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14 de Noviembre de 2019

Mañalich en la lupa por una de sus visitas a víctimas de la represión

En el medio del estallido social, el Ministro de Salud ha visitado varios hospitales para observar de primera mano el estado de las víctimas que ha dejado la represión policial en Chile. Una de estas visitas fue a un menor de edad en el Hospital del Salvador que, según documentación a la que tuvo acceso The Clinic, no entregó su consentimiento para el ingreso con prensa y cámaras. Hoy se está revisando si existió vulneración a la Ley de deberes y derechos de los pacientes.

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Cámaras de televisión, sonidos de flash y cámaras fotográficas, luces potentes y un grupo de personas invadieron de manera intempestiva y sin previo aviso la habitación donde se encontraba un adolescente de 17 años, de iniciales B.T.O., en el Hospital del Salvador. Liderando el grupo estaba el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien había llamado a la prensa para mostrar su visita a víctimas de la represión que el gobierno -del cual es parte- ha perpetrado. El joven, incómodo ante este enjambre de cámaras, se dio vuelta para cubrir su rostro. ¿El problema? Todo indica que esta reunión no estaba concertada, no tenía autorización ni del paciente o de un tutor y, ahora, Contraloría tendrá que pronunciarse si existió una ilegalidad en el hecho.

El joven llegó al Hospital del Salvador el martes 5 de noviembre, tras recibir un fuerte impacto con una bomba lacrimógena en la frente; justo entremedio de sus ojos. Según cuentan personas cercanas a la familia, la situación pasó cuando volvían a sus casas, a un costado del Parque Forestal, donde lo atendió la Cruz Roja hasta que fue traslado al centro hospitalario, donde le tocó vivir esta situación dos días después, el día 7 de noviembre. Estos antecedentes fueron puestos en conocimiento a la Defensoría de la Niñez ese mismo día.

Así lo muestra un documento, al que The Clinic tuvo acceso, donde la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, solicita un “pronunciamiento de legalidad y determinación” al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez. Esto porque la situación vivida en el centro médico de Providencia sería una “evidente infracción, por parte del Ministro de Salud, de la Ley 20.584”, que regula los deberes y derechos de los pacientes. En concreto, el artículo 5 en su letra C, establece que “respetar y proteger la vida privada y la honra de la persona durante su atención de salud (…) para la toma de fotografías, grabaciones o filmaciones para usos o fines periodísticos o publicitarios se requerirá autorización escrita del paciente o representante legal”.

Nada de esto sucedió ese 7 de noviembre y la imagen del joven fue utilizada en cuentas de redes sociales del ministerio y en canales de televisión de forma indiscriminada.

La indignación fue tanta que el mismo joven y su madre hicieron saber su molestia a la psicóloga de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Frente a ella dijeron “que nunca la citada autoridad nacional requirió de ninguna autorización ni tampoco efectuó, al menos, una petición de ingreso a la habitación para imponer a la víctima y su madre de su intención de registrar públicamente la visita”. El mismo reclamo se hizo en el hospital, donde aún se está viendo si se abre un sumario administrativo por la transgresión.

Un día después, un asistente social del hospital se acercó a la familia para que firmaran un documento. Según el círculo cercano del joven, esta fue la primera vez que un funcionario de la salud se acercaba para este propósito, que era para “impedir que algo así volviera a suceder”, les dijeron.

Pero la transgresión ya estaba hecha. Era imposible que pasara desapercibido. La imagen se hizo pública desde la misma cuenta oficial del Ministerio de Salud, diciendo que “a pesar de intensa funa, (el ministro) logra seguir con su agenda de visita por otros recintos de la Región Metropolitana”, adjuntando una fotografía junto al menor de edad. Y no sólo ahí, la imagen también fue utilizada en el sitio oficial de la cartera.

Las notas de los medios muestran también, en parte, la situación que se vivió en la habitación. Aunque la atención noticiosa en cada uno de ellos fue la funa de los funcionarios en contra del jefe de la cartera de salud, en las imágenes de apoyo se muestra a B.T.O. en su cama conversando con el Ministro y el director del hospital. Por ejemplo, Mega, repitió en 17 oportunidades las imágenes en un enlace en vivo a las 13:51 del mismo día. Canal 13 hizo lo mismo en el noticiario central en 4 oportunidades, incluso cerrando la nota con un zoom en la víctima.

En el hospital nadie sabía sobre la visita del Ministro. Varios trabajadores del lugar comentaron a este pasquín que la llegada de Mañalich no estaba contemplada. Incluso, muchos funcionarios estaban reunidos a esos de las 8:30 de la mañana, comentando la situación que se está viviendo en el país, cuando les avisaron que se encontraba en los mismos pasillos donde ellos laburan.

A pesar de la denuncia, en el Hospital del Salvador están seguros que se realizaron los procedimientos necesarios para lo acontecido. A través de un correo electrónico y ante las consultas de The Clinic, aseguraron que el establecimiento “cuenta con el consentimiento informado relacionado con el paciente menor de edad visitado por las autoridades el día 7 de noviembre del año en curso. Este documento está firmado por la madre del paciente”. Además, niegan que los familiares hicieran un reclamo en las oficinas del hospital.

En las últimas semanas, el ex gerente general de Clínica Las Condes, había realizado varias visitas con prensa a hospitales de la capital del país, incluso ese mismo día aseguraba en una entrevista que “en varias de esas lesiones desproporcionadas -hechas por Carabineros- hay violación a los Derechos Humanos”. Entonces se abre la interrogante si en cada una de estas visitas se visaron las autorizaciones necesarias para el ingreso de cámaras o la publicación en redes sociales del hecho.

Consultado por The Clinic ante esta situación, el Ministerio de Salud prefirió no referirse al tema.

Ahora la respuesta está en las manos del Contralor, quien deberá pronunciarse sobre los hechos, y revisar la legalidad de este actuar. Si así se comprueba.

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