Sergio Bustos, Caso Caval

Pocos casos judiciales, a medida que avanzan, revelan cada cierto tiempo hechos que los vuelven aún más turbios. Sin embargo, junto a Penta y Soquimich -que incluyen a toda la clase política y empresarial- existe otro: Caval. Aquí se manifiesta la mixtura entre negocios, política y violaciones de derechos humanos que conforman una aleación, por decir lo menos, particular. Basta sólo enumerar para hacerse la idea: PS, UDI, Patria y Libertad, Colonia Dignidad y la DINA. Para entender por qué, vale la pena recordar la frase de “garganta profunda” en la película Todos los Hombres del Presidente: “siga el dinero”.

Los dueños de Caval son Mauricio Valero y Natalia Compagnón, nuera de la Presidenta Bachelet porque está casada con el hijo de esta última, Sebastián Dávalos, el renunciado director sociocultural de La Moneda. El matrimonio “era” PS, ya que renunciaron en marzo, luego que se conociera el escándalo de la compra de terrenos en Machalí, gracias al crédito otorgado por el Banco de Chile, cuyo vicepresidente ejecutivo es el empresario Andrónico Luksic. Este último, a su vez, sostuvo una reunión con la pareja previa aprobación del empréstito de 6.500 millones, pese a no contar con la liquidez necesaria para un proyecto de esas características.

Caval compró el terreno, lo vendió en 9.500 millones al empresario Hugo Silva, quien luego se querelló por estafa, investigación paralela a la que lleva el fiscal regional de Rancagua, Luis Toledo, por eventuales delitos de corrupción. Hasta allí una primera etapa.

Sin embargo, el jueves se sumó un hecho que enturbia aún más las cosas. Se trata de Sergio Bustos, el mismo que demandó a Caval ante el Primer Juzgado Laboral de Santiago, ya que a su juicio la empresa le adeuda 200 millones por haber conseguido la reunión con Luksic.

Bustos, actualmente, es investigado por el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Chillán Claudio Arias, por su presunta participación en los homicidios de tres miristas -Ogan Lagos, Rolando Angulo y Bartolomé Salazar- ocurridos en abril de 1974 en San Carlos.

El sujeto declaró ante la PDI en diciembre pasado, luego que su nombre apareciera en las fichas de la Colonia Dignidad, como un colaborador de la inteligencia militar antes del golpe, después de la DINA y además de haber sido militante del grupo paramilitar Patria y Libertad (FNPL).

En su testimonio, Bustos lo reconoció directamente: “A su pregunta debo indicar que efectivamente era simpatizante de Patria y Libertad”.

En la declaración prestada ante la PDI los detectives lo inquieren sobre si al momento del golpe portaba un arma corta. Él responde que sólo tenía una escopeta de caza. Que se reunía en una discoteque en los meses anteriores al golpe donde llegaba toda Patria y Libertad de la VIII Región, pero que a su juicio el lugar nunca se usó para esos fines. Que nunca prestó su auto para el traslado de detenidos que luego eran torturados y en algunos casos desaparecidos o ejecutados. Que nunca trabajó para la Brigada de Infiltración Civil (BIC) de la DINA. Que vivió en Vicuña Mackenna hasta fines de 1974 a dos cuadras de Alameda como soltero, coincidentemente donde operaba el cuartel general de la DINA y su director Manuel Contreras. Que nunca conoció a nadie de inteligencia militar en San Carlos. Que conoció la Colonia Dignidad sólo cuando era un joven, ya que lo llevó su padre, y suma y sigue.

Ahora bien, a diferencia de otras ciudades de Chile donde operó la represión del régimen, San Carlos y Chillán tuvieron una diferencia: los militantes del FNPL no sólo colaboraron con la inteligencia militar de la época, incluso prestaron sus domicilios para torturas y detenciones, consta en la investigación judicial.

Destino circular

El pasado de Bustos, se suma a otras dos personas que aparecen en el negocio de Caval:

La empresa Habiterra Ltda, que está a cargo del plano regulador en la VI región, es una empresa heredera de Habiterra S.A, -dos de sus dueños son los mismos- entidad que aparece sindicada en la sentencia del caso Mop Gate por haber estado acusada de prestar boletas para el pago de un funcionario del Ministerio de Obras Públicas por trabajos que no se realizaron.

Patricio Cordero y Juan Díaz, alias “el gatito”,son conocidos operadores de la UDI -el partido fundado por el ideólogo de la dictadura, Jaime Guzmán- que habrían negociado con los entonces PS, Compagnón y Dávalos, cuya madre estuvo detenida y fue torturada en un cuartel clandestino de la DINA y luego de ser liberada vivió el exilio de Pinochet. Y la Mandataria, además, es hija del general de la FACh, Alberto Bachelet, quien falleció producto de las torturas propinadas por sus propios compañeros de armas en la Academia de Guerra Aérea (AGA) en los meses posteriores al golpe.

No es todo. Cordero fue el administrador municipal de Santiago y Las Condes cuando Joaquín Lavín fue alcalde en ambas comunas. Díaz, en tanto, fue el hombre que buscaba testimonios para desacreditar la versión de Gemita Bueno que implicaban a Jovino Novoa en el caso Spiniak.

Según la declaración de Compagnón ante el fiscal Toledo la semana pasada, Díaz y Cordero recibirían cerca de 800 millones por haber presentado el negocio y por sus vínculos en la zona para modificar el uso de suelo del terreno, gracias a sus relaciones con el alcalde de Machalí el UDI José Miguel Urrutia. Es decir, se compraron los terrenos por 6.500, luego se devolvió al Banco de Chile la plata del crédito y 500 millones en gastos operacionales. El empresario Hugo Silva pagó 9.500 millones y luego de otros pagos, quedaba un cheque de 2.000 palos de ganancia. Eso es lo que se dividía. Eso sin contar que Mauricio Valero tenía un segundo contrato con Silva. La operación era fácil. Valero debía vender nuevamente, haciendo especulación inmobiliaria, dentro de un año, reveló Qué Pasa por un monto mínimo de $ 14.700 millones, es decir casi 5.000 millones más del precio pagado.

Pero Cordero y Díaz también mantenían cercanía con el síndico Herman Chadwick, según La Tercera. Este último era quien administraba los bienes de una millonaria quiebra, entre los que estaban los terrenos de Machalí que fueron comprados y revendidos por Caval. Chadwick ya designó como patrocinante al abogado Ciro Colombara. Este último es además el defensor de los ex compañeros de Alberto Bachelet en la FACh ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH), por una demanda que presentaron en contra del Estado chileno. Son los mismos que sufrieron idénticas torturas que el padre de la Presidenta.

La frase se cumple: “Siga el dinero”.