Diputada Lorena Fries (CS): “La seguridad es un derecho humano, pero eso no quiere decir que sea a toda costa”

La muerte de un menor de 5 años, junto al hallazgo de un cadáver al borde de la Ruta 68, son los últimos precedentes que han dejado la crisis de seguridad que enfrenta la ciudadanía, el Gobierno y los parlamentarios, como la diputada Lorena Fries (CS).

La integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara asume que existe un problema migratorio, pero que ello no puede generar una extrapolación que indique el ingreso de extranjeros de por sí sea un aumento en la delincuencia.

“Mucha de las cosas que se legislan hoy en el Parlamento carecen de evidencia y, cuando la hay, no se considera para legislar. Eso significa que estamos legislando en función del espectáculo y las necesidades de la gente, por una parte, y, por otro lado, estamos legislando en función de opiniones. Eso es lo más grave”, comenta en conversación con The Clinic, junto con acusar a la oposición de aprovechar la situación para sacar réditos electorales.

—¿Qué falta para que se puedan concretar los objetivos del Gobierno en materia de seguridad?

—Lo primero es respecto a este prejuicio que hay sobre las posturas de la izquierda en materia de seguridad. En la izquierda tenemos super claro que la seguridad es un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado. Sin embargo, eso no quiere decir que sea a toda costa, sino que tiene que ser dentro del Estado de derecho y con respeto a los derechos humanos. Lo que hemos visto muchas veces en la oposición es que está dispuesta a saltarse los mecanismos de resguardo de la democracia en aras de este bien superior que sería la seguridad. Cuando nos hemos negado en cuestiones concretas es porque vemos que ahí se traspasa la línea del respeto de las garantías de las personas.

La oposición señala que no se hace nada. Hay que plantear que hay varias cosas. La primera es que no teníamos un Estado que estuviera preparado para el tipo de criminalidad que vivimos viviendo hace diez años. Eso ha significado que el Gobierno ha querido instalar las herramientas que permiten la persecución de este tipo de crimen que generan un tipo de percepción de temor en la ciudadanía. Tenemos más de 38 proyectos que no se han despachado, pero se han discutido y están en vías de despacho. Realmente estamos robusteciendo al Estado en materia de seguridad. El impacto lo vamos a ir viendo en la medida que se aplique la ley.

—Existe la percepción de que para la izquierda la seguridad es un tema que le cuesta manejar. ¿Por qué cree que existe esa idea?

—Nos han achacado porque hemos estado con un ojo sobre la forma en que cumplen sus funciones las policías. Ha habido desde la izquierda mucha crítica, sobre todo a partir del estallido social, respecto del uso desproporcionado de la fuerza. Eso se ha traducido en esta idea de que la izquierda apoya a los delincuentes y, en verdad, lo que apoyamos es el imperio de la ley. El imperio de la ley no significa que las policías pueden hacer cualquier cosa. Las policías tienen que actuar dentro de determinado marco y tienen que ser eficaces en la persecución penal. 

Estamos apostando al cumplimiento de la ley y persecución de los crímenes, pero también apuntamos fundamentalmente a la prevención del delito. El prejuicio viene de la postura de respeto a los derechos humanos en relación con las policías y que eso sería, prácticamente, una afrenta contra Carabineros y no dejarlos actuar. El tiempo nos ha dado la razón de que hay que mirar lo que pasa dentro de Carabineros, pero eso no quiere decir que no estemos alentando también a que tengamos policías que contribuyan a mejorar el clima de seguridad que vivimos.

—Usted se ha resistido al estado de excepción en la RM. ¿Por qué existe este debate? ¿Y por qué se opone a la medida?

Me opongo a la medida porque de nuevo está la tendencia de la oposición de explotar electoralmente esto. Se quiere ganar postura a partir de la necesidad de las personas de seguridad. Las medidas que se ofrecen son medidas que impactan en titulares, pero que en la práctica pueden causar un perjuicio. Imaginémonos en este caso, por ejemplo, personas civiles que asumen tareas de prevención sin estar capacitados. No tienen la formación, por lo tanto no sabemos cómo se reacciona frente a una situación dada. Eso me parece que deteriora las instituciones democráticas y las instituciones encargadas de el orden público, de perseguir los delitos y juzgarlos. Con eso sólo logramos erosionar las instituciones y abrir el camino derechito a un (Nayib) Bukele, que para muchos trajo seguridad, pero a cambio de qué. El acento que ponemos es que todo esto lo podemos hacer, pero respetando las libertades y derechos de las personas.

—Fue con el fallecimiento de la carabinera Rita Olivares lo que llevó a un fast track legislativo. Sin embargo, el objetivo de aprobar antes de cierto tiempo una cantidad de leyes no resultó. ¿Qué pasó durante la tramitación? 

—Muchas de ellas ya están despachadas. Son 19, pero efectivamente este fast track debiesen ser muchas más. Han pasado muchas cosas. La primera es que en muchos casos, al menos en la Comisión de Seguridad, no se han respetado las urgencias y se ha buscado poner proyectos que vienen sólo de la oposición y que, desde mi punto de vista, son muy malos proyectos. Se ha dilatado la discusión.

En segundo lugar, han ocurrido proyectos con una discusión mucho más larga y profunda. Veamos lo que pasó en usurpaciones. Tercero, se ha cambiado la modalidad del trabajo. En un principio, llegaban los proyectos y los comenzábamos a discutir, lo que tomaba mucho más tiempo que si se hace prelegislativo, es decir, se busca con los equipos técnicos de todos los diputados de la comisión un cierto acuerdo.Lo que uno ve es que no hay ánimos de acuerdo, sino que de sacar al Gobierno al pizarrón.

—¿Existe un problema migratorio en el país?

—Por supuesto. Nunca nos habíamos enfrentado a un flujo tan masivo de migración. La llegada de flujo produce tensiones culturales, no económicas, porque lo que hace la migración es asumir el tipo de trabajo que los chilenos no quieren asumir hoy. Estamos en esta situación que genera tensiones que llegan a ser peligrosas en términos de actitudes xenofóbicas que pueden haber respecto a ciertas nacionalidades, en este caso venezolanos y colombianos, pero no podemos meter a todas las personas al mismo saco. Eso sí, las personas que cometen delitos y que son de nacionalidad extranjera deben ser perseguidos, juzgados, con penas privativas de libertad o expulsados.

—No quiero realizar una generalización, pero el descuartizamiento o delitos violentos era algo que antes no se veía con tanta frecuencia. En ese sentido, la oposición puede anotarse puntos cuando establece esa relación. ¿Se abusa de esa situación?

—Se abusa, pero no quiere decir que no sea efectivo que ha llegado un tipo de criminalidad que no estábamos acostumbrados. Tarde o temprano iban a llegar esos delitos, porque teníamos en toda la región el tema de las bandas criminales en otros países de la región, que son transnacionales, no veo por qué no iban a llegar a Chile. Lo cierto es que nosotros nos caímos del pedestal respecto de que en Chile estas cosas no pasaban.

Recuerdo que hace diez años atrás hablaba de que en Chile había tráfico de personas y el Estado se negaba a aceptar que había ese tráfico. Nos ha costado muchísimo ver eso. No obstante, los delitos de mayor connotación social, como el homicidio, el secuestro extorsivo, todo eso da cuenta de una nueva forma de criminalidad que ha sido facilitada por algunas personas que vienen de otros países que tienen una mirada cultural sobre el delito, la vida y la muerte que es distinta a la nuestra. Pero, en términos de cifras, todavía eso es hoy de un 16% las personas que están condenadas a nivel nacional que son extranjeras. Por cierto, ha subido exponencialmente, sigue siendo poco en términos generales. 

—¿Identifica dónde subyace o está la génesis de la crisis de seguridad desde el Gobierno?

—Se inicia comunicacionalmente, a propósito de lo que fue el asesinato de Carabineros en el cumplimiento de sus deberes. Eso obviamente que conmociona a todo el mundo, porque son las personas que nos protegen, y a partir de eso, en esta supuesta dicotomía de que la derecha apoya a Carabineros y la izquierda los denosta. Ahí se comenzó a construir un relato comunicacional que luego, además, dio cuenta que estas nuevas formas de criminalidad que nunca antes se habían podido medir como hoy se pueden medir a través de los indicadores del Gobierno, tanto de la Enusc como del Centro de Observatorio de Homicidios y Delitos Violentos.