Ministro Carlos Montes: “Hay que poner mayores exigencias, los que son dueños del suelo dentro de la ciudad no pueden hacer lo que quieran”

Ad portas de la tercera cuenta pública del Presidente Gabriel Boric, el titular de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (78), destaca que de las 260 mil viviendas que prometió el Mandatario, ya existe una entrega de 117 mil soluciones habitacionales. Llegar a la meta, dice, aún se ve complejo y apunta sus críticas en una línea similar a la del jefe de Estado: el poco acceso a crédito que está disponiendo la banca.

Sobre la reconstrucción —la más reciente tras los incendios en Viña del Mar— asevera que en un país propenso a catástrofes de este tipo, debería institucionalizarse una manera de resolver el problema. “El Estado debería pensar otra manera cómo enfrentarlo, con un ministerio de la Reconstrucción quizás” y adelanta que no se reconstruirá de forma definitiva en ningún terreno propenso a nuevos riesgos.

A casi un año de que estallara el escándalo Democracia Viva, el ministro Carlos Montes reitera que tiene la convicción que “un grupo de gente joven en Antofagasta hizo todo eso para tener más recursos e influir en los procesos políticos“.

—A propósito del déficit de vivienda, hay ahora un terreno disponible en Cerro Colorado en Las Condes, y entiendo que un proyecto de vivienda social es una posibilidad que han estado barajando desde el ministerio. ¿Sería eso posible, con la experiencia que se tiene de los reparos que hubo con el proyecto de Rotonda Atenas?

—Reintegrar las ciudades es una cosa muy difícil (…). A la Rotonda Atenas, por ejemplo, todavía no llega la gente a vivir ahí. ¿Y cuántos años han pasado? Allí tiene que vivir gente diversa y para ello se requiere maximizar el uso del suelo sin que haya hacinamiento. Cerro Colorado es un ejemplo de eso. Este fue un acuerdo que se tomó hace muchos años, también con el exalcalde Lavín, que se les permitía estar ahí siempre y cuando en un plazo determinado se construyeran viviendas sociales y hubiese otra parte con un parque, con un lugar donde poder pasear y estar. Eso no cumplió ni el alcalde Lavín ni la alcaldesa actual. Nosotros le pedimos de vuelta los terrenos, porque es terreno Serviu para construir. Ellos dijeron que les diéramos una segunda oportunidad, pero todavía ese (proyecto) no empieza.

—¿Hay un plan con fecha para hacerlo?

—El tenis (que está ocupando los terrenos de Cerro Colorado en este momento) ya está en disposición a salir. Aquí lo que falta es que se constituya un acuerdo posterior, que se conforme un equipo entre el municipio y el Serviu, para diseñar y hacer un seguimiento del proyecto. La iniciativa debía estar en manos de la alcaldesa, pero lo que pasa es que como ahora no va a la reelección, el impulso va cambiando. Espero que el futuro alcalde o alcaldesa, quién sea, mantenga la idea de una ciudad integrada, no tan segregada como es Santiago. 

—Para integrar la ciudad, hay que tratar de invitar a la gente a moverse en torno a ella. Sin embargo, la gente que queda viviendo en proyectos sociales de las periferias como Cerrillos o San Bernardo, tiene problemas de conectividad. ¿Cómo se hace cargo de ello el ministerio en la construcción de viviendas sociales?

—Dentro de la OCDE, la ciudad que salió como más segregada fue Santiago. En países como Malasia, en cada edificio se obliga a que haya un tercio de cada nacionalidad (…). Hay normas de integración forzada también en el caso de Colombia y Brasil. Michelle Bachelet quiso hacer una integración de este tipo, como Colombia y Brasil, pero solo de un 5%. Eso generó un ruido muy grande. ¿Y qué se está haciendo ahora? Distintas cosas. La primera es tener un programa de integración, que significa que dentro de un mismo edificio vive gente de distintos niveles de ingreso. Eso ha funcionado. Lo otro, se ha buscado que las viviendas sociales no estén afuera de las ciudades, sino dentro, y se han buscado terrenos públicos o por comprar. 

—¿Hay terrenos suficientes dentro de la ciudad?

—Para este programa de gobierno sí estamos teniendo. Pero para una perspectiva más larga, se requiere un cambio de política mucho más profunda, porque en Chile se puede especular mucho con el suelo. No hay impuestos, no hay forma en que se desincentive especular con el suelo.

—¿Qué características tienen esos nuevos proyectos?

—Que tengan servicios: que haya transporte, salud, jardines. En Chile es absurdo que eso no exista con el nivel de ingresos que tenemos: 25 mil dólares per capita. Chile tiene los recursos para eso, los ha tenido hace mucho tiempo, pero una falta de organización del Estado para hacer todo simultáneamente. Estamos tratando de hacerlo en tres lugares: en Antumapu, Cerrillos y en La Platina. Ha sido difícil poner de acuerdo a los servicios, porque cada uno tiende a operar a su ritmo, pero vamos avanzando. Lo otro es que estamos tratando de buscar maneras de intervenir la ciudad por un lado. Si uno va al conjunto Lota Green (ubicado en Lota, Región del Bio Bio), tiene un estándar distinto, más moderno, con otros colores, otros edificios. Eso está al borde de la ciudad, al lado de la costa, pero igual enriquece mucho la ciudad. Son otras maneras de provocar transformaciones. 

—¿Cree que en este periodo se están cumpliendo las expectativas de cambio para Vivienda?

—Como gobierno tenemos la meta de entregar 260 mil viviendas en los cuatro años. Es harto, es difícil. ¿Cuántas llevamos ya entregadas? 117 mil, o sea el 45,2%. Tenemos en construcción 121 mil y tenemos listas para partir con los subsidios, planes y diseños, otras 83 mil. Creemos que vamos a cumplir, pero depende de algunos factores, como los créditos de los bancos. Además, queremos que se fortalezca el Estado, para que haya más planificación de la ciudad e integración, tener un banco de suelos para que hayan suelos con más anticipación, tener técnicas más industrializadas y modernas. Ya hay bastante avance en eso.

Carlos Montes y Democracia Viva: “Un grupo de gente joven en Antofagasta hizo todo eso para tener más recursos e influir en los procesos políticos”

—A casi un año de que estallara el escándalo Democracia Viva, ¿cómo se ha ajustado su ministerio para prevenir un nuevo caso de ese estilo?

—Hemos cambiado la institucionalidad completa, los reglamentos, la forma de trabajar. Ahora es mucho menos probable que ocurra, porque no hemos hecho nuevas entregas de proyectos a las fundaciones. No lo hemos hecho, mientras esto no “madure”. Por eso estamos trabajando en proyectos, reorientados hacia los Serviu, para mejorar la urbanización en aquellos campamentos. 

—¿Se está repensando la forma en cómo el Estado interviene en estos asentamientos precarios para no tener que apoyarse en los traspasos de dineros a las fundaciones? 

—El problema es que se confió que iban a ser todas las fundaciones muy serias, que las hay, pero otras, se aprovecharon de estos vacíos legales que habían. La capacidad de fortalecer el Estado en esto es fundamental. Los objetivos se mantienen, que es la orientación del trabajo con campamentos (…), que haya urbanización, que tenga más servicios internos, etcétera.

—¿Y las fundaciones?

—Aquí un grupo de gente joven en Antofagasta hizo todo eso para tener más recursos para influir en los procesos políticos de allá. Esa es la hipótesis que me he formado. A partir de lo cual se entra a revisar todo y se descubre que hay una organización institucional muy precaria, con mucho forado, que permitía hacer distintas cosas. Uno fue lo que hizo Democracia Viva, pero hay otras instituciones: en O’Higgins, por ejemplo, está la Fundación Arquiduc (…), que tampoco han rendido. En el caso de Democracia Viva, se han recuperado una buena cantidad de recursos, pero aún faltan 92 millones.

Préstamos del ministerio a las empresas inmobiliarias y constructoras

El domingo pasado, en el programa Estado Nacional de TVN, el ministro Carlos Montes se refirió a que desde hace años, el ministerio invertía cerca de $ 1.200 millones de dólares al año en créditos —sin intereses—para las empresas inmobiliarias y constructoras. Detalló que el sistema de ayuda e incentivo financiero para que las empresas cumplieran los tiempos de construcción de las viviendas sociales se cambió a uno de préstamos, de incluso 300 UF por proyecto. Hoy, aunque no son la gran mayoría, el ministro aseguró que “aún hay empresas bicicleteando”.

—¿Quién implementó este sistema de créditos sin intereses y préstamos?

—A alguien se le ocurrió que existiera un anticipo. A otra persona se le ocurrió que era mejor hacer un préstamo por cada vivienda que se iba a iniciar. Inicialmente, eran 300 UF por cada una y al contado. Cuando nosotros llegamos dijimos: ‘No, hay que entregarlas en dos cuotas’, porque habían empresas, las menos, que se dedicaban con estos recursos a hacer otros negocios, comprar suelos, en fin. No con el objetivo que era apurar la construcción de la vivienda.

—Antes explicó por qué no se pueden romper los contratos con las empresas. En Estado Nacional, dijo que significaría romper un proyecto que se demoraría mucho tiempo en volver a licitar. Que incluso hay empresas que tienen hasta 20 proyectos con el ministerio. ¿Cuál es la lógica y por qué se sigue aplicando hasta hoy?

—Esto ya está instalado, es difícil de desarmarlo en un año, requiere un ciclo mucho más largo y hay que reemplazarlo por otro sistema de financiamiento. Por ejemplo, ¿qué tienen los uruguayos? Un banco hipotecario que se dedica a estas cosas. En el caso de Chile, en el pasado, Banco Estado cumplía este tipo de roles. El ministerio no tiene que cumplir este rol por muchas razones, en particular, porque no tiene la especialidad en préstamos. Pero esas son parte de discusiones que se tiene que hacer para adelante. Uno aprende en la vida política que no todo se puede hacer en los tiempos que uno quisiera. Hay que concitar voluntades, mucha gente tiene que estar de acuerdo. 

—¿El Estado está perdiendo dinero?

—Perder es una manera de llamarlo. Lo que pas, es que hay un costo mayor para el Estado por cada vivienda, porque no cobra intereses en esos préstamos, entre otras cosas. Tiene que ver con el equilibrio estructural. Está “bajo la línea”, como lo llamamos, o sea, no aparece en el déficit fiscal. Tiene razones por las cuales se hace. Sin embargo, nuestro mercado de capitales es poco maduro, con poca profundidad, y no tiene capacidad de responder a necesidades como la construcción de las viviendas para las familias.

—Con ese contexto, ¿comparte la crítica a la banca que ha hecho el Presidente Boric por el acceso a crédito?

—Uno de los problemas del déficit de vivienda es el acceso. Y el acceso, a su vez, tiene que ver con el costo de la vivienda. Uno de los factores del costo es el suelo y el otro son los créditos. Hoy estamos con un problema especialmente con los créditos, porque los bancos se protegen mucho ante la eventualidad de una crisis, una crisis que no se produjo como esperaban. Hoy día cobran muchas tasas de interés por un lado y ponen muchas más condiciones. Es un tema que no se ha resuelto bien: los bancos tienen que dar préstamo, porque es parte de su función social, tienen que preocuparse de cuidar la plata de los que ahorran y tienen cuentas, pero también tienen que ayudar a que la sociedad y la economía se muevan.

—Los megacampamentos de inicio de los 2000 tenían características distintas a los que conocemos ahora. Algunos tienen derechamente estructura criminal. ¿Cómo se interviene esos asentamientos?

—Nunca la política de campamentos ha logrado resolver el tema. Por eso es bueno preguntarse: ¿Por qué surgen los campamentos? Surgen porque no hay acceso a la vivienda. La gente no tiene dónde vivir y busca algún lugar para sobrevivir. Vivir en un campamento no es fácil, es difícil. El riesgo que corren las familias y los niños no debería ser propio de una sociedad de $ 25 mil dólares per cápita. Una cosa es tener déficit y otra es tener a las familias viviendo en campamentos. O sea, aquí lo más importante es disminuir el déficit (…), producir más viviendas y de mejor calidad. Eso no lo hemos logrado. A la gente la enerva mucho, le da mucha rabia eso.

—¿Por qué se producen los campamentos? La explicación es que hay un déficit de acceso a la vivienda. Pero hay otra arista que usted ha mencionado, sobre la permisibilidad de las empresas. Estos terrenos que albergan campamentos o tomas como Nuevo Amanecer en Cerrillos, con 14 mil personas viviendo de forma ilegal, son 40 hectáreas que pertenecen a 10 empresas.

—En otros países, si hay un terreno desocupado, se le da un plazo a la empresa para que tenga que construir o hacer algo. Si no cumple el plazo, perentoriamente se le exige. Acá, ¿qué hemos hecho? Hemos creado dos tasas de sobreimpuesto para esto. Pero las empresas ganan tanto mensualmente que este impuesto no les significa mucho (…). Si uno va a la historia de esto, las empresas se demoraron mucho en denunciar que les habían tomado estos terrenos. Dejaron que existieran, pensando que el Estado tenía que hacerse cargo. Eso pasa en muchos otros lados, a veces en terrenos del Estado también, pero especialmente en terrenos de privados. Hay que poner mayores exigencias, los que son dueños del suelo dentro de la ciudad no pueden hacer lo que quieran.

Reconstrucción: “El Estado debería pensar otra manera cómo enfrentarlo, con un ministerio de la Reconstrucción”

—¿Qué mea culpa se puede hacer sobre la rapidez del proceso de reconstrucción en Viña del Mar después de los incendios?

—Si miramos la demora desde el punto de vista de la familia, es mucho. Ahí tenemos que buscar otra forma de movernos. Hacer 1.699 viviendas de emergencia para Viña del Mar, hacer las acequias, trasladar las casas, instalarlas y ponerles agua, es una cosa súper compleja. No hay una organización estatal, ni pública ni municipal para hacer esto. No lo había y no lo hay. Entonces todo esto se va creando sobre la marcha. Es difícil. ¿Qué se puede hacer? Hablaba con gente de otros lados que me decía que el cambio climático nos iba a provocar muchos problemas de este tipo permanentemente. Por lo tanto, la organización del Estado debería pensar otra manera cómo enfrentarlo, con un ministerio de la Reconstrucción quizás, que no solo tenga capacidad de responder a los problemas iniciales, sino que también vea la reconstrucción misma.

—¿Pero qué respuesta se les da a las familias? Pensando también en que se acaba de enfrentar un temporal que muchos damnificados tuvieron que sortear en viviendas de emergencia.

—La respuesta a los temporales tienen que ver con las medidas tempranas. El Bono de Acogida para que puedan arrendar en alguna parte. Todas las familias están con un Bono de Acogida, no todas han arrendado. Pero creo que la pregunta va respecto de qué hacemos con la vivienda definitiva. 

—Eso es más a largo plazo. ¿Se puede volver a construir en ciertos sectores afectados por el fuego?

—No se puede y no vamos a usar recursos públicos en ningún área de riesgo (…). Siempre las reconstrucciones son difíciles. Hay mitos también, se dice que en gobiernos pasados esto fue así o asá. Si nos ponemos a conversar y vemos los datos, la recuperación del terremoto fue compleja. Se construyeron viviendas sin recepción, no regularizadas. A ninguna autoridad que le toca participar en reconstrucción queda bien. Normalmente se critica a todas las autoridades. Pero es un desafío el hecho de que el país debería reconstruir institucionalmente como algo más generalizado y permanentemente.