Tensión entre Gobierno y republicanos por “amarre” de funcionarios públicos no cesa y partido apuesta por que La Moneda retire la indicación

El reajuste del salario del sector público continúa siendo un factor de conflicto entre el Gobierno y el Partido Republicano, tienda en la que milita el presidente electo, José Antonio Kast.

Si bien en el actual partido opositor no ha tenido conflicto con el aumento de 3,4% que recibirán los empleados públicos durante 2026, sí han expresado su molestia por las normas incluidas en el proyecto de ley, que contemplan lo que han llamado un “amarre”: en una parte de la propuesta se señala que la no renovación de personal a contrata “se realizará únicamente mediante acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables, sin que baste la mera referencia formal a necesidades del servicio sin respaldo fáctico y específico“.

Además, en el mismo proyecto se sostuvo que funcionarios que tuviesen al menos dos años de servicios continuos en el aparato público podrán reclamar “vicios de legalidad con ocasión de la no renovación de su designación, o su renovación en condiciones distintas“, asuntos que deberán ser resueltos por la Contraloría, a pesar de que desde la administración de Dorothy Pérez se trasladó esa discusión hacia los tribunales de justicia, lo que generó un reclamo oficialista en su momento, particularmente del Partido Comunista (PC).

La situación ha provocado indignación en los republicanos los que, tras la victoria de Kast en las urnas el 14 de diciembre, han sostenido una relación cordial con el Ejecutivo. “Es lamentable ver cómo el Gobierno sigue insistiendo en algo que le ha hecho daño a la economía del país”, sostuvo Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, la mañana de este lunes en Radio Infinita.

Hurtado relató que actualmente en la composición del Estado hay “cargos fantasmas” y que existen funcionarios los cuales sus compañeros “ni siquiera los conocen, y están cobrando su sueldo a fines de mes. Es lamentable ver esta política de seguir financiando a los amigos”.

Es por aquello que Hurtado dijo que le han pedido que el Gobierno “recapacite” y han llamado a que los propios funcionarios “que ni siquiera están haciendo su trabajo, se retiren de manera voluntaria” del Ejecutivo con la administración entrante.

La integrante de la directiva republicana reveló que han existido reuniones con el Ejecutivo a través de los diputados de la bancada del partido. “Las distintas presidencias de la oposición están colaborando en esto”, sobre lo cual sostuvieron llegar a un acuerdo en esta materia.

En ese sentido, Hurtado expresó que esperaba que el Gobierno “retire la indicación”, y que si en La Moneda no respondían de esa forma, contaba con el Congreso rechazara la norma. “Esperamos ahí que al menos prime la decencia en cuanto a resguardar los intereses públicos de todos los chilenos”, manifestó.

Además, señaló que junto al resto de partidos de oposición están conversando y se está llegando a un acuerdo con que “es un abuso lo que se está haciendo, en cuanto a dejar este amarre”. En lo mismo, se refirió a las declaraciones que confirió el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, quien sostuvo el domingo —en Canal 13— que “hablar de amarre es ser demasiado condescendiente. Esto es la corrupción institucionalizada”.

“Uno hace un llamado al sentido común, a la responsabilidad”, secundó Hurtado, quien pidió al Gobierno que “por fin en estos poquitos meses que quedan, hagan las cosas bien y no solo pensando en ellos”.

La defensa de La Moneda: “Parece más discurso de campaña que de gobierno electo”

En el Ejecutivo, durante esta jornada, se refirieron al tema. Fue la ministra Segpres, Macarena Lobos, quien abordó el asunto, sobre el que dijo que “se ha hecho un mal encuadre respecto de este tema de lo que se ha denominado ‘ley de amarres'”.

Lobos quiso marcar como punto que lo establecido en la norma cuestionada “es que es la posibilidad (de desvinculación), no de que no se desvincule personal, sino que sea justificado y que efectivamente sea una acto motivado”.

Junto con referirse a temas técnicos, la ministra defendió que, de remover la indicación, se “cristaliza unas normas que hay un cierto consenso al respecto, porque son instructivos que han repetido los ministros de Hacienda desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet interrumpidamente”, incluyo el mandato del expresidente Sebastián Piñera.

Asimismo, Lobos cuestionó el término “amarre” sobre la ley de reajuste del sector público, la que consideró que no era “ajustado a la realidad establecer ese tipo de concepto”.

“Uno esperaría, y fue parte de la conversación que sostuvimos con el presidente electo… esto parece más, este discurso y este encuadre, como de campaña que de gobierno electo y en ejercicio, que fue la conversación que tuvimos”, cerró, a siete días de haberse reunido con Kast en el Palacio de La Moneda.