PDI acorrala al círculo de Virginia Reginato (UDI): acusa a exadministrador municipal de millonarios gastos en restaurantes y licorerías

Peticiones de cheque a su favor y fraude al fisco. Eso fue lo que detectó un informe de la Brigada de Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI), sobre el exadministrador municipal de la exalcaldesa Virginia Reginato (UDI), Claudio Boisier.

En el documento, manejado por la Municipalidad de Viña del Mar, liderado por Macarena Ripamonti (RD), la policía civil dio cuenta de irregularidades de Boisier, antiguo gerente de la Corporación Municipal de Viña del Mar (CMVM): montos del órgano los habría utilizado en fines privados.

“Desde el año 2015 hasta el año 2018, periódica y reiteradamente el exgerente presentó ante el Director de Finanzas o ante el departamento de Finanzas de la Corporación ‘rendiciones de cuenta’ por concepto de ‘valor a rendir‘ por sumas que indicaba en el memorándum interno que suscribía, solicitando el imputado que se emitiera un cheque a su favor“, señaló el informe.

Las indagaciones dieron cuenta que lo que rendía Boisier respondían gastos en salidas a restaurantes, licorerías e, inclusive, perfumería. “Se determinaron ‘gastos de representación’ que ningún otro gerente de la CMVM había rendido“, sostuvo la PDI. En ello, además de lo mencionado, añadieron el pago de patente de auto particular y de gastos en tiendas de ropa. La operación está avaluada en $17 millones.

Del mismo modo, la PDI aseguró que los actos no tenían “una finalidad pública ni justificación alguna para ser transferidos al imputado”. Además, acreditaron la evidencia de un fraude al fisco, junto con la observancia de una “especie de sobresueldo”.

Modificación del contrato y cambio de fórmula del pago de finiquitos

En tanto, sobre la exalcaldesa, la investigación también otorgó unos lineamientos. El municipio de Viña del Mar, tras la salida de Reginato, realizó dos demandas contra su persona. Una tenía que ver con el pago de cotizaciones, mientras que otra con el abultado finiquito que recibieron algunos funcionarios. Uno de ellos era el propio exadministrador.

La PDI determinó que el contrato de Boisier, que recibió como compensación un equivalente a 2.884 UF (más de $104 millones), fue modificado por la propia exlíder municipal. Ello lo sustentaron con los antecedentes que le brindó la parte querellante, o sea, el municipio. “Ella cambió el contrato del gerente para que él se enriqueciera de una organización en estado de déficit”, aseguraron desde la casa municipal.

No obstante, Reginato no ha sido formalizada por el Ministerio Público.

Antecedentes previos

Fue a comienzos de 2019 cuando la Contraloría General de la República emitió un informe de auditoría que afectaría al municipio de Reginato. El ente fiscalizador dio cuenta que la administración de la exalcaldesa de la comuna por 16 años tenía un déficit de más de $17 mil millones.

“Parte del déficit presupuestario se debía a deudas contraídas que no habían sido reconocidas ni pagadas oportunamente“, señaló la Contraloría en su informe. En el mismo contaron que en 2015, diferentes directores de control informaron a la alcaldesa y al concejo de la situación. No obstante, dicho déficit no se notificó en el presupuesto inicial de 2017 del municipio, pese a que había conocimiento.

A ese antecedente se sumó que en ese año se gastaron más de $5 mil millones en horas extras. En pago a honorarios, en tanto, el número ascendió a $7 mil millones. Ambas cifras sumadas equivalían al 43,2% de gastos en remuneraciones del municipio. En términos generales, el monto respondía casi a un 15% del gasto total de la municipalidad, superando, inclusive, al monto destinado en obras civiles.

Tales eventos fueron el inicio de los problemas de la gestión de Reginato. Pese a que fue electa como concejala tras dejar el sillón municipal, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) la sancionó, en 2021, por la resolución de la Contraloría. Ello significó que abandonase su puesto dentro de la municipalidad, así como también una inhabilitación de cargos públicos por 5 años.

Los problemas se acrecentaron con las demandas que Ripamonti hizo contra ella. Además, en todas también estaba apuntado Boisier, quien fue, en su momento, su mano derecha.