Contralor acusa corrupción en Democracia Viva por “Caso Convenios” y lapida: “No existe ninguna posibilidad de recuperar esos recursos”

La Contraloría emitió su informe respecto al denominado “Caso Convenios”, confirmando que en este existió corrupción. La situación además fue ratificada por el propio contralor Jorge Bermúdez, quien además advirtió la imposibilidad de recuperar los fondos traspasados a las fundaciones.

Por el escándalo se vieron involucrados militantes del partido Revolución Democrática y funcionarios de la Seremi de Vivienda de Antofagasta. En concretó se apuntó a millonarias asignaciones de fondos en el marco del Programa de Asentamientos Precarios (PAP) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Ante esto la Contraloría realizó una auditoría a estos movimientos realizados entre el 1 de enero del año 2020 y el 30 de junio de 2023. De esta manera, la primera conclusión que expuso en su informe es que “se constató la inexistencia de un procedimiento formal para la selección de las entidades a ejecutar los proyectos del Programa Asentamientos Precarios”.

Asimismo, expusieron estos no presentaban “los mecanismos para su elección, tales como, una invitación a participar a diversas entidades privadas mediante llamados públicos, indicando las competencias técnicas y requisitos legales requeridos para llevar a cabo las iniciativas”.

Debido a esto es que acusaron que las asignaciones fueron “de manera directa, sin que los actos administrativos pertinentes que los autorizaron se encuentren fundados y acrediten documentadamente los motivos que lo justificaron, actuación que infringe el artículo 9° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”.

Respecto al caso específico de la Fundación Democracia Viva, el organismo cuestionó los tres convenios firmados por 426 millones de pesos. Sobre estos expuso que “ni en las resoluciones emitidas por el Seremi Minvu y el Serviu, ambos de Antofagasta, como tampoco en los respectivos convenios se mencionan los fundamentos que justifiquen la designación de los proyectos a dicha entidad”.

“Además que no se aportaron otros antecedentes que acrediten la motivación de tal elección, considerando, además la falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades que esta debía ejecutar y de su experiencia en ellas, relacionadas con el Programa de Asentamientos Precarios”, añadieron.

🔴Plan Nacional de Auditoria al programa de Asentamientos Precarios.
Informe completo 👉 https://t.co/Sgob8B8w5M pic.twitter.com/arzEmvjdIs

— Contraloría (@Contraloriacl) September 1, 2023

Finalmente, sobre la conducta del entonces seremi de Antofagasta, Carlos Contreras, al intervenir en este caso “como firmante y responsable del control financiero y administrativo de los actos suscritos con la Fundación Democracia Viva” y mantener un vínculo público con el representante legal de esta, Daniel Andrade, acusaron que “eventualmente habría vulnerado el principio de probidad”.

Lo anterior, argumentaron, “toda vez que carecería de la imparcialidad necesaria en su actuación; por lo que le asistía el deber de abstenerse de participar en el proceso asociado a esa entidad privada, sin que haya dado cumplimiento a dicha obligación”.

Contralor califica de gravísimos los hallazgos

El informe además fue abordado por el contralor Jorge Bermúdez quien en conversación con Estado Nacional de TVN afirmó que “no es casualidad que uno de los hallazgos más graves, aparte del tema de los recursos públicos, sea que, por ejemplo, haya 12 personas que trabajan en la Seremi de Vivienda y otras tres que trabajan en el Serviu en Antofagasta y que están contratadas por las fundaciones que trabajan como funcionarios públicos”.

Dicha situación señaló “es gravísimo” ya que estas personas tienen “acceso a los sistemas, tiene correo institucional, toma decisiones o forma parte de equipos donde se toman decisiones, pero en realidad no es funcionario público”. En esta línea además cuestionó que estos revisaban “los convenios que tenían con las propias fundaciones, hacían la revisión de las cuentas que debían entregarse”.

Consultado por al caso más polémico de este escándalo, el contralor remarcó que “no existe justificación para que Democracia Viva fuera la fundación elegida para llevar a cabo el proyecto”. Asimismo, advirtió que “no existe ninguna posibilidad de recuperar esos recursos, porque no hay garantías”.

Consultado sobre si estos hechos constituyen corrupción, el contralor sentenció que “claramente sí, no es además una calificación que yo solamente haya ocupado, sino que la ha usado el propio ministro de Justicia (Luis Cordero) y el Presidente de la República”.

Fiscalización de Contraloría

Por otro lado Jorge Bermúdez aclaró que esta auditoría no se encontraba planificada, sino que las acciones se tomaron ante la denuncias que se realizaron. Al respecto aclaró que esto se produjo debido a que “estamos hablando de un Ministerio (Obras Públicas) que tiene $1.4 billones de presupuesto, por lo tanto, cuando uno lo ve, efectivamente, hay que fiscalizar y así se hace”.

Sin embargo, precisó que “luego, si uno hace el doble clic y ve los programas que tiene el Ministerio, uno puede ver que sólo en subsidios habitacionales tiene un presupuesto de $500 mil millones y otro tanto en el presupuesto que está destinado al subsidio de arriendo y luego tiene otros programas, como el de asentamientos precarios, que es un programa que tiene $40 mil millones destinados”.

“Evidentemente que la planificación dice ‘vamos donde hay más recursos’, que son los subsidios, no a un programa como este. Es mucho dinero, pero en términos del macro del Estado es un programa que no tiene tantos recursos como sí lo tienen otros programas, por lo tanto, había menos riesgo y había que enfocarse en los otros”, cerró.