Los 12 mil inmigrantes en Chile que la derecha exige expulsar y que presiona a Carolina Tohá: ¿Es posible deportarlos antes de fin de año?

Luego de que diputados y diputadas de Renovación Nacional exigieran al Gobierno expulsar a 12 mil extranjeros que cumplen con los requisitos para ser deportados, el debate en torno a las expulsiones se ha transformado en un disputa por quién tiene menos o más culpa por el retraso en esta materia. En RN advirtieron que de no cumplir con esto, acusarán constitucionalmente a la ministra del Interior, Carolina Tohá, postura que no sirvió para calmar la tensión.

“En el gobierno de Piñera se expulsó entre 1.200 y 1.500 personas en cuatro años. Y quieren que se haga diez veces eso en sólo un mes y medio. Es algo impracticable”, señala el diputado de la comisión de Seguridad, Raúl Leiva (PS), quien agrega que “no se puede pretender ese nivel de expulsiones en tan corto tiempo. Obviamente esto es una amenaza impracticable que únicamente tiene un objetivo político que es socavar la legitimidad de la ministra”. 

La portavoz de La Moneda, Camila Vallejo, durante una vocería respondió a la petición de RN y dijo “hay que ser razonable y realista cuando se hace la crítica, porque no podemos exigirle a otro que haga todo lo que no fuimos capaces de hacer. Eso es lo que está haciendo un partido que fue de gobierno en periodo anterior”.

Por otro lado, en oposición las críticas apuntan al comportamiento de autoridades de Gobierno cuando fueron oposición. En particular del presidente Gabriel Boric.

El diputado Andrés Longton (RN), que preside el comité de seguridad, sostiene que “la pasividad del Gobierno y a veces la complicidad con la que tratan la migración ilegal tiene que tener un giro. Y mientras no tenga ese giro nosotros vamos a seguir insistiendo para que gestionen de manera eficiente expulsiones que hasta el momento no han realizado. Por falta de voluntad, por falta de convicción y también obviamente por falta de gestión”.

En el resto de la oposición algunos reconocen que las 12 mil expulsiones es una cifra exagerada, aunque se cuadran con las demandas de darle urgencia a esta discusión.

En medio del debate en torno a las expulsiones, Venezuela le dio un portazo a Chile y no autorizó la llegada de un avión que llevaba a 60 personas expulsadas. “Chile había hecho todo, pero una sola decisión de la autoridad aeronáutica venezolana echó todo por tierra”, sentenció a 24 horas el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Más allá de quién asuma la responsabilidad en es último hecho, existe una postura común en el Gobierno y el oficialismo ante el debate de las expulsiones, que tiene que ver con responsabilizar a la administración del presidente Sebastián Piñera sobre el trato de este tema.

Por un lado, comparan el número de expulsiones con las que se concretaron en su gestión, y por otro lo culpan por la crisis migratoria. Al mismo tiempo, la derecha también se defiende culpando la postura histórica del oficialismo para hacerse cargo de la crisis migratoria.

La disputa por la responsabilidad

En julio de 2019, la vocera del Gobierno de Sebastián Piñera, Cecilia Pérez, afirmó que Chile seguiría recibiendo migrantes venezolanos “hasta que el país lo resista”. Meses previos el exmandatario había visitado Cúcuta en un cumbre de ayuda a Venezuela, en la cual se le atribuyó el hecho de abrir las puertas a la migración. Versión que posteriormente fue desmentida por Piñera.

Esta semana se reactivó la batalla por las responsabilidades, luego de diferentes declaraciones de autoridades de Gobierno. 

“Lo que ellos no fueron capaces de hacer durante todo el gobierno anterior, nos están exigiendo que lo hagamos en dos meses, sabiendo que materialmente es imposible”, dijo el propio presidente Gabriel Boric, ante la arremetida de RN, lo que fue reprochado por exautoridades del Gobierno anterior.

También se apunta a la antigua administración por haber perdido la relación con Venezuela para agilizar las expulsiones. Así los deslizó el subsecretario Monsalve en La Moneda.

En contraparte, el director del Servicio Nacional de Migraciones durante el Gobierno de Piñera, Álvaro Bellolio, asegura que las principales trabas de expulsiones provenían por “recursos judiciales interpuestos por activistas, universidades y organizaciones religiosas vinculadas al FA y al PC dificultaban la expulsión, incluso de narcotraficantes condenados. Hoy, la mayoría de ellos trabaja en distintos ministerios del gobierno. Otro factor complicado es establecer fechas con los diferentes países y la disponibilidad de escoltas de la PDI”.

En la comisión de Seguridad de la Cámara Baja también predomina el pinponeo de responsabilidades. “El Gobierno pone traba tras traba para tratar primero de endosarle responsabilidad al Gobierno anterior. Cosa que hacen constantemente, y ahora para endosarle la responsabilidad al Congreso para cambiar la ley”, señala el diputado Longton.

El legislador de RN agrega que “acá falta gestión. Renunciar a estos sesgos ideológicos que se tienen con que la migración ilegal nace bien al país. Resguardar de mejor manera las fronteras y empezar a ejecutar órdenes de expulsión”. 

Su símil de la UDI, Henry Leal, reconoce que “expulsar 12.000 extranjeros de aquí fin de año, es una petición imposible de cumplir. Pero sí lo veo como una gestión para que el Gobierno se motive y proceda a expulsar”. El diputado y presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, señala que el Ejecutivo no ha sido capaz de identificar la urgencia del debate.

“Tiene que haber un sentido absolutamente de urgencia de que el Estado tiene que tener capacidad de poder buscar una estructura que permita expulsar, ojalá, más de doce mil extranjeros”, postula el parlamentario.

En la izquierda, en tanto, hubo críticas transversales a la demanda de RN. “El llamado que se hace a la oposición es que sean más serios en sus aseveraciones o imputaciones o las solicitudes que realizan”. manifiesta el diputado Raúl Leiva.

La diputada Alejandra Placencia (PC), asegura por su parte que “RN le pide al Gobierno que haga en dos meses lo que ellos no hicieron en cuatro años. Como siempre, ponen el foco en la disputa mediática y no en entregar propuestas que ayuden a la solución de los problemas”.

En esa línea también surge el debate respecto a las medidas que debería tener mayor enfoque. La misma diputada postula que “la crisis de seguridad no se soluciona expulsando gente, sino fortaleciendo las instituciones que enfrentan estos problemas. Entonces, lo que corresponde es identificar cuáles son las dificultades que esas instituciones tienen. Que el Ejecutivo gestione para destrabarlas o legislar desde el Parlamento para posibilitar esa gestión”.

Algo similar señala el diputado Jaime Araya (IND-PPD), quien afirma “no tenemos la policía para cumplir los estándares que se pide para la expulsión. Entonces es importante decir ‘mira, todas estas son las prioridades, por eso creo que hay que jerarquizar esta decisión’”.

En el Servicio Jesuita Migrante, postulan que hay que buscar otras soluciones técnicas. “Tal vez es tiempo de pensar en establecer tribunales migratorios dedicados a asegurar debidos procesos en la materia pero con personal capacitado para resolver en tiempos razonables que permitan hacerlo. No establecer un delito de ingreso clandestino que no focalice los recursos en la debida identificación de amenazas a la seguridad pública” manifiesta Gabriela Hilliger, jefa jurídica de la institución.

Hay ciertos puntos de encuentro entre diversas bancadas para agilizar los procesos de expulsión. Un punto que tiene alto respaldo transversal es en avanzar en dar mayor apoyo a las policías. Incluso, desde el propio SERMIG afirman que esa es una línea en que hay que avanzar, otorgarle mayores facultades a la PDI. Algunos postulan que se deben incluir funciones como posibilidad de poder allanar viviendas de personas que cumplan con los criterios para ser deportados.

Esta semana parlamentarios de oposición se reunieron con Manuel Monsalve para abordar la agenda. En particular hubo buena recepción de este gesto. Sobre todo un respaldo a la autoridad tras su anuncio de que viajará a Venezuela antes del 15 de diciembre para dialogar con autoridades venezolanas.

Las cifras de migrantes expulsiones y la defensa del SERMIG

Un dato que generó inquietud en representantes de oposición y oficialismo, fue la respuesta del subsecretario Monsalve a las dudas sobre lo que ocurrirá con las personas que no pudieron ser expulsadas a Venezuela. La autoridad afirmó que las personas que serán liberadas, ya que por ley la PDI solo las puede retener por 5 días.

De todas formas, el director del SERMIG, Luis Thayer, afirmó que harán los esfuerzos por expulsar a estas personas en este corto periodo mediante vuelos comerciales. De acuerdo con el propio SERMIG, “todos los días salen expulsados en vuelos comerciales y buses”. Las últimas cifras compartidas por el organismo dan cuenta que en 2023, hasta la fecha se han materializado 739 expulsiones. 242 de estas administrativas y 497 judiciales. Aunque el subsecretario Manuel Monsalve, anticipó que esperan que se concreten mil expulsiones para fin de año. 

Durante este año se han impulsado 7.147 procesos de expulsión administrativas, de las cuales se han decretado 1.000 órdenes de expulsión. De las 739 que se han concretado, dos tercios se llevaron a cabo mediante vuelos comerciales o de la FACH, y el resto vía terrestre. 

Pese a la defensa que exponen desde el Ejecutivo, la cifra sigue siendo baja en comparación con años anteriores. En 2018 se materializaron 2.052 expulsiones; en 2019 2.232; 2022 1.470; 2021 913;  y en 2022 1.066. 

Una estrategia que impulsó el Gobierno anterior fue la de las expulsiones masivas mediante convenios con aerolíneas. Sin embargo, estas fueron cuestionadas a nivel internacional por vulneración a los Derechos Humanos. Además, en el ministerio del Interior aclaran que esta medida no siempre es efectiva. Esto porque puede ocurrir que el país de destino del avión no autorice el aterrizaje, lo que ocurrió durante esta semana.

El subsecretario Monsalve aseguró que si bien con el resto del continente no existen mayores barrera, “el problema principal lo tenemos con Venezuela donde no es posible enviar aviones de la Fuerza Aérea. Estamos muy restringidos del tipo de aviones que hacen el traslado entre Chile y Venezuela”

Otro factor que ha impedido generar más expulsiones, según detallan en el SERMIG, tiene que ver con cambios en la legislación. En particular, acusan que se han impuesto mayores trabas para las expulsiones judiciales. Si bien el organismo solo se encarga de las que se generan vía administrativa, las modificaciones en el área judicial afectan en las cifras.

Esto, ya que “la nueva Ley de Migraciones establece que las personas extranjeras condenadas por la Ley 20.000 no pueden acceder a las expulsiones judiciales. Esto ha significado una importante disminución en las expulsiones judiciales, fenómeno que es más notorio en 2023, puesto que en 2022 se dictaron sustituciones de procesos judiciales que venían de años anteriores”, precisa un documento del SERMIG.

Sin ir más lejos, según BioBioChile, el extranjero que lanzó la granada había estado en prisión preventiva por tráfico de drogas. Al ser condenado por ese delito, pese a cumplir con condiciones no podía ser expulsado.

En 2018 1.750 fueron expulsadas por esta vía, en 2019 1.656, en 2020 1.268, en 2021 667, en 2022 1.035, y este año van 497.

Junto con esto, la defensa también apunta a falta de presupuesto, aunque esta versión es cuestionada por parte de la oposición.

El debate por presupuesto

Un tema que ha estado presente, en particular estas semanas en que se discute el presupuesto 2024, tiene que ver con los recursos que se disponen para concretar las expulsiones.

El subsecretario Monsalve aseguró que desde 2013 “Chile tenía, cuando asumimos, 22 mil resoluciones de expulsiones que no habían sido ejecutadas. Después de la depuración tenemos 12 mil y nosotros estamos trabajando para ejecutar esas expulsiones. Eso requiere recursos que están puestos en el presupuesto de la nación que se está discutiendo en el Congreso. Por eso es tan importante aprobarlo”.

Según detallan desde el SERMIG, las expulsiones por vuelos comerciales tienen un costo elevado. Esto ya qye xiste un máximo de dos expulsados por vuelo que deben ir acompañados de personal policial.

En promedio una expulsión cuesta entre 3 y 3,5 millones de pesos. Los costos incluyen el precio del pasaje de la persona expulsada y los escoltas de PDI. Para vuelos comerciales son
dos escoltas y en los vuelos FACH, uno. Durante este año, hasta octubre el gasto total del Estado en expulsiones supera los 2.300 millones de pesos.

Para este año se habían destinado 1.200 millones para que el Servicio Nacional de Migraciones pudiera concretar estas. En el debate actual se evalúa la opción de subirlo a 3.500 millones, algo que aún no ha sido aprobado para ser despachado.

Al respecto, Álvaro Bellolio señala que “en el año 2019, con un presupuesto cercano a los mil millones, se expulsaron aproximadamente 2.400 extranjeros. El presupuesto para el año 2024 es de 6.500 millones, lo que permitiría, utilizando las medidas y gestión de años anteriores, aumentar significativamente el número de expulsiones, al menos triplicando lo realizado ese año”.

Ante el presupuesto que manejan hoy, en el SERMIG postulan que “se ha determinado priorizar la salida forzada del país de aquellas personas extranjeras que han cometido delitos y tienen antecedentes penales”.