Presupuesto 2026: la primera vuelta se juega en el Congreso

La discusión presupuestaria, que en cualquier democracia moderna suele ser un momento de tensión entre oficialismo y oposición, en Chile adquiere en este ciclo electoral un carácter aún más decisivo: se transforma en la arena simbólica y programática donde se enfrentan las candidaturas presidenciales. En este sentido, el Presupuesto 2026 no es solo un instrumento técnico de asignación de recursos, sino también una plataforma política en la que se juegan narrativas de continuidad, cambio y viabilidad de las promesas electorales.

El anuncio de un aumento en un 1,7% del gasto público, y que se proyecta un déficit fiscal de 1,1% del PIB, unido a la eliminación de la llamada “glosa presupuestaria”, fueron presentados por el Presidente en cadena nacional como los ejes de su propuesta. La puesta en escena no es un dato menor: en un país donde la política ha perdido capacidad de convocatoria, la cadena nacional se convierte en una herramienta de comunicación privilegiada.

El problema es que la oposición la ha interpretado como un acto de intervencionismo electoral, más aún cuando el Mandatario calificó de “irresponsable” el plan de recorte fiscal de la oposición sin mencionar nombres, pero apuntando claramente a los programas de sus adversarios.

Aquí emerge el primer marco analítico: la literatura sobre “ventaja del incumbente” (incumbency advantage). Como lo ha mostrado David Mayhew en su estudio sobre el Congreso de EE.UU., quienes ejercen el poder suelen capitalizar el acceso a recursos y visibilidad institucional para proyectar su legado y debilitar a sus contrincantes.

En Chile, el uso de la cadena nacional en contexto electoral se ha convertido en un terreno de disputa recurrente: recordemos los reclamos opositores a Michelle Bachelet en 2013 cuando utilizó el presupuesto para reforzar la agenda de protección social, o las críticas a Sebastián Piñera en 2021 cuando presentó aumentos de gasto en pensiones y salud en pleno año electoral.

El segundo marco necesario para entender este conflicto es la noción de “presupuestos como contratos políticos” desarrollada por Aaron Wildavsky. El presupuesto no solo organiza cifras: distribuye poder, fija prioridades y establece límites. De ahí que en contextos electorales se convierta en una especie de anticipo del programa de gobierno en disputa. La candidata oficialista Jeannette Jara puede leer en la propuesta presidencial un respaldo implícito a su candidatura: continuidad con matices. Mientras tanto, la oposición percibe que el Presupuesto 2026 condiciona su espacio de acción futura y busca deslegitimarlo presentándolo como fiscalmente insostenible.

Un tercer elemento es el estilo comunicacional del Presidente. En lugar de limitarse a un tono técnico, optó por interpelar directamente a quienes plantean recortes de seis mil millones de dólares sin detallar de dónde provendrían. Esta performance refuerza la idea de que el presupuesto se ha convertido en un “arma arrojadiza” de la campaña, no solo en un documento de política fiscal.

La acusación de intervencionismo electoral no es solo retórica: expresa la incomodidad opositora con un oficialismo que intenta jugar en dos planos, el de la gestión y el de la campaña.

El panorama económico añade más tensión. Con un crecimiento modesto y señales de desaceleración, el debate sobre el gasto fiscal se vuelve aún más sensible. Los electores tienden a evaluar a los gobiernos salientes por su manejo económico, como lo muestran estudios clásicos de Morris Fiorina sobre “retrospective voting”. En este sentido, la apuesta presidencial busca instalar la idea de responsabilidad frente a la “irresponsabilidad” opositora, construyendo un relato de resguardo frente a la incertidumbre.

La historia reciente sugiere que este escenario puede marcar la campaña de manera decisiva. En 2009, la discusión presupuestaria se entrelazó con la recta final de la candidatura de Eduardo Frei, reforzando la crítica de la oposición sobre el “agotamiento” del ciclo concertacionista. En 2017, los énfasis en gratuidad universitaria y políticas de género en el presupuesto de Bachelet fueron leídos como un intento de condicionar el terreno para la candidatura de Alejandro Guillier. En 2021, los retiros de fondos previsionales y la expansión del gasto público pusieron a Sebastián Sichel a la defensiva frente a Gabriel Boric, que se presentó como más sintonizado con la demanda ciudadana.

Hoy, la historia parece repetirse bajo nuevas condiciones: voto obligatorio, polarización afectiva y un electorado volátil que se mueve menos por lealtades ideológicas que por percepciones de responsabilidad, certidumbre y estabilidad. En ese marco, la discusión del Presupuesto 2026 no solo será un trámite legislativo, sino un anticipo de la elección presidencial.

Al final del día lo que está en juego, no es únicamente cuánto gasta el Estado, ni en qué lo hace. Es el relato de futuro que se intenta instalar en un país fatigado por las expectativas que no se cumplen sobre la marcha económica y política. La arena presupuestaria se convierte así en un espejo de la disputa electoral: oficialismo y oposición pelean por apropiarse del lenguaje de la responsabilidad fiscal, la justicia social y la viabilidad de sus promesas. La pregunta es cuál de los dos relatos logrará sintonizar mejor con ese votante obligado que, en noviembre, definirá la elección.