Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente: “Miguel Crispi es un funcionario público y tiene que responder como tal”

Un plazo de cinco días entregó la Contraloría a la Presidencia para que explique las dos ausencias del jefe de asesores, Miguel Crispi, a declarar ante la comisión especial que investiga el Caso Convenios. Esto, luego de que el contralor Jorge Bermúdez afirmara que “cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuenta […] independientemente de la denominación que tenga su cargo”.

Tras ello, a través de una carta que publicó Ex-Ante, Crispi manifestó su disposición a asistir a la instancia. “Espero responder vuestras inquietudes de manera presencial o por escrito, en relación a los actos de gobiernos ejecutados en el cargo de subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo”, sostuvo.

Desde el oficialismo, una de las explicaciones que se entregan para la ausencia del jefe de asesores de la Presidencia es que no es un funcionario público y, por ello, no está obligado a acudir. Sin embargo, esta tesis no es compartida por especialistas en transparencia.

En conversación con The Clinic, el director ejecutivo de América Transparente, Juan José Lyon, asegura que, en este caso, debe primar “el principio de realidad y el principio de la función pública”.

–La citación a declarar a Miguel Crispi ha abierto el debate en torno a la naturaleza del cargo del jefe del Segundo Piso. ¿Es Crispi un funcionario público, como se ha discutido?

-Sin duda que es un empleado público, pero se están usando subterfugios legales para no responder en forma transparente. Pero aquí tiene que primar el principio de realidad. Lo que dice la norma es que la gente que trabaja a honorarios no es un funcionario público. Eso quizás se podría entender de alguien que hace una labor a honorarios una vez. Pero alguien que tiene correo institucional, que tiene chofer institucional, que usa teléfono institucional y, más encima, es el jefe de asesores de la Presidencia, es obviamente un funcionario público. No hay que andar inventando triquiñuelas para arrancar de eso.

Como él ejerce una labor pública, y es un funcionario público, por ende, tiene la obligación de ir a la comisión investigadora a la que lo están citando. Si interpretamos la norma conforme a los principios de la transparencia, la probidad y el control, él tiene que ir. Tiene que responder como funcionario público, no puede escapar de dar cuentas. Este mismo principio ha primado, por ejemplo, en los casos de las corporaciones municipales.

–¿Ves en esto, entonces, una intención de desviar en parte la atención hacia lo legal, intentando evadir asistir a la comisión?

-Creo que si la estrategia fue evadir, fue una mala estrategia, porque se han ganado un tema político importante. Algo que podría haber pasado muy como si nada pero se ha transformado en un debate y en un tema política.

Mi intuición es que esta defensa se está usando con el fin de ganar tiempo. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en las corporaciones municipales, donde los juicios han demorado tres años, y no se ve qué habría para ocultar.

–Parte de la defensa ha sido que es delicado porque él es un funcionario de la Presidencia y hay cosas que pueden constituir secreto…

-Claro. Pero no se le está citando por eso ni para eso. No se está citando al jefe de la ANI para que diga quiénes son los espías. Se está citando a Miguel Crispi por su cargo anterior, como Subdere, de la que dependen las transferencias de recursos a gobiernos regionales. A través de testigos, se ha dicho que él sabía de los traspasos por el Caso Convenios y se le quiere preguntar por esos traspasos y cuándo los supo.

Lo del cargo es una polémica artificial, porque no se le está citando por ese cargo. Insisto, se está tratando de encontrar un subterfugio legal, una norma muy específica, para evadir lo que es evidente. Afortunadamente, en el último tiempo, las instituciones públicas -como la Corte Suprema y la Contraloría- están mirando a ese criterio: que prime el principio de realidad y el de la función pública.

–En ese sentido, el ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó que “la Presidencia de la República tiene un estatuto jurídico distinto“. ¿Qué tanto se diferencia de otras áreas del Gobierno?

-Es cierto que la Presidencia tiene un carácter distinto para responder ante la transparencia por temas que son políticos. Por ejemplo, si se piden los correos de un asesor del Segundo Piso o se pide acceso a documentos delicados. Esto también ocurre en otras instituciones, como en Defensa, que tienen una protección de seguridad para alguna información o documentos que no son públicos. En ese sentido, la Presidencia también se cuida.

Pero en este caso, las causales de reserva de la Presidencia no corren. Entonces, creo que se está buscando una excusa para no responder por el Caso Convenios, porque aquí no se está preguntando por cosas de Presidencia. Él está buscando una interpretación para no tener que responder y alargando una polémica bastante absurda.

El cargo de jefe del Segundo Piso, también, tiene algunas particularidades. Por ejemplo, en temas de transparencia y reuniones están sujetos a mayor secreto que otras instituciones.

–¿Crees que debiese haber modificaciones legales tendientes a que autoridades de Gobierno tengan que rendir cuentas?

-Sí. Esta misma duda se generó porque no existen antecedentes de que un funcionario de esas características, pero que está contratado a honorarios, se le haya citado por un caso así. Pero esto debiese quedar saldado con normas. Pero esto lo estamos viendo porque -lamentablemente- después de muchos años, se está empezando a perfeccionar el tema de la transparencia.

En ese sentido, los dictámenes de Contraloría de 2021, los fallos de la Suprema, el criterio que ha adoptado el Consejo para la Transparencia y el criterio que está tomando el contralor en fallos específicos se están adaptando al principio de la función pública. Esto no está en la ley, pero está empezando a permear. Está ocurriendo con las corporaciones, fundaciones y empresas del Estado. En todo caso, no es necesario que nos quedemos sólo en lo leguleyo. Las cosas debiesen ser más públicas cuando se ejerce una labor pública, siempre que no se pase a llevar el secreto o se dañe la seguridad del Estado.

Sin embargo, hay un punto importante. La clase política está llegando muy lento en muchos de los cambios que el país pide. Y transparencia no es la excepción. Hay muchos de estos temas que están regulados en la Ley de Transparencia 2.0, que está parada en el Congreso hace años. Esa ley mete en el saco de la transparencia a un montón de funcionarios y entidades aledañas que hoy están fuera.