Cristián Larroulet por situación de Miguel Crispi (RD): “Me parece bien que hayan tomado la decisión de declarar en la comisión investigadora”

Cristián Larroulet lideró por largos periodos de tiempo el cargo de jefe de asesores de Presidencia, el rol que ahora tiene Miguel Crispi (RD) y por el que se ha visto envuelto en polémicas durante las últimas semanas.

Al exdiputado se le ha solicitado asistir a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que indaga sobre el Caso Convenios, a la cual, hasta el martes, se había resistido. Uno de los antecedentes que se evalúan en la instancia salpica a Crispi, en su calidad como exsubsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), en donde se le cuestiona el visado que entregó a la fundación ProCultura para que esta pintase fachadas en Antofagasta, con un valor superior a los 600 millones de pesos.

Debido a lo anterior, Larroulet entregó su punto de vista este miércoles -en Radio Infinita– en donde el exjefe de asesores defendió la idea que planteó en un comienzo el ministro de Justica, Luis Cordero, que diferenciaba a los empleados de Presidencia con los demás.

“El jefe del Segundo Piso y los asesores del Segundo Piso son funcionarios públicos, pero son funcionarios públicos especiales porque se deben al rol del Presidente de la República. Al igual que en una gran mayoría de países, el estatus de la Presidencia de la República es especial“, señaló Larroulet.

Para argumentar su punto, el exjefe de asesores de Piñera señaló que en “la Presidencia hay que cuidar ciertas obligaciones de responsabilidad y privacidad que debe el Jefe del Segundo Piso con la institución”.

Sin embargo, pese a darle la razón a Cordero, la situación de Crispi lo excluye de la norma, argumenta, debido a que “el actual jefe del Segundo Piso fue subsecretario. Ese es el punto que hace la diferencia. Él, en esa calidad, tiene la obligación de ir a la comisión investigadora“, sostuvo.

Para cerrar, Larroulet expresó que “me parece bien que hayan tomado la decisión de ir a declarar en la comisión investigadora en ese rol“. Ello tras la defensa corporativa que entregó el Ejecutivo a Crispi, argumentando que el exdiputado no tenía la obligación de asistir debido a la condición de su relación contractual con el gobierno -respaldado por Cordero y Carolina Tohá-, la cual es a honorarios y no de planta, lo que lo excluye de ser empleado público.

El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, puso en entredicho esa definición del Ejecutivo esta semana, tras asistir a la comisión investigadora y señalar que “No es tan relevante, para efecto de derechos y de deberes, la denominación que pueda tener una determinada fórmula contractual“.