Con un rol activo del Estado: el modelo brasileño que el futuro ministro Quiroz busca replicar para agilizar la evaluación ambiental y crecer al 4%

Ente las diversas medidas que ha adelantado el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para alcanzar el crecimiento de 4% que proyecta para el último año del próximo gobierno, una apunta a agilizar los procesos de evaluación ambiental para proyectos considerados estratégicos. ¿Cómo? Emulando el modelo que actualmente rige en Brasil.

Así lo explicó el economista en entrevista con DFMAS el fin de semana pasado, cuando mencionó que “hay un proyecto de ley que tenemos que socializar con los legisladores durante febrero, y que consiste en emular la práctica que hay en Brasil”.

“En ese país, cuando una empresa obtiene una RCA está autorizada para iniciar su inversión, y si alguien reclama es el Estado el que litiga. Y si después hay un problema, es el Estado el que responde ante el litigante. Este es un cambio legal, pero que busca hacer funcionar el Sistema de Evaluación Ambiental sensatamente”, dijo Quiroz.

La lógica detrás del modelo de evaluación ambiental brasileño

La lógica detrás de este modelo es que la evaluación ambiental y la aprobación de los proyectos constituyen una decisión de política pública que debe ser respaldada por la autoridad. Con esto, se busca dar mayor certeza a la inversión, reforzar la institucionalidad ambiental y evitar que iniciativas ya evaluadas queden paralizadas por falta de respaldo estatal frente a una eventual judicialización.

De este modo, lo que buscaría la nueva administración es que, una vez aprobado un proyecto y otorgados los permisos de las distintas entidades públicas involucradas en los procesos de evaluación ambiental, la defensa de esa autorización en una eventual instancia judicial no recae exclusivamente en el privado, sino que el Estado asumiría un rol activo y también participaría.

Hermann González, coordinador macroeconómico de Claples UC, señala a The Clinic que “una de las prioridades del próximo gobierno será destrabar y acelerar proyectos de inversión, esto con el propósito de que Chile recupere el atractivo para inversionistas locales y extranjeros que, durante los últimos años, han optado por hacer parte de sus inversiones en otros países”.

“Es necesario que esto ocurra al mismo tiempo que se concreta el ajuste fiscal para atenuar el impacto sobre el PIB. A su vez, es necesario avanzar con medidas administrativas porque su implementación es más rápida que los proyectos de ley, como la reforma tributaria, que tomará más tiempo en aprobarse”, añadió.

Por su parte, Santiago Truffa, académico del Centro de Estudios Inmobiliarios de la Escuela de Negocios ESE de la Universidad de Los Andes, considera que “para crecer al 4% lo que hay que hacer es recuperar la inversión. Y uno de los motivos que frenan la inversión es todo el proceso de la permisología (…), son procesos que tardan mucho tiempo, que no siguen criterios muchas veces homogéneos, que tienen una incertidumbre regulatoria, que yo creo que debiésemos ser capaces de disminuirla en dos sentidos”.

“Uno, que el proceso funcione más rápidamente, y para ello hoy por hoy se puede ocupar tecnología para avanzar en esa línea. Pero también, en lo segundo, para restar incertidumbre en los procesos de revisión, estos se tienen que centralizar y tienen que seguir criterios que sean técnicos y transparentes, por organismos que sean técnicos y transparentes”, acota Truffa.

Con todo, el académico prevé que el proceso será complejo, ya que “hacer cambios a la institucionalidad y cómo opera el Estado es una cosa que es gigante. Hay bastante optimismo y ojalá que se avance con esa convicción para que lo puedan lograr, o para que puedan avanzar al menos, pero yo creo que la tarea es titánica”.