Martín de los Santos, Karen Rojo y un irlandés del Cartel de Sinaloa: historias del auge de extradiciones que une a narcos, una exalcaldesa y fugitivos

El 8 de julio pasado, el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Fernando Carreño, envió el oficio reservado Número 148 al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, con una petición clara: iniciar todos los trámites legales con Brasil para obtener la luz verde respecto a la extradición del imputado Martín de los Santos. 

El empresario se fugó de Chile en medio de la revisión de su medida cautelar tras ser formalizado por golpear brutalmente al conserje Guillermo Oyarzún, durante la madrugada del 18 de mayo en un edificio de Vitacura. 

Tal fue la violencia, que la víctima quedó hospitalizada 16 días y perdió la visión del ojo derecho. Por eso, la Fiscalía Oriente y la familia de Oyarzún solicitaron modificar la libertad de De los Santos. Así, se fijó una audiencia para el 18 de junio. Como el caso estaba altamente mediático, el empresario pidió asistir de manera telemática apelando a motivos de seguridad, lo que fue autorizado. 

Pero lo cierto es que eso fue una maniobra del imputado para huir fuera de Chile. Un hecho que la policía solo pudo descubrir cuando el tribunal decretó la prisión preventiva del empresario y se percató de que estaba en Brasil y no en Pichilemu, donde había entregado una dirección para las notificaciones. 

Según registros de Interpol, De Los Santos compró un ticket para viajar a Florianópolis durante esa fecha. Y la sorpresa fue mayor cuando las autoridades cariocas reportaron que el imputado se había trasladado más de 1.500 kilómetros entre Sao Paulo y Cuiabá, donde finalmente fue detenido el 2 de julio pasado por la alerta roja que pesaba sobre él. 

El Ministerio Público dedujo que la intención de De los Santos habría sido llegar a Bolivia, pues fue apresado en el Estado de Mato Grosso, que colinda con dicho país.  

“Todo lo cual da cuenta que efectivamente el peligro de fuga ya no es un entelequia, sino que se concretó en actitudes y actividades concretas del señor De Los Santos, quien tiene recursos como para viajar fuera de Chile y mantenerse fuera para evadir la justicia”, dijo el fiscal Felipe Sepúlveda, al momento de solicitar la extradición. 

Con todos estos antecedentes, según fuentes de la causa, la Cancillería aceleró sus procesos y envió toda la información necesaria para que la justicia en Brasil inicie el caso de extradición normado por el tratado de Mercosur, cuyo acuerdo integran ambos países. 

De acuerdo a las reglas estipuladas, la Cancillería debía traducir al portugués todo el caso judicial de Martín de los Santos en Chile para activar la tramitación. “Nosotros ya entregamos todo, ahora depende de la justicia brasileña”, comenta una fuente que ha participado del proceso. 

En esa misma línea, Marlén Quintanilla, abogada del conserje Guillermo Oyarzún, dice que exigirán celeridad y que “mantendremos el seguimiento activo del caso, porque es fundamental que el imputado responda ante la justicia chilena”. 

Y no es menor la rapidez de esta primera etapa de la extradición de Martín de los Santos, pues según comentan en la Fiscalía Nacional, cada caso es diferente y puede durar años tener un resultado positivo. 

Por ejemplo, mencionan a la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo, quien se encuentra detenida en Países Bajos, en pleno proceso de extradición, tras lograr huir a Europa el 23 de marzo de 2022. Ese mismo día, la Corte Suprema confirmó la sentencia de cinco años de cárcel por delitos de corrupción. 

Para la Unidad de Cooperación Internacional (Uciex) del Ministerio Público, este caso ha sido todo un desafío, pues Chile no mantiene tratados de extradición con Países Bajos, lo que habría explicado el plan de fuga de la exedil nortina. 

Pero, a pesar de ello, lograron iniciar un requerimiento internacional al invocar el tratado aplicable de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción firmado en 2003, en el que se puede pedir la extradición de una persona vinculada a ese tipo de delitos. 

Karen Rojo fue condenada por fraude al fisco vinculado a irregularidades de $26 millones que cometió durante su gestión municipal entre 2014 y 2016. Por tanto, con estos antecedentes, se abrió el caso de requerimiento internacional con Países Bajos, donde aún se espera una decisión. En esa espera se ha mantenido la ex jefa comunal, quien está detenida en una cárcel de Utrech. Ahí, de acuerdo a informes de sus custodios, ha presentado buen comportamiento. 

Esos mismos escritos se han presentado en Chile por sus abogados para solicitar que la pena de cinco años de cárcel sea modificada por una condena en libertad, atendiendo los tres años que lleva recluida en Europa. Sin embargo, la Corte de Apelaciones rechazó esa petición. 

En esa línea, sólo queda esperar una resolución de Países Bajos. Y frente a lo largo que ha sido este proceso, en la Uciex señalan que cada las leyes son distintas en cada nación y eso puede retrasar bastante los fallos de estas instancias. 

“Cuando una extradición activa sale de Chile al otro Estado, a través de la comunicación diplomática de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, puede tardar meses e incluso más de un año en ser juzgada”, asegura Francisco Andaur, abogado asesor de la Fiscalía Nacional, quien detalla que el promedio por causa es de un año y medio mínimo, aunque existen procesos que se han logrado en seis meses. 

Alza de extradiciones por crimen organizado más allá de Karen Rojo y Martín de los Santos

Larry Amaury Álvarez Núñez fue uno de los primeros ciudadanos venezolanos que entró en el horizonte de la Fiscalía de Iquique cuando recién se comenzaba a investigar al Tren de Aragua en Chile. El criminal, también conocido como “Larry Changa”, es sindicado como uno de los fundadores de la organización en el país, cuyos tentáculos comenzaron a operar en la Región de Tarapacá mediante una red de tráfico de drogas, secuestros, comercio sexual y sicariatos. 

El imputado estuvo en Chile entre 2018 y 2022, cuando huyó a Colombia, desde donde mantuvo el liderazgo de las otras facciones del Tren de Aragua y la coordinación para el envío de las ganancias obtenidas de las extorsiones y el tráfico. Por esto, fue formalizado en ausencia por la Fiscalía en Iquique, lo que posibilitó su captura en julio de 2024. 

La semana pasada, la Corte Suprema de Colombia dio luz verde a la extradición, por lo que “Larry Changa” enfrentará a los tribunales chilenos por primera vez. Esta instancia también permitirá a los investigadores determinar el grado de participación que habría tenido en el secuestro con homicidio del ex teniente venezolano Ronald Ojeda.

Este triunfo para el Ministerio Público es positivo, pues 2024 fue un año intenso en materia de extradiciones, las cuales en su mayoría están vinculadas al crimen organizado. Desde 2021 a la fecha, se han solicitado 276 casos. Y sólo el año pasado se anotaron 101 procesos, representando un aumento de 90% en comparación con 2023. 

”Hemos concretado diversas solicitudes de extradición contra importantes líderes, contabilizando entre 2024 y 2025 un total de 19 solicitudes en casos de crimen organizado. Se han logrado avances significativos en algunos casos”, asegura a The Clinic, la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, cuya jurisdicción lidera estas instancias.  

El cara y sello de “Los Pulpos” y el “Capo” de Sinaloa 

Mientras caminaba por el centro comercial Mall Aventura Plaza, de la ciudad de Trujillo, Lizeth Aguilar Chigne, de 33 años, fue detenida por un sigiloso operativo de la policía peruana, en marzo de 2024. 

Dos meses antes, la mujer había participado en una operación de la banda “Los Pulpos”, de origen trujillana, en medio de la fiesta de año en la discotec “Mi Gente Vip”, de calle Einstein, en la comuna de Recoleta. 

La “Gringa” como es conocida en el mundo criminal de su país habría suministrado el arma para ejecutar a dos de sus compatriotas que disfrutaban de la celebración. Según la investigación, los asesinatos estarían asociados a extorsiones fallidas por parte de “Los Pulpos”. Las víctimas se habrían negado a pagar el “precio” fijado por la banda. 

De acuerdo a testigos, se escucharon seis disparos que por unos momentos se confundieron con la música de año nuevo. Hubo seis heridos y dos personas fallecidas.

La mujer, especialista en extorsiones, fue identificada rápidamente por un equipo ECOH que logró generar una notificación roja de Interpol, la que fue ejecutada por la policía peruana que también seguía sus pasos dado su alta jerarquía en la organización. 

“La caída de esta mujer es un duro golpe para Los Pulpos”, dijo el coronel Ricardo Espinoza, jefe de la División de Homicidios en Perú, tras informar la captura de la imputada. El uniformado agregó que si bien esta banda es de Trujillo, han logrado exportar el modelo de criminalidad hacia Chile. 

“Los Pulpos son un clan familiar de sangre y afinidad. Salieron de Perú para no volver. Sus acciones son transnacionales”, reveló Espinoza en un reportaje de América Noticias. 

La “Gringa”, según la investigación, días antes había realizado advertencias a las víctimas. Si no pagaban la cuota, serían ejecutados. Lo que ocurrió esa noche de Año Nuevo.

Tras el crimen, huyó a Perú. Allí se estableció en Trujillo tras pasar por pasos clandestinos. La coordinación entre policías locales y chilenas, permitieron su captura y posterior arribo a Santiago para enfrentar el juicio por el doble homicidio. 

La peligrosa criminal cumple prisión en la cárcel de San Miguel, donde ha tenido dos sanciones de Gendarmería por una riña entre internas y por el hallazgo de un celular en su celda.  

“El principal impacto que se ha visto es la naturaleza de los delitos por los cuales se pide la extradición. Teniendo un aumento significativo los hechos más graves como el homicidio”, señala Francisco Andaur, abogado asesor de la Uciex, de la Fiscalía Nacional. 

El caso de Aguilar Chigne fue exitoso y corrobora la cooperación que existe entre Perú y Chile por acuerdos firmados desde 1932. Sin embargo, hay otras causas relevantes que no han tenido el avance esperado. 

Una de ellas corresponde al irlandés Morris O’Shea Salazar, individualizado como uno de los “capos” del Cartel de Sinaloa y cercano al “Chapo” Guzmán, quien lideró una facción de la organización en Chile para instalar sus operaciones de narcotráfico.  

El imputado operaba desde España y su misión era abrir una puerta de salida, vía marítima y aérea, desde Iquique para enviar la mercancía obtenida en Bolivia hacia Europa. Para ello, usó como punta de lanza a su tío Ricardo Salazar y después a su propia madre Yolanda Salazar con el objetivo de abrir el mercado en Sudamérica. 

Y no se trataba de cualquier integrante del Cartel de Sinaloa. Los hermanos Salazar Tarriba eran familiares directos de María Alejandrina Salazar, la primera esposa de Joaquín Guzmán, quien hoy cumple prisión en una cárcel de Nueva York, en Estados Unidos. 

Todos estos movimientos fueron alertados por la DEA a la Policía de Investigaciones, cuyo organismo determinó de inmediato crear un equipo secreto de agentes encubiertos para infiltrar al Cartel del “Chapo”. Así, bajo el nombre ficticio de “Andrés Marioni”, un detective logró desbaratar esta red mexicana que tenía como base la comuna de Alto Hospicio para almacenar la cocaína boliviana que tenía como destino final Países Bajos y España. 

Los primeros en caer fueron los hermanos Salazar, quienes fueron detenidos en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez en marzo de 2021, minutos antes de abordar un vuelo a México. Al parecer, habían recibido la orden de abortar, pero la PDI alcanzó a frenar la fuga.

En forma simultánea, un equipo de la Guardia Civil en Madrid, encabezado por un agente encubierto apodado “Zamorano”, intentó cazar a Morris O´Shea, pero no tuvieron éxito. Según la investigación, el jefe narco fue alertado y logró escapar a Culiacán, donde funciona el corazón del Cartel de Sinaloa. 

Por esta razón, en 2023, la Fiscalía de Iquique formalizó en ausencia al ciudadano irlandés y solicitó su extradición a México, tras obtener información que el narcotraficante estaría en ese país bajo la protección de los “Chapitos”, como llaman a los hijos de Joaquín Guzmán, quienes quedaron al mando de las operaciones. 

“La ejecución de estos procesos de extradición es crucial para la lucha contra el crimen organizado, ya que permite la persecución penal de individuos que operan a nivel transnacional (…) La cooperación internacional en estos casos es fundamental para fortalecer la justicia y garantizar que los responsables sean juzgados de acuerdo con la ley, sin importar su ubicación”, sostiene Trinidad Steiner, fiscal regional de Tarapacá. 

El rechazo de Nueva Zelanda que cambió una ley en Oceanía 

De los cuadernos de extradición que han pasado por la Fiscalía Nacional, el requerimiento del neozelandés Zachary Reuben Ward es siempre recordado, a pesar de que su país la rechazó. 

El imputado extranjero fue acusado de maltrato animal reiterado al dirigir una cuadrilla cuando era gerente de producción de una compañía lechera en la Hacienda Coihueco, en Puerto Octay, en Los Lagos. El Ministerio Público le imputó ejercer crueldad extrema en contra de unos 1.500 terneros en el sur de Chile.  

Según la formalización en ausencia, Ward degolló y golpeó con objetos contundentes como martillos y palas a estos animales, además de mantenerlos encerrados sin alimentación hasta provocarles la muerte. Estas atrocidades fueron constatadas por testimonios de los propios empleados y por registros audiovisuales que revelaron el actuar del neozelandés. 

Si bien estos hechos ocurrieron en 2012 y 2013, la Fiscalía de Río Negro recién imputó estos delitos en 2019 al pedir su extradición, pues en 2014, Zachary Reuben huyó de Chile al ser desvinculado de la empresa lechera tras reconocer sus actos de maltrato animal. 

Así, los antecedentes llegaron a los tribunales de Nueva Zelanda por medios diplomáticos, pero después de dos años de tramitación, el país oceánico rechazó el requerimiento. Y no por descartar las imputaciones, sino porque no se cumplían las normas internacionales para autorizar el proceso. 

De acuerdo a la Fiscalía Nacional, deben cumplirse algunas máximas para obtener la luz verde. Por ejemplo, que la pena que se expone el prófugo sea mayor a un año de prisión y que exista el concepto de la doble incriminación. Es decir, que el delito que se persigue cumpla con el mismo estándar tanto en Chile como en el país que se exige la extradición. 

Y en este caso la segunda norma no ocurría, pues el maltrato animal no era considerado un delito en ese país. Una situación que informó el Ministerio de Justicia de Nueva Zelanda mediante una nota diplomática al Ministerio Público en julio de 2022. “Habiendo considerado la solicitud, se ha decidido rechazarla dado que no cumple con las exigencias legales necesarias”, sostuvo la carta firmada por Edrick Child, asesor legal adjunto del gobierno oceánico. 

Pero no todo fue una derrota. Y por eso este requerimiento es destacado en la Fiscalía Nacional. Al final de la nota diplomática se informó que Nueva Zelanda tuvo que cambiar su legislación sobre maltrato animal por el impacto que generó este caso en la isla. 

“Si le sirve de consuelo, el caso que involucró al señor Ward cambió la ley de Nueva Zelanda en 2014 y 2016 para dejar en claro que el trauma por fuerza contundente ahora es ilegal y no tiene cabida en la industria láctea”, detalló Child en el escrito. 

Por ahora, en la Uciex trabajan intensamente en los casos abordados en este reportaje como Martín de los Santos y Karen Rojo. Pero también no pierden de vista los requerimientos tramitados en las Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel e Iquique, asociados principalmente a bandas de crimen organizado, cuyas identidades se mantienen bajo siete llaves para no frustrar las operaciones de captura en el extranjero.