Los descargos de Catalina Pérez al Tribunal Supremo de Revolución Democrática: “Resultaba previsible el riesgo político”

El pasado martes por la noche, el Tribunal Supremo de Revolución Democrática (RD) sostuvo una sesión extraordinaria. En tabla había un único punto: resolver la situación de la diputada por Antofagasta, Catalina Pérez.

Ya suspendida de su militancia como medida cautelar -tras develarse el millonario convenio entre su exjefe de gabinete, el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras; y su expareja, Daniel Andrade-, la colectividad presidida por el senador Juan Ignacio Latorre optó por una medida de más largo plazo, mientras continúa el curso legal de la investigación.

Según trascendió tras la reunión telemática -donde no estuvo presente Pérez, sino que su jefa de gabinete, Romina Neumann; y su representante legal en todos los aspectos vinculados al Caso Convenios, el abogado Gonzalo Medina-, el órgano revisor de causas partidarias determinó extender la medida contra la legisladora por un año, lo que fue consignado por La Tercera durante el fin de semana.

Fuentes partidarias aseguran que sólo resta la redacción de la sentencia y que la diputada contaría con un plazo para la apelación si así lo determina.

Sin embargo, la extimonel de RD no habría quedado conforme con la determinación de su partido y adelantándose a la sanción, ya lo había hecho ver en su réplica al Tribunal Supremo que hizo llegar al órgano un día antes de esa sesión.

En el escrito, al que accedió The Clinic, la defensa de Catalina Pérez replica que la contraparte -la directiva de RD- infiere “la exigencia de una actuación que traduce en ‘intentar impedir dichos convenios’, dado el presunto conocimiento de los hechos”.

En ese presunto escenario, el escrito de la parlamentaria se argumenta que una acción como la sugerida estaba fuera de sus facultades en su rol como Diputada.

“De acuerdo a la Constitución y a la Ley N° 18.918 orgánica constitucional del Congreso Nacional, este ‘supuesto deber’ se encuentra fuera de las atribuciones parlamentarias y difícilmente son concordantes con la autonomía y no intromisión sobre el área de competencia de otro poder del Estado y sus funcionarios (…). Revolución Democrática hace una exigencia a mi representada que riñe la ley”, afirma el texto.

En otros pasajes, la defensa de la legisladora reitera que no tiene grado alguno de participación en los hechos más que el vínculo con los involucrados directos.

De todas formas, en la contestación sí se reconoce que “aunque era imposible presumir la existencia de hechos ilegales, irregulares o reñidos con los principios de RD, si resultaba previsible el riesgo político, tanto para el partido, como para mi representada (…). En consideración a lo anterior, mi representada reconoce una falta de juicio político con quienes tuvieron conocimiento del convenio y no ponderaron los efectos que ellos podrían tener en la opinión pública”.

Cabe recordar que 10 días antes de que el medio regional Timeline develara los controvertidos convenios, la directiva RD conoció los primeros antecedentes del caso en una privada reunión con los involucrados, lo que fue reconocido posteriormente por Latorre. Ese hecho es descrito también en su réplica. “No fue advertido por la directiva nacional algún conflicto distinto al conflicto político y comunicacional”, señaló.

Respecto a la imagen pública de la colectividad más longeva del Frente Amplio tras el escándalo, Catalina Pérez enfatiza en que no se le puede atribuir el desprestigió únicamente a ella del partido.

“Los efectos posteriores al conocimiento público de los hechos en tela de juicio, referidos al daño reputacional del partido, estos resultan imposibles de atribuir en su totalidad a mi representada (…). Debe considerarse además que, para prevenir el crecimiento de ese daño una vez destapado públicamente el caso, todas las acciones de mi representada se limitaron a lo coordinado con el equipo de gobierno, la directiva nacional y directiva regional de Antofagasta”, concluye.