José Miguel Uribe Antipani: Un disparo de guerra en la carretera

Fotos de Esteban Garay

#ELLOSSON: LOS MUERTOS BAJO ESTADO DE EMERGENCIA

José Miguel Uribe Antipani: Un disparo de guerra en la carretera

Un mes después de que un disparo matara a José Miguel Uribe en la Ruta 5 Sur, en las afueras de Curicó, el cabo Juan Carlos Reyes permanece en prisión preventiva en el Regimiento de Policía Militar de Santiago, imputado por homicidio. Si bien fue el único de los ocho militares presentes que reconoció haber percutido una munición letal, su defensa solicitó un informe balístico y otras pericias para determinar si fue esa bala la que lo mató. Claudia Pozo, pareja y madre del hijo de Uribe, dice: “Esta fue una guerra desigual, ellos estaban con fusiles y él sólo con su voz”.

*Por Nancy Arancibia.

Quería salir a protestar desde que comenzó el estallido social. Pero sólo el lunes 21 de octubre, su pareja y madre de su hijo pequeño, Claudia Pozo (26), no le puso resistencia.

—Me dio un beso y se fue. Salió como un niño por la puerta, estaba feliz —dice la educadora diferencial, sobre la última vez que vio a José Miguel Uribe Antipani (25) con vida.

Claudia recuerda ese momento minutos después de enterrar al compañero que tuvo por cuatro años, desde que se conocieron en Los Ángeles, adonde José Miguel había ido a trabajar en construcción, y empezaron a vivir juntos. En el cementerio Parque Tutuquén, en la comuna de Curicó, José Miguel acaba de ser despedido con globos blancos, banderas chilenas y pañuelos al aire, por decenas de familiares, amigos y vecinos. 

—Comenzamos con lo básico, como casi todas las familias: una cama, una cocina, trabajando juntos. Él siempre estaba apoyándome, me decía: vamos adelante con todo —dice Claudia, con un hilo de voz, mientras la gente se va retirando del funeral—. Era mi sustento, iluminaba mi camino. 

El joven estaba participando de una barricada a la altura del kilómetro 187 de la carretera, en el acceso sur de la ciudad de Curicó, cuando fue asesinado. El 23 de octubre, el INDH presentó una querella por homicidio contra el único imputado que existe a la fecha: el cabo segundo Juan Carlos Reyes, quien permanecerá en prisión preventiva por cuatro meses, mientras la Fiscalía de Curicó investiga los hechos. Nadia Gutiérrez, jefa regional del Maule del Instituto Nacional de Derechos Humanos, precisa un hecho fundamental: que la muerte de José Miguel ocurrió cuando no había Estado de Excepción en Curicó, por lo que el orden público y la seguridad estaba a cargo de Carabineros, y no de militares como el cabo Reyes. 

Foto: Esteban Garay

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José Miguel salió a marchar el 21 de octubre, acompañado de dos amigos de infancia con los que solía acampar y escuchar música: Jhonatan López (25) y Daniel González (24). Hacían freestyle, conversaban de hip hop y sobre la realidad del país. José Miguel soldaba estructuras metálicas en construcciones, pero en los últimos meses, según cuenta González, estaba preocupado porque el trabajo escaseaba o era muy inestable. 

—Hablábamos de un Chile que hacia fuera se veía bien, pero que para nosotros, los de clase media y los pobres, no lo estaba —dice. 

Según González, ese lunes salieron, poco después de las seis de la tarde, a la marcha que se realizó en el centro y la Alameda de Curicó. Cuatro horas después, cerca de las 22, decidieron regresar a sus casas en la localidad de Los Niches, un par de kilómetros hacia la cordillera. Como en la zona no había locomoción pública, regresaron a pie. Claudia, su pareja, dice que lo llamó cerca de las 21.50 horas, y que José Miguel le dijo que ya iba en camino. Ella le contestó que lo esperaba en casa. 

Pero José Miguel no llegó. González cuenta que para llegar a Los Niches debieron atravesar la Ruta 5 Sur, y que en ese momento se encontraron con una barricada que interrumpía el tráfico de manera intermitente. Entonces, dice, se sumaron al grupo, de poco más de veinte personas. 

González dice que todo era pacífico, hasta que notaron entre los autos dos vehículos con militares, a quienes algunos manifestantes empezaron a insultar. Según relató el fiscal en la formalización de cargos, realizada el miércoles 23 de octubre en el Tribunal de Curicó, el cabo segundo Juan Carlos Reyes se bajó de uno de los vehículos —un bus Hyundai— cerca de las 22.20 horas. “El individualizado desciende del bus portando un arma de guerra, fusil marca SIG, calibre 7.76 x 51mm, modelo 510, serie 1964, con su cargador que contenía 19 tiros de guerra y uno de fogueo”, dijo. 

Foto: Esteban Garay

Según González, los militares dispararon de inmediato:

—Me paré con las manos levantadas. Les dije que ellos venían de una situación similar a la nuestra. En ningún momento nos dijeron “váyanse, déjense de hacer esto”. Simplemente llegaron a disparar —dice.

Además de Reyes, aseguró el fiscal, un capitán y otros cinco cabos del Ejército bajaron de los vehículos, y un séptimo cabo se quedó en el bus. Hubo dos disparos de armas antimotines, y tres cabos dispararon la bala de fogueo de sus fusiles SIG. De estos, sólo Reyes reconoció ante la PDI haber percutido su fusil también una segunda vez, con munición de guerra

González dice que cuando los disparos comenzaron a rebotar en el suelo, él corrió desesperado al borde de la carretera y saltó la barrera de contención. Segundos después, dice, escuchó a alguien caer detrás suyo. En medio del caos, fue hacia él, lo arrastró y lo giró. Era José Miguel Uribe

—¡Llamen a una ambulancia! —gritó. 

Entre los gritos, algunos manifestantes rompieron la polera a José Miguel para darle primeros auxilios. González cuenta que, en estado de shock, se subió a un camión para pedirle al conductor que llamara a una ambulancia. Sin embargo, dice, éste arrancó y tuvo que saltar del camión andando.

Finalmente subieron a José Miguel al auto de un civil, que arrancó hacia el Hospital de Curicó, a pocas calles del lugar. González se fue corriendo.

Cuando entró a la sala, vio a los médicos intentando reanimar a su amigo.

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El certificado de defunción de José Miguel Uribe indica que falleció a las 22:45 horas del 21 de octubre, por anemia aguda, a causa de una herida penetrante en cavidad torácica, por un proyectil que atravesó su cuerpo de derecha a izquierda. “Aún con asistencia médica oportuna y efectiva, habría sido imposible salvar su vida”, dijo el fiscal en la audiencia de formalización.

La noche del tiroteo, el fiscal Jaime Rojas llegó hasta el retén de carretera de Carabineros en Romeral, a dos kilómetros de Curicó. Allí encontró los dos vehículos del convoy del Ejército que estuvieron involucrados —el bus y una camioneta Nissan blanca—, y confirmó la identidad del capitán y de los siete cabos del contingente militar, quienes más tarde se trasladaron hasta la Brigada de Homicidios de la PDI para dar su versión de los hechos y entregar sus armas para ser sometidas a peritajes de residuos.

La PDI también levantó evidencias en el lugar donde José Miguel fue baleado. Encontraron dos municiones de escopeta antimotines, tres de fogueo, y un cartucho correspondiente a un fusil SIG–510. En la audiencia, el fiscal sostuvo que sólo Reyes admitió haber disparado su fusil dos veces, pese a que sólo la primera bala de éste era de fogueo. “Señala que habría disparado en dos oportunidades, es decir, habría disparado la munición de fogueo y la munición de guerra”, sostuvo.

Foto: Esteban Garay

Si bien otros cuatro militares portaban pistolas con 15 municiones cada una, el fiscal aseguró que esas armas no fueron utilizadas. Sin embargo, la defensa del imputado, a cargo del abogado Rodrigo Flores, sostiene que, pese a ser el único que reconoció haber disparado dos veces su fusil, eso no significa que uno de esos disparos haya matado a José Miguel Uribe.

—Lo único que mi representado ha admitido es que disparó dos veces un arma con munición de guerra —dice el defensor—. No podemos llegar a la conclusión que, porque el cabo Reyes disparó una munición de guerra, la persona que ha muerto por una herida de bala es a consecuencia de ese disparo. Porque mi defendido ha señalado que disparó al aire.

Según se detalló en la audiencia, los dos vehículos militares regresaban a Santiago después de dejar contingente en Chillán y Talca, y esa misma noche, en Parral, ya se habían encontrado con una barricada que les impidió el paso. En esa instancia intervino Carabineros y continuaron su camino, pero no ocurrió lo mismo cerca de las 22 horas, cuando se toparon con la barricada en la que participaban Uribe y sus amigos.

Según la versión del abogado defensor, los militares se habrían bajado de sus vehículos para evaluar la situación, porque se habrían sentido amenazados. El abogado dice que primero reaccionaron disparando balas de salva, pero que esa acción no habría sido suficiente para lograr que los vehículos avanzaran, por lo que el cabo Reyes volvió a disparar su fusil. Durante la audiencia, Flores también dijo que su defendido y otros militares habrían escuchado otros ruidos de disparos, que definió como “ráfagas”

Por eso, ha solicitado al fiscal que realice un informe balístico completo, que oficie al Ejército para que entregue la información sobre el personal involucrado en los traslados de contingente a Talca y Chillán, que analice los videos que registraron con sus celulares los testigos de la balacera, y realice una reconstitución de escena con el militar imputado

Al salir de la audiencia, el fiscal Rojas señaló a la prensa que no existen elementos para sostener que hubo amenaza de los manifestantes: “En los automóviles que transportaban a los militares no hay señales de disparos, palos o piedras que acrediten el peligro evidente que la defensa sostiene motivó a los militares a disparar durante la manifestación”, dijo.  

A su vez, durante la audiencia, el juez Mauricio Aravena remarcó los hechos que le hicieron tomar la decisión de mantener a Reyes en prisión preventiva: la expertise del imputado en manejo de armas y los cuidados necesarios al usarlas; la inexistencia de Estado de Emergencia, por lo cual los militares no debieron intervenir; y la supuesta ejecución de un disparo hacia el cielo, cuando por protocolo debió ser al suelo. También señaló que no existen evidencias de un ataque de los manifestantes al convoy militar —sí de improperios—, ni de una ráfaga de tiros previa a su acción.

Durante los cuatro meses que dio el tribunal para investigar, Reyes permanecerá en prisión preventiva en el Regimiento de Policía Militar de Santiago.

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Foto: Esteban Garay

En la villa El Manzano, ubicada en el sector La Obra de Los Niches, a José Miguel Uribe lo conocían como el “Chino”. Allí creció desde que llegó de Puerto Aysén, cuando tenía nueve años. Edith Herrera, amiga de los Uribe, cuenta que los vecinos llevan su vida casi como una gran familia, por lo que la muerte de José Miguel tiene conmocionado al pueblo entero

Los vecinos se preocuparon de organizar el velatorio, la misa en la iglesia local y la romería que acompañó a la carroza por las calles de Curicó. En el cementerio, bajo el sol de las cinco de la tarde y acompañada ya sólo de sus más cercanos, Claudia Pozo, la viuda de José Miguel, dijo: 

Esta es una guerra desigual, ellos estaban con fusiles y él sólo su voz. Tengo tantos sentimientos encontrados, tanta rabia e impotencia.

La familia, representada por el exfiscal Carlos Gajardo, presentó una querella por homicidio calificado contra el cabo, que se sumó a las dos por homicidio presentadas por el INDH y por el alcalde de Curicó, Javier Muñoz. Este último fue la única autoridad que se hizo presente en el funeral, y dejó un mensaje para tratar de contener a los vecinos. “Unámonos, no estamos en guerra”, dijo. 

Al día de hoy, los habitantes de Curicó siguen marchando, pero ahora las manifestaciones llegan hasta el sector de la Ruta 5 Sur donde murió José Miguel Uribe. Una vez allí, los vecinos suelen encender velas en su honor.

*La lista de muertos durante las manifestaciones sociales y disturbios no ha parado de crecer con el paso de los días. Cuerpos encontrados en edificios en llamas o baleados en las protestas en distintos puntos del país, en circunstancias poco claras, son parte de la realidad chilena. De ellos, sólo cuatro de los fallecidos hasta ahora han sido reconocidos por el gobierno como víctimas de balas militares. Esta serie de perfiles, elaborados por un grupo de periodistas independientes y alumnos de la Universidad Alberto Hurtado, organizados durante el Estado de Emergencia, pretenden dejar registro de quiénes eran las personas que perdieron su vida en estos días de esperanza y violencia, y en qué circunstancias ésta les fue arrebatada.

El equipo es coordinado por Gabriela García B. Edición de textos: Gabriela García y Nicolás Alonso.

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