Caso Convenios: los duros reproches de la comisión investigadora contra el ministro Montes, Miguel Crispi y Javiera Martínez

Un informe de 22 páginas. Ese fue el documento que concitó el apoyo mayoritario de los integrantes de la comisión especial investigadora de la Cámara, que indagaba sobre las transferencias y convenios gestionados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, liderado por el ministro Carlos Montes (PS), hacia fundaciones.

“Inobservancia reprochable” fue finalmente el término utilizado por los redactores para referirse a la responsabilidad que tuvo Montes sobre la génesis del asunto de los convenios: la fundación Democracia Viva. Tras la comparecencia de varios integrantes del Ejecutivo hacia la comisión, el ministro señaló -en reiterados punto de prensa- que no tuvo conocimiento sobre las irregularidades de Antofagasta hasta la publicación que hizo el medio Timeline denunciando el hecho.

A raíz de eso es en lo que se afirman los autores del informe para realizar esa descripción (la cual bajó las revoluciones desde una “negligencia inexcusable“). Ello argumentado, también, por la toma de conocimiento del evento que había tenido su exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), quien fue informada en mayo por una agrupación de trabajadores del Seremi del Minvu en la región.

Además, otro de los puntos que sustentaron la tesis de los parlamentarios devino del resultado que compartió la Contraloría al asistir a la comisión. Mediante el contralor, Jorge Bermúdez, el organismo notificó que existían casos similares a Democracia Viva en 15 seremis del país, lo que colocaba, de por sí, los ojos sobre Montes y su responsabilidad sobre el ministerio.

El informe marca un punto político que, eventualmente, podría servir como respaldo ante una acusación constitucional. Se espera que durante la jornada sea votada por el pleno de la Cámara para visar su validez.

Crispi y Martínez, los otros apuntados

Pero los dardos no fueron solo a Montes. Miguel Crispi (RD), jefe de asesores del Segundo Piso de Presidencia, y Javiera Martínez (RD), directora de Presupuestos (Dipres), también recibieron las críticas de los diputados.

El primero por su resistencia a participar de la instancia en dos de las tres veces en las que fue citado. Tras acusar un problema de agenda -la primera vez- y responder mediante una carta -en la segunda-, fue una intervención de Bermúdez la que sepultó el blindaje que La Moneda brindaba hacia su funcionario, en donde apelaron a la condición debatible de empleado público de Crispi, la que no le obligaba de asistir.

Ese argumento fue arrebatado por el contralor. Por ello, el jefe de asesores compareció ante la comisión el 6 de noviembre, en donde notificó que se enteró mediante un “rumor” 9 días antes de que estallase el caso Democracia Viva.

Junto con decir que “se resistió permanentemente“, el informe de la comisión le reprochó una “falta de diligencia evidente” por no haber notificado, apenas supo, lo que se conversaba sobre la fundación.

Por el lado de Martínez, jefa de la Dipres, es apuntada como una de las responsables por la facilidad en la que se pudieron sustraer convenios entre fundaciones y reparticiones del Estado.

“La Directora de Presupuestos impulsó cambios en los controles presupuestarios“, se reza en la página 7, a lo que añade que tal caso “se oponen al resguardo del buen uso de los recursos públicos“.