María Jaraquemada y el caso Hermosilla: “Una de las grandes preocupaciones que deja es que esto no sea algo aislado”

La abogada María Jaraquemada (directora ejecutiva de Chile Transparente) hace un repaso pormenorizado por los principales escándalos de corrupción en los últimos ocho años. Desde Caval, pasando por los casos SQM y Penta, el desfalco de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, hasta llegar al mayor escollo de la actual administración: el caso Democracia Viva como primer hilo de la trama de los convenios de privados con el Estado.

Fue Jaraquemada, experta en temas de probidad, quien lideró la comisión ad hoc convocada por el Ejecutivo tras desatarse el enredo político. Y justo ahora, cuando Contraloría advierte que el mecanismo detectado se estaría replicando en otras 15 regiones del país, estalló una nueva bomba que remece los cimientos de la institucionalidad: el caso Factop-Hermosilla.

En un extenso audio revelado por Ciper, el abogado Luis Hermosilla desliza a su representado, Daniel Sauer, el pago de “coimas” a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

—Cada vez que se desata un caso de estas características, se convoca a consejos asesores que realizan propuestas en torno a probidad. ¿Cuántos espacios restan para tener medidas administrativas y legales para tener una institucionalidad robusta para atajar estos casos?

—Si uno mira hacia atrás, puede encontrar que hay propuestas que hizo la Comisión de Ética Pública en 1994 que todavía están pendientes. El mundo ideal es que no tengamos estas comisiones cada vez que hay un escándalo, sino que estemos siempre preocupados de estos temas. Entiendo que hay otras prioridades, pero al menos esto debería ser una preocupación constante, en segundo plano. Si nos quedamos esperando el próximo escándalo, no tiene mucho sentido. Muchas de las recomendaciones que nosotros hicimos ya se han hecho.

—No están descubriendo una nueva fórmula.

—Exacto. Entonces, yo espero que haya una institucionalidad permanente, con la suficiente relevancia política, que esté preocupada de estas temáticas, modernizando los procesos o evaluando qué falló (…). A mí me gustaría eso, más que hayan comisiones, que se puede seguir invitando a personas externas a colaborar con esa mirada, con esa visión, pero que hubiera -por ejemplo- una subsecretaría. Tampoco soy de crear más institucionalidad, pero dado que estos temas están recurrentemente saliendo, quizás es necesario.

—Cuando se habla de sobornos, inmediatamente se piensa en casos de países vecinos. Desde lo más “básico”, coimas a policías y de ahí para arriba. ¿No cambia el paradigma tras lo revelado por Ciper?

—Para mí es claro que nosotros no tenemos la corrupción tan extendida como la mayoría de los países de la región. Y esto lo digo porque al señor Sauer ya le habían “suspendido” sus dos empresas (Factop y SMF). La CMF sancionó recientemente al CEO de Cencosud. Es decir, no son entidades que no hagan nada ni se metan con personas con poder político o económico. Pero tampoco podemos negarnos a que efectivamente hay corrupción en el sector público y privado. ¿Qué tan extendida está? Eso va a ser clave de la investigación en este caso. Una de las grandes preocupaciones que deja es que esto no sea un algo aislado.

—Cuando se habla de un “precio mercado”, o de que el tipo de problemas en el que Hermosilla asesora a Sauer “se arreglan con plata”…

—Eso es lo que yo creo que muchos nos dejó la preocupación. Yo no creo que la CMF y el SII estén absolutamente corrompidos. ¿Por qué? Conozco mucha gente que sí tiene respeto y a veces, incluso, un temor reverencial de que les caigan encima.

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“Las consecuencias de este caso tienen que ser súper contundentes. ¿Por qué? Porque estamos con una crisis de seguridad pública muy relevante. ¿Y qué es lo que hace el crimen organizado para sobrevivir? Corromper. Entonces, si nosotros mostramos que hay una ventana para corromper entidades como la CMF y el SII, mañana la Unidad de Análisis Financiero, Aduanas o el Ministerio Público, nos vamos por una pendiente resbaladiza”.

María Jaraquemada, abogada y directora ejecutiva de Chile Transparente

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María Jaraquemada: “Todavía no estamos en el punto de no retorno (respecto a corrupción)”

—¿Los últimos sucesos no podrían marcar un punto de “no retorno” respecto a casos de esta índole?

—Todavía no estamos en el punto de no retorno. Temo que nos acerquemos a él. Entonces, cada vez que estalla un nuevo caso, como lo que pasó con este audio, me preocupa. Me preocupa que, en el fondo, lleguemos a ese punto donde ya nos fuimos por la pendiente resbaladiza como le ha pasado a otros países de la región y que la vuelta atrás sea muy difícil. 

—Cuando estalla Democracia Viva, en el Frente Amplio se hace una reflexión particular, sobre el mecanismo de colaboradores del Estado y delegar acciones a privados como una de las condiciones que habilita la falta. ¿Es un problema delegar tanto en privados?

—Esa es una decisión política. En Chile, hace algunos años atrás, se decidió que todo lo que tiene que ver con educación, lo ven organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo. Pero lo que nosotros quisimos plantear (en la comisión asesora) es que, independiente de la decisión política, si es que se va a delegar en privados hay que mantener cierto control, transparencia y rendición de cuentas. No nos podemos desentender. 

—Y un caso reciente de que la administración del Estado no es del todo proba es lo que ocurre con los Servicios Locales de Educación.

—Exacto. Pero al mismo tiempo tenemos que hacer que el Estado sea mejor administrador, más eficiente y eficaz. ¿Qué termina pasando? Que en el ámbito municipal, por ejemplo, se empiezan a crear las corporaciones municipales para salir un poco de la regulación, de la burocracia (…). Debemos ir al problema de fondo: ¿Cómo hacemos que el Estado sea más eficaz, más eficiente, con controles para que ‘la ocasión no haga al ladrón’, con transparencia, con rendición de cuentas? Porque la realidad es que el Estado no es capaz por sí mismo de asumir todo.

—Circunscribiéndonos a lo de Democracia Viva, la generación que gobierna hoy es evidentemente más joven que sus antecesores, con formas distintas de relacionarse. ¿Cómo se regulan límites, inhabilidades en relaciones no formalizadas, vínculos de amistad? Lo pregunto en particular por lo referido a la diputada Catalina Pérez y su expareja Daniel Andrade.

—Hoy en día sí tenemos reglas. Hay normativas de probidad que establecen que tú no puedes participar de procesos de toma de decisión donde haya cualquier circunstancia que te reste imparcialidad. Eso es un vínculo de amistad, de enemistad, de militancia y relaciones de pareja no formalizadas. Lo que pasa es que, lamentablemente, a veces nos hemos regido por la norma literal para hacer cumplir esas reglas y es imposible regular todas las situaciones.

Aquí hay que entender que la ley es el piso y no el techo. En la Comisión propusimos que dentro de las inhabilidades se establezcan las relaciones de pareja no formalizadas, pero uno no debiera llegar a eso. Lamentablemente, hemos visto que no todos comparten los mismos principios de integridad o de conflictos de interés.