aborto legal
Una vez más los derechos de las niñas chilenas han sido violados. Indignación y rabia nos produce nuevamente la noticia de una niña de 13 años violada, con un embarazo de 36 semanas y un feto inviable. El año pasado el caso Belén también conmovió al país, siendo violada sistemáticamente por padrastro, situación conocida, avalada y luego defendida por la madre de la menor, que solo denunció la abuela cuando el estado de gravidez era ya evidente. ¿Hasta cuándo? se han preguntado miles de chilenas y chilenos.

Según datos del Ministerio Público del 2010 en Chile, un promedio de 17 personas son violadas diariamente y 34 son víctimas de otros abusos sexuales. La información indica, además, que de las 52 víctimas que estos delitos dejan diariamente, 38 son menores de edad. Estas situaciones nos llevan a pensar qué tipo de sociedad estamos construyendo, una sociedad que no protege a niñas y niños del maltrato y de violaciones, de situaciones de abusos a que son sometidos, a pesar de que el Estado chileno ratificó la Convención de los Derechos del Niño.

Diversas investigaciones desarrolladas en Chile y en América Latina plantean la necesidad de legislar en este país. El aborto terapéutico es una deuda democrática de los gobiernos de la Concertación, del gobierno pasado de la derecha y del actual gobierno de la Nueva Mayoría, a quienes no les ha importado el sufrimiento de adolescentes y mujeres, pues sólo un pequeño grupo de legisladores han sido capaces de alzar la voz. Sin embargo, el conservadurismo en estas materias les impide legislar.

Al aborto lo han llamado tema “valórico”, ¿por qué antes no fue llamado así?; tuvimos aborto terapéutico desde 1939 hasta 1989 y hombres de la dictadura decidieron por nuestros cuerpos y, al retorno de la democracia, los gobiernos sucesivos fueron incapaces de dar cumplimiento a los acuerdos y llamados de atención internacionales. A mi juicio lo nombran valórico porque existe una tensión impuesta por una ola conservadora y fundamentalista que viene de la década del 70, olvidándose que el Estado se separó de la Iglesia en nuestro país en 1925, año de la última Constitución elaborada en un periodo democrático y no entre cuatro paredes y sin participación ciudadana.

De lo que se trata es de garantizar el derecho a decidir que tenemos los seres humanos, incluidos las niñas y los niños. Este derecho es un acto básico de la democracia, es una acción que tiene un componente individual y también colectivo. Cerca de un 80% de las violaciones sexuales se producen en contextos intrafamiliares, ya sea por familiares o personas cercanas a la familia. Lo que está en juego es su proyecto de vida y también la de su familia.

Por lo anterior la noción acuñada por los países del mundo bajo tratados, acuerdos internacionales sobre los derechos sexuales y reproductivos implica refundar la relación entre lo público y lo privado. Se definen como derechos y libertades fundamentales que corresponden a todas las personas, sin discriminación, y que permiten adoptar libremente, sin ningún tipo de coacción o violencia, una amplia gama de decisiones sobre aspectos consustanciales a la vida humana como son la sexualidad y la reproducción, implica además contar con información y acceso a los servicios y medios que se requieren para ejercer estas decisiones

Mientras tanto, y en un contexto de promesas presidenciales y parlamentarias, mujeres y niñas chilenas siguen siendo abusadas sexualmente y terminan con un embarazo no deseado. Se han escudado en consignas y valores que suponen, autoritariamente, de observancia universal, sin atender a la diversidad cultural propia de una sociedad compleja y moderna.

Como Corporación Miles hemos apoyado algunos de estos casos y seguiremos haciéndolo. Estas situaciones sólo se sintetizan en una frase: el Estado de Chile una vez más ha vulnerado un derecho básico de las ciudadanas: el derecho a elegir.

*Directora Corporación MILES Chile.