Gastaron cerca de 200 millones: Diputados de la UDI y del Partido Republicano lideran el ranking de asesorías externas en la Cámara durante 2023

Es una práctica legítima y regularizada, y algunos parlamentarios y parlamentarias hacen uso de las asesorías externas. En particular, en la Cámara Baja es una herramienta menos utilizada, ya que en el Senado su uso es de carácter transversal.

El reglamento que fija las bases de quiénes cumplen con los criterios para ser calificados como asesores externos, y con ello que establece qué servicio se pueden catalogar dentro de este marco, fue aprobado el año 2018. Desde entonces se ha mantenido una tendencia: las bancadas de derecha son más propensas a acudir a la asesoría externa.

Parlamentarios que hacen uso de estas las defienden tajantemente, y aseguran que es fundamental para el desarrollo de la labor parlamentaria. “Es de gran ayuda, precisamente, para el apoyo a la labor legislativa, que es fundamental para poder trabajar de manera más acuciosa los distintos proyectos de ley de acuerdo a los fines que se quieren lograr”, sostiene el diputado Andrés Longton (RN).

El año 2022 se desembolsaron 191 millones de pesos en asesorías externas, y el año pasado el monto aumentó a 250 millones. En la cabecera de partidos que más invirtieron en estas vuelven a repetirse el Partido Republicano y la UDI.

La Fundación Jaime Guzmán y el Centro de Estudios Ideas Republicanas son las principales organizaciones que entregan el servicio de asesorías en la bancada de la UDI y los republicanos, respectivamente.

Las asesorías del Partido Republicano y la UDI

El Partido Republicano, mediante sus diputados Araya, Barchiesi, Irarrázabal, Kaiser (hace pocas semanas renunció a la militancia), Meza, Moreno, Ojeda, Romero Sánchez y Schubert, solicitaron un total de 123 asesorías. Gran parte de estas fueron al Centro de Estudios Ideas Republicanos. Aunque a partir de junio el diputado Ojeda solicitó asesorías a la abogada e investigadora de la ONG Comunidad y Justicia (también vinculada al mundo republicano), Sofía Huneeus. En total gastaron 115 millones de pesos durante 2023 en ello.

“Nosotros tenemos una asignación que es un poquito más de un millón de pesos para asesoría externa. La gastamos íntegramente en tener las prestaciones que nos den un servicio externo para elaborar proyectos, para presentar indicaciones, para que nos acompañen las comisiones. Además, una minuta que nos entregan a todos los diputados con la información relacionada a los proyectos que nos toca ver cada día en la sesión”, aclara el jefe de bancada del Partido Republicano, Agustín Romero, sobre el gasto en estas asesorías.

En cuanto a la UDI, los parlamentarios Alessandri, Benavente, Bobadilla, Coloma, Cornejo, Donoso, Fuenzalida, Labbé, Moreira, Sulantay y Trissoti, requirieron un total de 192 asesorías externas durante 2023. Para esto gastaron 84,6 millones de pesos. Casi en su totalidad los cerca de 85 millones de pesos han ido a la Fundación Jaime Guzmán. El diputado Cornejo también ha solicitado asesorías del abogado Mauricio Droguett Silva.

Renzo Trisotti, diputado que renunció a la UDI pero permanece en la bancada, afirma que “el trabajo de la Fundación Jaime Guzmán es un trabajo absolutamente serio, integral y permanente. No solamente nos entrega informes diarios, sino que también hay un trabajo de especialización con la labor que nos toca desarrollar en cada una de las comisiones. Esto implica informes detallados, una asesoría permanente, un abogado a nuestra disposición para la elaboración y apoyo en todos los proyectos de las comisiones especiales”. 

En total, se gastaron 251 millones de pesos en asesorías externas en la Cámara Baja. De estos, casi 200 provinieron de la UDI y la tienda liderada por José Antonio Kast. El resto de los parlamentario que acudieron a esta herramienta son los RN Diego Schalper, Andrés Longton, y Sofía Cid, la PC Carolina Tello, la PPD Helia Molina, y del Comité Social Cristiano, Gonzalo de la Carrera.

El mecanismo de las asesorías externas y las solicitudes de la oposición

“Con cargo a este ítem se contratarán servicios profesionales y/o técnicos de carácter externo, para la realización de asesorías en diversas áreas destinadas a asistir al diputado en el ejercicio de su función parlamentaria. En ningún caso podrán financiarse con cargo a este ítem las asesorías de imagen, encuestas o estudios, así como cualquier otra asesoría que implique financiamiento directo o indirecto de actividades de campaña política, sean propias o de un tercero”.

Eso detalla el segundo párrafo del reglamento de asesorías externas que se encuentra publicado en el sitio web de la Cámara de Diputados y Diputadas.

El monto máximo a pagar por asesorías externas supera por poco el millón de pesos. En el caso de la UDI, gran parte de las asesorías se realizaron por un monto de 500 mil pesos por diputado. En algunos casos, diputados requirieron asesorías extras por otros 100 mil pesos. El diputado Jorge Alessandri en más de una ocasión solicitó dos asesorías por el monto de 500 mil pesos, alcanzado con eso el millón.

Los servicios prestados por el abogado Mauricio Droguett al diputado Eduardo Cornejo fueron por 550 mil pesos mensuales.

Los legisladores del Partido Republicano, en su gran mayoría, pagaron el máximo de $1.119.525 de pesos por las asesorías al think tank liderado por el ideólogo de la tienda política, Cristián Valenzuela. En otro casos, el monto desembolsado no superó los 600 mil pesos. Un diputado de la bancada explica que la cantidad se diferencia por el servicio de cada asesoría. En ese sentido, quienes pagan más no solo exigen el informe obligatorio de cada asesoría, sino que también acompañamiento en sesiones de Sala o de comisiones.

En el caso de las asesorías prestadas por la abogada Sofía Huneeus, se realizaron por un pago mensual de 592.940 pesos. Quien también acudió, aunque solo en septiembre, a una asesoría de la jurista, fue el diputado del Comité Social Cristiano e Independientes, Gonzalo de la Carrera. En total pagó 600 mil pesos por sus servicios.

El diputado Diego Schalper pagó mensualmente 500 mil pesos al centro de estudios de su partido, Instituto Libertad, por asesorías. Su compañero de bancada, Andrés Longton, pagó mensualmente $1.119.525 de pesos al excoordinador Nacional de Seguridad de la Macrozona Sur de Sebastián Piñera, Pablo Urquízar. 

El diputado Longton afirma que estas asesorías son claves para el trabajo en las comisiones y para la elaboración de proyectos de ley. “Siendo esta una de las labores principales que tienen los parlamentarios, es totalmente razonable que tenga un apoyo en esa área. Esa es una de las finalidades que tienen las asesorías externas”, sostiene.

La diputada Sofía Cid hizo lo propio, por el mismo monto, por las asesorías del director de contenidos del Instituto Res Publica, Álvaro Iriarte.

En total, estos tres parlamentarios solicitaron 31 asesorías, por las que pagaron 31 millones de pesos. El jefe de la bancada RN, Frank Sauerbaum, dice que si bien tienen un equipo de asesores fijo para todos los diputados del partido, en estos casos “deben ser temas específicos, que son más propios de sus labores parlamentarias, de las comisiones que pertenecen. Es conocimiento muy específico que quizás en la bancada hoy día no está”.

Las solicitudes en el oficialismo

Solo dos parlamentarias del oficialismo hicieron uso de las asesorías externas, según consta en la página web del Congreso. Una que acudió a este mecanismo a lo largo del 2023 fue Carolina Tello (PC), que contó con los servicios de la abogada Carolina Alcaide Garcés. El monto fue variando de acuerdo a cada mes, y en total la parlamentaria pagó poco más de 10 millones de pesos.

Dentro de los informes elaborados por Alcaide, se encuentra la redacción del proyecto para modificar la ley para sancionar a quienes agredan a dirigentes sociales en el ejercicio de sus funciones, presentado en mayo.

La otra legisladora que requirió asesorías externas fue la exministra de Salud, Helia Molina (PPD). En su caso pagó 9 millones de pesos en 2023 a la politóloga, gestora pública y docente de la UDP, Nicol Garrido Moreno.

“Es una cantidad bastante reducida, por lo cual uno tampoco puede contratar muchas consultorías porque cobran caro. Tengo una asesora externa que me apoya en el análisis de las leyes, en la estrategia política. Yo soy médico, no tengo una carrera política, ni soy abogado tampoco, como otros diputados”, afirma la diputada Molina sobre las asesorías.

¿Por qué solo algunos partidos solicitan asesorías externas?

En diferentes bancadas, tanto de oposición como oficialismo, coinciden en que no hay nada irregular en la práctica de acudir a asesorías internas. De todas formas, la mayoría prefiere concentrar el trabajo en asesores y abogados contratados de forma permanente para toda la bancada. En el Partido Socialista, por ejemplo, detallan que cuentan con equipos para asistir a todo el comité. En algunos casos los diputados contratan asesores dentro de su personal de apoyo, lo cuál también está regulado.

El diputado Sauerbaum afirma que “hemos decidido tener un modelo de trabajo en donde todos los profesionales del equipo están a disposición de todos los parlamentarios. Los diputados de RN tienen la asesoría permanente en el Congreso con los profesionales de la bancada. A esto agrega que con esto no es necesario tener asesorías externas, salvo en casos particulares.

Dentro de su bancada hay quienes discrepan con esta lógica. En esa línea postulan que siendo la bancada más grande del Congreso (22 diputados), no da abasto el equipo para todo el comité.

El jefe de bancada de Evópoli, Francisco Undurraga, afirma que todos los formatos, al estar regulados mensualmente, son legítimos. En esa línea postula que “me imagino que todos quienes tienen auditoría externa están cumpliendo con la norma. Nosotros tenemos una bancada en la cual compartimos asesores entre los distintos parlamentarios, y nos apoyamos mucho en la biblioteca del Congreso. Son sistemas distintos, ni uno es mejor ni peor que el otro”.