospital Claudio Vicuña.

El hogar de la dirigente, en San Antonio, está tomado por carpetas y archivadores. Sobre el sillón del comedor acumula papeles, mochilas y maletas llenas de documentos. Entre ellos hay archivos de prensa, informes, declaraciones y testimonios.

Según afirma, desde la corporación han reunido más de cien casos. El proceso que realizan es el de agrupar testimonios, fichas clínicas y documentos relativos a las denuncias para llevar los antecedentes. Sin embargo, detalla mientras revisa los documentos con sus manos, dice que la mayoría de ellos acaba en sumarios administrativos de los cuales pierden el rastro.

“Hay gente desde El Quisco hasta Santo Domingo, toda la provincia de San Antonio. La coordinación nació en 2019. Al principio éramos solo gente que vivió negligencias, que va desde adultos mayores hasta problemas con guagüitas. Una cosa es que hablen de que un hospital es malo, pero cuando lo escuchas y lo vives, puedes ver una escena mucho más grande de la realidad que hay en este lugar”, dice entrecerrando sus ojos.

Frente a ella hay un cuadro de su padre, Manuel Astorga, quien falleció producto de lo que ella acusa fue una negligencia médica del hospital por la cual, hasta hoy, lidera una causa conjunta de quienes acusan irregularidades sobre el centro médico. Mientras narra la historia recibe un mensaje especial. Es Nicolás Olivares, padre de Mía. “Es solo un chiquillo, es bueno acompañarlo”, dice viendo su celular.

Bajo la mira de Contraloría

La zona que ocupa el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio abarca dos cuadras completas. Mirando hacia el mar del puerto se ubica el edificio nuevo, que comenzó a ser construido en 2018. La edificación es pulcra, de ventanales largos distribuidos entre colores blancos y tonos ladrillo. Su interior es aséptico, liminal. Una imagen muy distinta a la que exhibe el actual centro.

Ubicado en la cara contraria al mar, mirando hacia el oriente, está el actual recinto hospitalario. De blancos y grises, la entrada está cercada por una serie de containers que rodean el acceso. La calle principal del frontis se encuentra en reparación, lo que obliga a los usuarios a caminar entre tierra y arena, a la espera de arreglos.

Hombres vestidos de chalecos reflectantes cuidan el tránsito, en una calle ocupada en su mayoría por vehículos de funcionarios del HCV. El recinto tiene una estructura que separa el edificio central de la calle a través de una especie de paso sobre nivel, como un castillo medieval. En la zona inferior se encuentran estacionadas las ambulancias, debajo de una zona abierta donde fuman funcionarios y pacientes, frente a la entrada que separa el edificio de la calle, enrejada a la mitad y sin custodia de seguridad.

Fue hasta allí que llegaron los padres de Mía Olivares, buscando ser atendidos en el centro de salud más importante del litoral central.

Pese a la importancia que tiene el edificio nacido en 1917, se trata de un estamento público plagado de polémicas. En 2013 un informe de Contraloría Regional de Valparaíso exhibió diversas irregularidades en medio de la discusión que existía por la necesidad de un nuevo centro. Entre las conclusiones del informe se apuntó a la compra de ascensores irregulares, suspensión unilateral de prestaciones médicas, además de la presencia de hongos en varios de sus pabellones.

Junto a ello, la investigación determinó la adquisición de letreros que anunciaban la construcción del hospital nuevo del cual, hasta entonces, solo existían ideas, maquetas. Los letreros tuvieron un costo de $10.904.922, debiendo ser retirados.

En 2020 Contraloría volvió a actuar sobre el establecimiento. Producto de un reclamo realizado por la corporación Las voces de los que ya no están, liderada por Claudia Astorga, Contraloría Regional de Valparaíso puso la lupa sobre irregularidades administrativas del centro. Allí se constataron tardanzas de respuestas de transparencia junto a irregularidades en procedimientos administrativos y médicos.

Entre ellos, se lee en un informe, “se constató que 41 procedimientos disciplinarios originados desde el año 2013 y hasta el 2020, se mantenían en proceso por esa entidad, todos hechos que no se ajustan a los plazos previstos en el artículo 135 de la ley N° 18.834“. En palabras simples, los procesos abiertos no llegaban a cierre.

Así, también, “se advirtió que el HCV se habría comprometido a prestar atenciones psicológicas a pacientes y familiares víctimas de pacientes fallecidos, sin dictar un acto administrativo en que exprese su decisión, además, tales asistencias no se concretaron”.

Informe Contraloría Sobre Negligencias Médicas 2020 by The Clinic on Scribd

Una lucha ante la precariedad

Los profesionales de la salud del lugar reconocen las complicaciones que enfrenta el Hospital de San Antonio. María Eugenia Cavieres, presidenta de la Federación Quinta Costa de la CONFUSAM, detalla cuáles son los problemas que vive toda la provincia de San Antonio producto de los limites que tiene recinto médico.

“El Hospital Claudio Vicuña no recibe solo a personas de la provincia de San Antonio, sino que por lejanía incluso debe recibir personas de lugares como Navidad, de la Región de O’Higgins. Debe ser para una población estimada de 300 mil personas. Muchas comunas hacen el esfuerzo por tener más horas en medicina general, pero se requieren especialistas en la zona. La atención primaria hace lo que puede en este escenario”, confiesa.

Esta realidad la enfrenta el actual director del Hospital Claudio Vicuña, Enrique Jiménez, en su primera entrevista con un medio de comunicación desde la muerte de Mía. De bata blanca y acompañado de una bufanda en escala de grises, el médico conoce el estado en el que se encuentra el centro de San Antonio. Además de médico, es abogado y cuenta con un máster en Gestión Hospitalaria y de Servicios de Salud de la Universidad Cardenal Herrera en España. En el pasado se desempeñó como jefe del Servicio de Urgencias además de ser jefe de Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor.

Su llegada, por otro lado, se enmarca en que en un periodo de cinco años el centro ha debido tener otros tres directores, de los cuales todos han sido subrogantes.

La muerte de Mía Olivares ocurrió tres meses después de que asumiera el cargo.

“Es un desafío difícil. Hay muchas deficiencias y estamos en un proceso de corrección. Tenemos que normalizar un hospital que tenía problemas de cuentas y a nivel de gestión de recursos humanos. Tenía problemas a nivel de gestión clínica. Muchas de esas cosas no se pueden corregir en un par de meses. Tenemos un pilar central de lo que buscamos lograr: humanizar la medicina”, dice al respecto.

Con tono calmo, el especialista habla sobre lo que significó el fallecimiento de la lactante. “Solidarizamos con el dolor de sus padres. Nosotros asumimos en febrero y en marzo habíamos establecido el plan de campaña para invierno. Dijimos que teníamos que separar la urgencia adulta de la pediátrica. Asumimos la campaña de invierno con 17 camas de hospitalización y aumentamos a 22 y hoy tenemos 34 a través de un proceso de reconversión acelerada”, añade.

“Nosotros estamos en un proceso transicional. Este hospital no tiene Unidad de Pacientes Crítico Pediátrico. Por lo tanto, frente a lo que sucedió con Mía, es que llegó a Urgencias, se estabilizó, pero al momento de complejizarse su caso estamos en la obligación de evaluar un traslado para nuestro hospital base, que es el Hospital Van Buren de Valparaíso. Dada la congestión, nos dicen que no hay camas. Acto seguido, por orden ministerial, debemos poner el caso a disposición de la Unidad de Gestión de Camas Críticas del Ministerio de Salud. Ellos dicen dónde llevarla: si a Santiago, Viña del Mar, una clínica privada o pública. Cuando hablan de un traslado a Arica, nosotros decidimos hacernos cargos del costo del traslado. Lamentablemente fallece tras 24 horas de evolución. Uno empatiza, se pone en el lugar de los padres”, explica.

Con ello, habla sobre el escenario futuro: “Ayudaremos en todo lo que podemos colaborar para que esto se esclarezca. Somos la primera institución dentro de la red de servicios públicos que ese 6 de junio ordenó una auditoría clínica para esclarecer todo. Luego se decretó un sumario, porque lo más importante en una institución pública debe ser la transparencia”.

“A mi marido ya lo mataron”

Durante las noches el Hospital Claudio Vicuña es iluminado no solo por los faroles de la calle, sino por el puerto. Las luces nocturnas provenientes de las zonas de descarga de barcos de San Antonio se transforman en uno de los acompañantes de la noche. Lo mismo que ocurre con la brisa marina, que se cuela por las puertas del recinto que han debido ser abiertas para permitir el ingreso de las camillas.

Mientras que algunos pacientes utilizan sillas azules que claramente pertenecen al centro médico, otros deben utilizar asientos plásticos con logos de Coca-Cola. El exterior está repleto de vehículos y ambulancias custodiadas por paramédicos, atentos a cualquier emergencia.

Fue en este lugar que, solo dos días antes, Nicolás Olivares y Nicole García, recibieron un documento clave sobre el deceso de su hija.

Al llegar al recinto hospitalario el miércoles 14 de junio con el fin de recibir la ficha clínica de Mía Olivares, se dieron cuenta que varias de sus páginas no tenían tinta. “Es una burla para nosotros que prácticamente no se pueda ver nada”, afirmó al respecto el padre, confuso con los documentos en mano, tal como pudo registrar TV Costa.

Se trataba de un evento que, en el pasado, le había también tocado vivir a otros denunciantes de presuntas negligencias al interior del Hospital Claudio Vicuña.

Una de ellas fue Amneris Núñez Caro (68), quien durante años ha denunciado que su exesposo, el médico Jorge Iglesias Gallardo, habría fallecido producto de una negligencia médica en el recinto médico.

“El 10 de junio de 2021 mi esposo tuvo un accidente vascular encefálico en nuestra casa, en Algarrobo. Yo vivo en una parcela, entonces se me hizo imposible llevarlo al Hospital Clínico de la Universidad Católica. Llamé al Cesfam de Algarrobo y lo trasladaron. Llegó al Hospital Claudio Vicuña“, comienza relatando entre pausas.

Al llegar, describe que su esposo estaba estable. Sin embargo, horas después del ingreso, acusa que la realidad había cambiado.

“En un momento lo veo supurado. Fue entonces que la médico que lo estaba viendo me dice que le había dado un trombolítico. Le pregunto por qué hizo eso, si había que hacer un análisis antes de ello. Tuvo una hemorragia cerebral masiva, que derivó en su muerte. Me fui a quejar con el director de esa época, Daniel Olivares, pero no tuve respuesta. Reclamé, llegué hasta la Superintendencia de Salud y Contraloría. A la fecha, años después, aún no tengo un cierre”, dice.

Con pausas entre la conversación, Amneris Núñez se toma unos segundos antes de volver a enhebrar sus ideas. “Me han dicho que debería ver si demandar al Consejo de Defensa del Estado, pero a esta altura, a mi marido ya lo mataron. A mí lo que me interesa es que se haga algo contra el Hospital Claudio Vicuña. Esto ocurrió en 2021, años antes de lo de Mía Olivares”, añade.

Almacenado en carpetas, tiene pruebas de la realidad que le tocó enfrentar. Y es que, a modo de ejemplo de lo que tocó vivir, exhibe una grave realidad de la ficha clínica entregada por el Hospital de San Antonio. “En el documento aparece como un contribuyente a su muerte el COVID-19. Sin embargo, yo al rescatar el PCR este había dado negativo. Pero eso quedó dentro del documento”, describe.

El futuro del Hospital Claudio Vicuña

Nicolás Olivares no ha tenido pausas desde el 6 de junio. Ha debido realizar viajes desde Algarrobo, su ciudad, hasta San Antonio para recibir documentos por la muerte de su hija. Adicionalmente, ha viajado a Valparaíso a reunirse con parlamentarios con el fin de impulsar la llamada Ley Mía, que busca la exigencia de que existan camas críticas para menores de edad en Unidades de Cuidado Intensivo.

Entre sus comentarios revela la molestia que ha tenido por el manejo del tema desde el Estado. Una semana después del fallecimiento de la menor, el presidente de la República, Gabriel Boric, confirmó en conferencia de prensa la salida del entonces subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos. Se trató de la figura pública apuntada como uno de los responsables por la falta de coordinación de camas críticas que derivó en el fallecimiento de la lactante.

“Las responsabilidades tienen que hacerse valer. Cuando hay situaciones políticas que dificultan el trabajo, por cierto que esa responsabilidad tiene que hacerse valer y es lo que estamos haciendo ahora”, reflexionó el mandatario.

Hasta el cierre de este reportaje se intentó tener la visión del entrante subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, sobre el caso de Mía Olivares y el Hospital Claudio Vicuña. No hubo respuesta.

El director del Hospital Claudio Vicuña, Enrique Jiménez, aclara que existe el desafío de cambiar el rumbo que arrastra el recinto hospitalario. De hecho, lista algunos de los cambios que han implementado, desde el modo en que trabajan los funcionarios hasta la extensión de la capacidad del recinto hospitalario.

“No pueden y no deben existir procesos que no queden sin esclarecer. Asumiremos si se han hecho mal las cosas para reparar el daño causado, si es que existen casos de negligencias. Como director, uno debe ponerse en el lugar de los pacientes y la familia que sufre. Es necesaria la transparencia absoluta para salir adelante. A modo de ejemplo, resultó lamentable que la familia de Mía Olivares recibiera un documento con hojas ilegibles. El funcionario que hizo eso debe hacerse cargo de su error, y por eso se hizo un anotación de demérito. Lo mínimo aceptable es que exista dignidad”, dice la autoridad.

Claudia Astorga, representante de la corporación que agrupa a quienes denuncian presuntas negligencias médicas, asegura que son muy pocos los casos que han recibido un cierre. Sin embargo, dice tener claridad que le caso de Mía es un precedente dentro de la lucha que llevan.

Pero para Nicolás Olivares, la realidad va más allá del futuro del Hospital Claudio Vicuña.

“No nos importa sacar plata, solo queremos justicia para nuestro bebé. A nosotros no nos importa ganar un juicio, queremos que exista justicia y que esto no ocurra más. Por eso es que queremos una Ley Mía, que sea un anexo al plan de Ley de Urgencias, para que exista una ley específica de camas UCI pediátricas. Queremos que vea la luz. Es lo mínimo que puede pasar”.