Columna de Francisco Cox: Los cabos y las acusaciones constitucionales

Me ha tocado defender a dos ministros de acusaciones constitucionales, en mi opinión, ambas frívolas y sin sustento jurídico constitucional; débiles tanto en su escritura como en su encuadre de los hechos en los graves ilícitos constitucionales que puedan justificar, en lo que es una anomalía de un sistema presidencial, una sanción que busca destituir a un o una ministra, sacarle por 5 años de circulación política y truncar su proyecto de vida si es que quisiera ejercer su profesión en el mundo público. Ambas pasaban por alto la naturaleza de último recurso que la doctrina le atribuye.

Los que defienden, cuando lo hacen respecto de los suyos, recuerdan e invocan grandes principios republicanos. Reflexionan como un tribunos romanos sobre el futuro de la república y sus amenazas. Se recuerda la importancia del Estado de Derecho, el apego a la Constitución y se advierte de la trivialización de una herramienta extrema como es la acusación constitucional.

Sin embargo, cuando democráticamente se pierde la capacidad de designar a los/as ministros/as pareciera que es tanta la añoranza por recuperar esa facultad que todo lo invocado se olvida. O quizás no es el extrañar esa facultad lo que provoca dicha amnesia, sino que dada la crispación y agresividad en el ambiente se cree que ser oposición necesariamente se traduce en infligir derrotas dramáticas y espectaculares al adversario sin importa la base constitucional de las mismas echando mano a la acusación constitucional quizás en un intento de demostrar fuerza o poder o porque se quieren avanzar determinadas agendas.

Más allá de las motivaciones profundas, o circunstanciales, de estos cambios de posturas me parece que lo importante es que, sospecho, que quienes transitan de una postura a la otra, parecen no tener conciencia de las consecuencias que esos ires y venires tienen sobre la República y sobre su propia legitimidad a los ojos de quienes observamos desde afuera el pequeño Coliseo en que a ratos se convierte el congreso.

Quizás mi visión está sesgada por lo poco que concurro a la Cámara de Diputados y Diputadas. Máxime cuando las dos veces han sido para defender a una ministra y a un ministro, ambos de educación. Quizás es cuando más crispado está el ambiente, aunque sospecho que ciertos proyectos de ley pueden despertar pasiones similares o mayores.

Pero cuando uno mira hacia las galerías observa personas que se comportan como barras, aplauden o abuchean las intervenciones de las y los parlamentarios y dichas reacciones tienen poco que ver con la calidad de los argumentos, o la ausencia de ella, sino que la reacción tiene más relación con las posturas preestablecidas que les ha motivado llegar hasta ahí ese día. Cuando uno observa que si la justificación de los votos apoyando o rechazando la acusación constitucional difiere o es concordante con la postura de bancadas y algunos de sus miembros se suman a los aplausos o pifias. Cuando uno observa que en algunos casos extremos se pasará del aplauso o abucheo a los gritos, cánticos u otras manifestaciones estridentes de su aprobación o repudio.  

Repito, que cuando un foráneo observa estas situaciones, no puede dejar de pensar en un pequeño coliseo romano. Más pequeño, menos sangriento y mucho más feo. Por lo que quizás la metáfora más adecuada sea la de un ring de lucha libre mexicana. Y eso genera preocupación. Por supuesto que hay quienes guardan las formas y escuchan a quién está haciendo el uso de la palabra.

Pero ellas son impresiones formales o estética que algún probablemente algún impacto pueden tener en las dinámicas del debate y la calidad del producto que de ahí sale. Sin embargo, no son las formas ni por cerca lo más preocupante.

Lo más preocupante es el mal uso de una herramienta excepcional, el último y más dañoso recurso que tenemos en la caja de herramientas para hacer efectiva la responsabilidad constitucional, con causales estrictas. De igual forma, preocupa la sensación de que no se está dispuesto a constreñirse por límites constitucionales cuando se quiere acusar constitucionalmente al adversario.

En mi defensa más reciente, hice propia una analogía de un destacado filosofo noruego, Jon Elster. A riesgo de gastarla, vuelvo a emplearla para hacer un punto que creo importante.

Narra Homero en la Odisea que Ulises al intentar conciliar dos intereses: escuchar el canto de las sirenas y no estrellar su embarcación; le solicita a su tripulación que lo amarre al mástil. Para así conciliar ambos deseos. Poder escuchar el canto de las sirenas y no estrellar la embarcación y naufragar.

Las amarras o cabos en nuestra república son la Constitución y las Leyes. En una auténtica República democrática se reconoce que las autoridades deben someter su actuar a la Constitución y las leyes. Que por muy placentero o embriagador que sea el canto de las sirenas (¿el electorado o los miembros de su coalición?) o por muy horripilante o repulsivo que resulte el canto de las sirenas (¿el adversario?) nuestros representantes, nuestros Ulises, no pueden desatarse o cortar las amarras. La embarcación que arriesgan estrellar es la República.

Por eso es esperanzador que dos diputados de la coalición “Chile Vamos”, así como la diputada que representó al “Centro Democrático Unido“, fundaran su voto en estos principios. Pero son los dos diputados de Evópoli, al ser parte de la coalición opositora, los que más riesgos tomaron, al fundar su decisión en la voluntad de seguir amarrados por los cabos de la Constitución y las leyes. Los dos persistieron en su convicción, no obstante el canto de sirenas que se desató a su alrededor, no particularmente melodioso, en cuanto anunciaron sus votos.

Ellos, pese a tener una pésima opinión de la gestión del adversario, que por supuesto no comparto, decidieron seguir atados al mástil porque lo que estaba en juego era empezar a enfilarse hacia las rocas y naufragar, o quizás conscientes de que hace un tiempo que vamos con ese rumbo, no quisieron contribuir, con su voto, al naufragio. Necesitamos más representantes que estén dispuestos a estar constreñidos por los cabos de la Constitución.

Francisco Cox, abogado.