Fisco llama a declarar a herederos de Lucía Hiriart: si aceptan la herencia deberán asumir la deuda de $16 millones de dólares por fondos malversados

El Fisco de Chile por medio del Consejo de Defensa del Estado (CDE), solicitó al 22º Juzgado Civil de Santiago que cite a los herederos de Lucía Hiriart Rodríguez para que declaren si es que aceptan o rechazan su herencia.

Hasta la fecha, María Verónica, una de las hijas del dictador Pinochet y Lucía Hiriart, renunció a la herencia. La mujer tomó la decisión de “repudiar la forma expresa en totalidad de la herencia que le correspondía” en trámite que habría realizado en agosto de 2022.

Según el CDE, en la cláusula quinta del testamento cerrado de Lucía Hiriart, fallecida el 16 de diciembre de 2021, se instituyó herederos de la mitad legitimaria a su cónyuge, Augusto Pinochet Ugarte y a sus hijos (Inés Lucía, Augusto Osvaldo, María Verónica, Marco Antonio y Jacqueline Marie).

En la cláusula sexta del mismo instrumento, sostuvo el CDE según el Diario Financiero, instituyó heredero del 50% de la “cuarta de mejoras” (bienes) a su cónyuge y destinó restante 50% a sus nietos y bisnietos en partes iguales.

“Interesa al Fisco de Chile que los herederos de la causante se pronuncien acerca de si aceptan o repudian esta herencia dada su calidad de acreedor. En efecto, el Fisco eventualmente tiene, a lo menos, un crédito contra los herederos por el inminente impuesto a la herencia que afectaría a las asignaciones hereditarias”, sostuvo en su presentación a la justicia el CDE.

“Existen deudas por impuestos a la renta atribuibles al difunto contribuyente don Augusto Pinochet Ugarte, que transmitieron a los herederos en cuestión, conforme a las reglas de sucesión”, lee el escrito.

Demanda CDE por “provecho del dolo ajeno”

El CDE presentó una demanda por provecho del dolo ajeno con el propósito de que los herederos sean condenados a pagar al Fisco alrededor de $16 millones de dólares por fondos malversados por el fallecido dictador.

La demanda se enmarca en la decisión de la Corte Suprema de agosto de 2018 cuando se puso término al caso Riggs. Fue allí donde se acogió el recurso de la CDE condenando a tres colaboradores de Pinochet como autores de malversación de caudales públicos.