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El ministro del Interior, Jorge Burgos, respondió en nombre del Ejecutivo a las acusaciones del empresario chileno Nicolás Ibáñez, excontrolar de D&S (actual Walmart), quien calificó el requerimiento por la presunta colusión de los supermercados como un “inaceptable intento del Gobierno, a través de esta maniobra inconducente y claramente mediática, de tratar una vez más de desprestigiar a los empresarios”.

“La Fiscalía Nacional Económica es una institucionalidad que funciona con grados importantes de independencia y autonomía. Tal es así que las noticias de lo que decide la FNE las autoridades las conocemos al igual que el resto de los chilenos cuando salen en la prensa”, afirmó el jefe de gabinete.

En una carta enviada a la edición de este jueves de El Mercurio, Ibáñez afirmó que “rechazo enfáticamente el intento de la Fiscalía Nacional Económica de perseguir, desprestigiar y enlodar a las empresas de supermercados aludidas en el requerimiento presentado el día de hoy (ayer) ante el Tribunal de la Libre Competencia”.

Para Burgos, “la FNE llega a una conclusión después de una larga investigación, que existen a su juicio fundamentos para determinar que hay maniobras colusivas contrarias al funcionamiento del mercado. ¿Qué hace la Fiscalía? Presenta una acusación ante el ente jurisdiccional que resuelve, porque hay una institucionalidad, que es el Tribunal de Libre Competencia”.

En ese sentido dijo que “será el Tribunal de Libre Competencia, que como ha ocurrido en muchos casos, creo que en la mayoría, respalde la decisión de la Fiscalía, o eventualmente -de acuerdo a los procedimientos- tenga una opinión distinta”.

Es en esta instancia, agregó, “donde las personas que se sienten injustamente acusadas, como el empresario que señala, pueden defenderse, en vez de estar haciendo jibarizaciones que no tienen justificaciones y anunciar persecuciones que no existen. La institucionalidad funciona para todo el mundo”.

Mientras tanto, la Presidenta Michelle Bachelet salió rechazar enérgicamente el nuevo caso de colusión destapado por la Fiscalía.

“Afecta por un lado la confianza entre nosotros, y por otro lado afecta al presupuesto familiar (…) nos parece inaceptable y condenable”.

Según el requerimiento que la FNE presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), las tres mega cadenas supermercadistas que operan en Chile; Cencosud, Walmart y Unimarc, se pusieron de acuerdo entre 2008 y 2011 para fijar los precios de la carne fresca de pollo.

El persecutor pidió la máxima multa para las compañías; vale decir, 22 millones de dólares a cada una.

El caso es una arista del llamado cartel de los pollos, hecho por el que ya fueron sancionadas las avícolas Agrosuper, Aríztia y Don Pollo.