Alcalde UDI de Sagrada Familia condenado por masivo fraude al Fisco cumplirá su pena en libertad

La tarde del martes, el Tribunal Oral en Lo Penal de Curicó dictó la sentencia que deberá cumplir el alcalde de Sagrada Familia, Martín Arriagada (UDI) por la defraudación de más de $750 millones desde la localidad del Maule.

Arriagada era investigado por la venta de permisos de circulación por parte de su municipio en los años 2014 y 2015. Según comentó el fiscal en la indagatoria, Miguel Gajardo, el alcalde de Sagrada Familia, junto a su jefa de control interno, Isabel Vásquez, vendían este permiso, a pesar de las multas impagas que portasen consigo los solicitantes. Este último asunto, las multas impagas, son un impedimento para la adquisición formal de los permisos de circulación.

La venta la realizaron a “un listado de contribuyentes que aportaban a la comuna de Sagrada Familia, pero infringiendo la ley y haciendo que no se cobraran las multas que estaban a cargo de ellos y que debían ingresar al erario fiscal”, detalló Gajardo.

Asimismo, mediante esa operación —que fue notificada por concejales de la comuna y denunciada por la Contraloría y el Ministerio Público— se avaluó que el coste de las multas no cobradas se elevaba a esos $750 millones, que se le acusan a Arriagada de defraudar.

Pero, eso no fue todo. También el fiscal comentó que tanto el alcalde de como su jefa de control “ejercían también una labor de liderazgo en la comuna y en la campaña de permisos. De esta forma, obligaban a los girados a realizar estas acciones ilícitas toda vez que ocupaban situaciones precarias en su área laboral, ya que en su mayoría estaban a contrata o como alumnos en práctica“.

Por lo anterior, Arriagada deberá cumplir 3 años de presidio —con posibilidad de pena remitida, es decir, cumplirlos en libertad— y la inhabilidad de ejercer cargos públicos por 5 años.

Líos con los alcaldes

El caso del alcalde de Sagrada Familia se suma al que han protagonizado este año dos ediles diferentes. Se trata de Juan Carlos Reinao, de Renaico, y José Luis Yáñez (UDI), de Algarrobo. El primero había sido formalizado por los cargos de abuso sexual, violación y aborto. Inclusive, llegó a estar prófugo de la justicia tras no presentarse al penal que debía acudir, tras tener la medida cautelar de prisión preventiva.

En el caso del segundo, Yáñez fue requerido por la justicia por la investigación de los delitos de cohecho y malversación de fondos públicos. La cifra avaluada asciende hasta los $1.000 millones, los cuales fueron utilizados, según denunciantes, en viajes al extranjero del alcalde.