Este lunes se dio a conocer que el Gobierno del saliente presidente Sebastián Piñera mandó un decreto que permitiría que los funcionarios pudiesen eliminar el contenido de sus correos electrónicos. Este fue salió publicado el 27 de febrero en el diario oficial, pasando así a llevar el reglamento promulgado en el periodo de Ricardo Lagos que establece que aquella información debía permanecer por, al menos, seis años.

Este nuevo decreto derogaba el nº 77 que establecía que aquella información debía permanecer durante un periodo de tiempo determinado en poder del nuevo gobierno, el cual dice que “con la finalidad de asegurar la constancia de la transmisión y recepción, los órganos de la administración del Estado que hagan uso de medios de comunicación electrónicos, deberán conservar los registros de estas comunicaciones por un período de tiempo que no podrá ser inferior a 6 años”.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, salió a defender esta nueva normativa, asegurando que esto regiría solo para los correos particulares de los funcionarios, no así para los laborales. “Es una materia que fue hace tiempo sustanciada por el tribunal constitucional, la Corte Suprema y la Contraloría General de la República ya hicieron la distinción entre los correos que son de carácter público y funcionario, de lo que es evidente, lo que son correos de carácter particular” sostuvo Chadwick, para así no ser blanco de “ningún tipo de crítica ni menos alguna situación de controversia”.

De la misma forma, Piñera aseguró que “los correos personales, son personales, pero todo lo que es oficial queda”. Desde La Moneda añadieron que “hemos hecho el esfuerzo de entregarle al próximo gobierno toda la información. Los ministros entregarán toda la información necesaria para que el próximo gobierno pueda gobernar sobre bases sólidas”.

Desde la oposición no demoraron en aparecer críticas, siendo uno de ellos el nuevo vocero de la Nueva Mayoría, Jaime Quintana, quien comentó que aquello le parecía una nueva “Piñericosa” del presidente. El senador dijo que se encontró con que “es un decreto, que lo que hace es llamar a los funcionarios a borrar los correos y a terminar con años de transparencia y como lo han establecido organismos, precisamente ligados a la transparencia. Si no hay nada que esconder, no hay nada que borrar, ese el llamado que le hacemos al Presidente”.

“El Presidente Piñera debió ayer haber hecho un mensaje explícito a sus funcionarios de confianza a hacer lo que se hace en democracia, y lo que se hace en cualquier país serio, con condiciones serias, es que el mandatario llame a los funcionarios de confianza a abandonar los cargos y no a darles vacaciones justo a partir del día de hoy”, finalizó el presidente del PPD.

Incluso desde la misma Alianza salieron voces a decir que el decreto podría “producir daños inesperados y no buscados”. Hernán Larraín, de la Unión Demócrata Independiente, quien luego afirmó que “este es un problema que se debe asegurar porque la correspondencia institucional de una repartición pública es de propiedad de los ciudadanos, tienen acceso a ella y está sometida a la Ley de Transparencia”.

Finalmente fue el Ministerio Público el que frenó el decreto, ya que existía la posibilidad que se borrara información que fuese parte de alguna investigación, lo que incluso sería un delito. El oficio fue enviado a Mahmud Aleuy, el primer integrante del nuevo gobierno que asumió el pasado viernes como subsecretario del Interior.

Luego de que esto se diese a conocer, la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, comunicó que siendo aquella una orden judicial “se tiene que respetar y que nosotros acogemos”. Además defendió el decreto asegurando que este solo permitía “borrar correos personales, no así correos que contengan información que sea necesaria para el ejercicio legítimo, válido de cada uno de los ministerios”.

Pérez luego añadió que “los funcionarios que asuman mañana van a encontrar, a diferencia de lo que nosotros encontramos el año 2010, la información acabada y necesaria para las labores que van a realizar”, en lo que fue su última vocería como integrante del gobierno.