El conflicto entre el MOP y la concesionaria del Túnel El Melón: sociedad busca ser compensada por alza de costos en materiales de construcción

La concesionaria Túnel El Melón II asistió al Panel Técnico de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) solicitando que se realice una compensación de alrededor más de $1.900 millones -53.512 UF- por el aumento en los gastos de la construcción entre abril de 2021 y 22 de octubre de 2022, que fue cuando la obra se puso en servicio provisorio.

En específico, desde la sociedad que se adjudicó esta obra en 2016 por US$ 110 millones aseguran -según informó Diario Financiero– que debió asumir un aumento en los costos en el proceso de construcción, ya que se vieron afectados por el alza de los precios en materiales y mano de obra. En ese sentido acusan los efectos de la inflación en la industria de la construcción producto de la pandemia de Covid-19, la guerra entre Rusia y Ucrania, entre otros.

Respuesta del MOP por concesionaria del Túnel El Melón

Desde la cartera de Obras Públicas realizaron observaciones al Panel de Concesiones en la audiencia pública que se fechó el pasado 22 de junio. Los representantes del MOP en la instancia enmarcaron que “la tesis de la concesionaria debe ser rechazada, porque los riesgos de construcción en los contratos de concesión de obra pública, por definición son de cargo del concesionario, de modo que no es posible traspasarlos al Fisco”.

A lo que agregaron, en base al medio citado, que “esto era conocido por la concesionaria desde el primer momento, ya que existe total claridad respecto a ello en consagración normativa como en la invariable jurisprudencia al respecto”.

En ese sentido, no se presentó ninguna acreditación ni técnica ni legal de que exista un derecho que se haya visto vulnerado. Es más, acusaron que “lo que en realidad pretende, es que el Fisco le pague como adicional, un valor igual al 2% de lo efectivamente gastado en la construcción, en circunstancias que esos costos son de su cargo, en circunstancias que el Estado de Chile no tiene ninguna responsabilidad en el incremento de los costos de construcción. Nada más injusto, que hacer responsable a alguien -el Estado de Chile-, por situaciones que no le son imputables”.

Según la información que entregan desde el MOP existe “ambigüedad” por parte de la concesionaria Túnel El Melón II al solicitar que se aplique el Decreto Supremo MOP N°177 que fue publicado en noviembre de 2022. Este establece que “sujeto a la disponibilidad de recursos, podrá incorporarse, previa solicitud del contratista y mediante la suscripción de un convenio aprobado por resolución de la autoridad que adjudicó o aprobó el contrato, un mecanismo de reajuste en los contratos”.

Desde el ministerio aseguran que el decreto tiene finalidad de favorecer contratos de otra clase, referida a obras públicas tradiciones, con diferente lógica económica y distribución de riesgos. Para ellos el decreto mencionado por la concesionaria no aplica en este caso, ya que implicaría que cualquier aumento en los costos de materiales se pasaría al Fisco, sin importar que sea una alza del 2% o mayor.

“Esta postura es un escándalo, da cuenta del más absoluto desprecio por la legalidad vigente, de modo que esperamos sinceramente, que el H. Panel no actúe con ese desprecio que ha actuado la concesionaria en este caso”, expresaron los representantes del MOP, argumentando asimismo el mayor gasto fue en el patrimonio de la constructora, no de la concesionaria.

Observaciones de la concesionaria

Desde la concesionaria, en tanto, los abogados expresaron que “la presente discrepancia busca que se reconozca el derecho de esta sociedad a recuperar los mayores costos de construcción que ha tenido que soportar como consecuencia de una causa sobreviniente, los que no se recuperarán mediante los ingresos de explotación”. 

Argumentaron que cuando se hizo el contrato no se podía prever los eventos que afectaron al mundo y que llevaron al “aumento sustancial en los precios de insumos de construcción por sobre la variación de la UF”, que “se trata, en suma, de eventos de muy baja probabilidad que ocurrieron de manera simultánea, lo que disminuye a prácticamente cero la posibilidad de prever que ocurran simultáneamente”.

“Contrario a lo afirmado por el MOP, el hecho de que se produzca un mayor gasto que no se puede recuperar es suficiente para generar un desequilibrio económico y, por ende, justificar la pretensión de esta sociedad. Así, el hecho de que esta parte no esté en insolvencia o que no existan pérdidas no es motivo válido para negar el legítimo derecho de esta concesionaria”, enmarcaron según recogió el medio citado.