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Política

17 de Mayo de 2022

Auge y caída del Estado Intermedio: así sucumbió la estrategia de seguridad de La Moneda para la Macrozona Sur

El Estado de Excepción es una figura constitucional a la que anteriormente se había negado el gobierno.

Una idea defenestrada desde antes de asumir el mandato presidencial y que se sobrepuso a los infructuosos esfuerzos de La Moneda por impulsar un "Estado Intermedio" que no concitó los respaldos necesarios, hizo que el gobierno anunciara la aplicación del Estado de Excepción que conlleva el envío de militares para resguardar las rutas en las provincias de Arauco, Biobío y la región de la Araucanía.

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Pasadas las 21:00 horas de ayer, lunes 16 de Mayo, cuando la ministra del Interior, Izkia Siches, protagonizó un punto de prensa desde el Salón Salvador Allende de La Moneda. Flanqueada por sus pares de gabinete Camila Vallejo (Segegob), Maya Fernández (Defensa), Giorgio Jackson (Segpres) y Antonia Orellana (Mujer y Equidad de Género), además de los dirigentes partidarios de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, la secretaria de Estado hizo el que acaso sea el anuncio de mayor alcance en lo más dos meses de gobierno: decretar Estado de Excepción en la Macrozona Sur.

Ante la espiral de violencia en la Macrozona Sur, La Moneda informaba la aplicación de esta herramienta constitucional para las provincias de Arauco, Biobío y la región de la Araucanía ante la espiral de violencia en la Araucanía, además de informar la designación de un fiscal con dedicación exclusiva para pesquisar el robo de madera y narcotráfico en la zona.

Una medida que tiene por objeto garantizar “el libre tránsito de las personas, el abastecimiento y la ejecución de las políticas que puedan mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos territorios. Con esas medidas retomaremos la normalidad para las y los habitantes de la zona”, dijo la titular de Interior. Junto a ello, Siches también agregó otras medidas de corte social y político para la Macrozona Sur; la creación de un ministerio de Pueblos Indígenas, duplicar el presupuesto para la Conadi -de $17 mil millones a 35 mil millones”-; la adquisición de 20 mil hectáreas de predios forestales para beneficio de 19 comunidades y el impulso de “parlamentos territoriales” con comunidades indígenas, acompañados por el sistema de Naciones Unidas para estos encuentros interculturales.

Una bateria de anuncios donde destacó la convocatoria a las FF.AA. para participar en la gestión de seguridad en un sector del país cruzado por la radicalización de algunos colectivos de comuneros mapuches, graficado en el constante ataque a predios y recintos públicos. Algo a lo que el Ejecutivo se había negado incluso desde antes de asumir el mandato presidencial: la convicción en el gobierno era no reproducir “recetas” que presuntamente no habían funcionado, esto es, decretar un Estado de Excepción para la Macrozona Sur. Una figura constitucional a la que sí había echado mano el gobierno de Sebastián Piñera.

Por lo mismo, la vuelta larga de La Moneda, que los llevó a impulsar el Estado de Excepción por meses defenestrado, tuvo algunos hitos que explican por qué el gobierno tuvo que sobreponer el pragmatismo más crudo por sobre sus propias convicciones.

1) Un Estado “Intermedio” sin apoyos

Fue el último intento del Ejecutivo por tener una respuesta que no pusiera a las FF.AA. en la palestra de la seguridad en la Macrozona Sur: impulsar un “Estado Intermedio” . En este sentido, el gobierno había anunciado que presentaría indicaciones al proyecto de Infraestructura Crítica -autoría de los senadores opositores Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena– que se tramitaba en una comisión mixta, instancia conformada por diputados y senadores para resolver divergencias entre las cámaras.

Uno de los últimos bochornos del Ejecutivo en el Congreso, fue la sesión del pasado miércoles 11 de Mayo de aquel espacio legislativo. Ante la expectativa de los legisladores ante lo que sería la fórmula de La Moneda para enfrentar la escalada de violencia en la Macrozona Sur, ese día La Moneda no cumplió la meta autoimpuesta de llegar con enmiendas para la iniciativa, constatando así la nula posibilidad de haber congregado los apoyos en un oficialismo fracturado ante la idea, principalmente por las aprensiones del Frente Amplio y el Partido Comunista. Las dudas eran hasta qué nivel las fuerzas castrenses estarían al cuidado de la infraestructura crítica y si estarían al mando de una autoridad civil o militar.

Por lo mismo, el Ejecutivo pidió plazo hasta el inicio de esta semana para hacer las tratativas de rigor en sus propias huestes y así concordar la redacción de indicaciones al proyecto. En la misma jornada, además, la Coordinadora Arauco-Malleco llamaba a “organizar la resistencia armada” ante la sola idea de explorar este camino legal. Por cierto, el lenguaje bélico de la organización intentó demarcar una línea de fuego al respecto: “los milicos esbirros nuevamente desplegados por el Wallmapu custodiando los intereses del gran capital”, espetó el vocero de la CAM, Héctor Llaitul, a través de las redes sociales.

Pese a ello, ya el fin de semana circulaban versiones de prensa sobre la renuncia de La Moneda a esta vía por no contar con los apoyos necesarios, sin conocerse todavía la fórmula del gobierno ante una situación que amenazaba escapársele de las manos.

2) Guillermo Teillier (PC): “Es bastante cercano a lo que discutimos en el Comité Central”

Como es habitual en los días lunes, el oficialismo tenía agendado participar de Comité Político con las autoridades de gobierno en La Moneda. Las expectativas de los dirigentes partidarios era que se socializara las definiciones del gobierno para la seguridad en la Macrozona Sur y así poder plantear sus matices y observaciones.

Nada de ello, sin embargo, ocurrió: temprano en la mañana, La Moneda notificaba a los partidos que lo apoyan que se suspendía dicho encuentro “por razones de fuerza mayor”, según correo electrónico enviado desde Interior.

No obstante, el Partido Comunista tuvo un contacto crucial con el gobierno en horas donde en el resto de los partidos aliados cundía el desasosiego y la incertidumbre. Cerca de las 11:00 de la mañana se dejó ver en la sede de gobierno el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien se reuniría con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Previo a la cita, el dirigente marcó una postura contraria al acceso de las Fuerzas Armadas en la Araucanía. “Creemos que los militares no deberían traspasarse al territorio del pueblo mapuche (…) es un rol que tendría una reacción adversa”, sentenció.

Sin embargo, antes de llegar a La Moneda, Teillier había sostenido una entrevista con radio Nuevo Mundo, donde había fijado una posición mucho más conciliadora con los dilemas de Palacio. “Pensamos como partido que el plantearse alguna forma de Estado de Excepción para proteger las carreteras, debe ser muy acotado”, expresó Teillier.

A qué se debió este matiz, expresado a horas que la colectividad haya realizado el pasado fin de semana un Comité Central, aún es un misterio. Lo cierto es que esa bilateral Teillier-Monsalve fue registrada con malestar en las mesas partidarias del resto de las fuerzas de gobierno, particularmente entre los partidos de Socialismo Democrático. “Trato privilegiado”, acusaron los dirigentes.

En tanto, Teillier ya digería lo que sería -hasta ahora- una victoria para los comunistas. “Salgo bastante conforme, es muy cercano a lo que discutimos en nuestro comité central”, reconoció el dirigente.

3) Inseguridad en el gobierno y una entrevista de alto impacto

El desarrollo de los acontecimientos en las últimas horas, tuvo como telón de fondo ciertas contingencias que enrarecieron el ambiente, presionando al gobierno a tomar medidas más duras en torno a la seguridad y al llamado “conflicto en la Araucanía”. Así, algunos hechos del pasado fin de semana acotó el margen del gobierno para esquivar un Estado de Excepción en la Macrozona Sur siempre incomodó al gobierno, partiendo por el Presidente Gabriel Boric.

Uno de los últimos bochornos del Ejecutivo en el Congreso, fue la sesión de la comisión mixta por el proyecto de Infraestructura Crítica el pasado miércoles 11 de Mayo. Ante la expectativa de los legisladores ante lo que sería la fórmula de La Moneda para enfrentar la escalada de violencia en la Macrozona Sur, ese día La Moneda no cumplió la meta autoimpuesta de llegar con enmiendas para dicha iniciativa.

Pero un asalto a la residencia particular de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y el robo y posterior secuestro a un miembro de la escolta presidencial, hechos que ocurrieron en la noche del viernes 13 de Mayo, instaló el fenómeno de la (in) seguridad en el entorno más sensible del Mandatario. Y cuando el Ejecutivo aún se reponía de aquel balde de agua fría, una incombustible entrevista a la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, en la noche del domingo 15 de Mayo, hizo que el radio de acción del gobierno se redujera al mínimo.

Fue en el programa Tolerancia Cero que la ministra encargada de la coordinación interministerial para la Macrozona Sur, aseguró con sorprendente convicción la existencia de “presos políticos” en Chile, tanto desde la Revuelta Social del Octubre del 2019 como de presos de “pueblos originarios por defender su derecho a la restitución de tierras”.

Un enfoque que, con algunas gradaciones, al principio del gobierno había sostenido la ministra del Interior, Izkia Siches y, hace semanas, su par de Justicia, Marcela Ríos. El esfuerzo del gobierno por convencer a su equipo de gobierno de que tal afirmación, de suma gravedad para la imagen de Chile en el exterior, era un problema de proporciones, parecía por fin haber dado resultados, hasta que Vega hizo su sentencia “sin duda, la realidad es la realidad”.

Cerca de las 01:00 AM, no obstante, Vega tuvo que recular con un poco convincente mensaje publicado en su cuenta de Twitter. Más allá de la retórica, lo cierto es que a partir de estos hechos que en Chile Vamos interpelaron a la ministra a precisar sus dichos, nuevamente cobró fuerza el decretar un “Estado de Excepción” a secas, y la posibilidad de un acuerdo por la seguridad que exploraba La Moneda con la oposición, parecía volver a fojas cero.

5) Ex asesor de asuntos indígenas del gobierno: “necesitamos otra forma de hacer las cosas”

La notificación de ayer de la ministra Siches marca un giro copernicano en la postura que defendió hasta donde pudo el gobierno respecto a la Macrozona Sur, donde se solía enfatizar en la respuesta política -a través del “diálogo” con los actores de la zona- por sobre el prisma coercitivo.

Ya en el mes de Enero, Siches había afirmado que un Estado de Excepción en la Macrozona Sur había “incrementado” la violencia, mientras que al mes siguiente señaló que el gobierno entrante “tomaría las medidas que corresponda, pero ello no contempla renovar el Estado de Excepción”.

Teillier ya digería lo que sería -hasta ahora- una victoria para los comunistas. “Salgo bastante conforme, es muy cercano a lo que discutimos en nuestro comité central”, reconoció el dirigente sobre un Estado de Excepción acotado al resguardo de carreteras.

Incluso hasta a principios de mes, el Presidente Boric seguía defendiendo “una política distinta” a lo que se había hecho hasta la fecha. “Por la presión que existe ahora, no me digan que la solución es insistir en lo que se ha hecho antes, eso no lo voy a conceder”, sentenció el Mandatario en radio Cooperativa, informando de paso que el gobierno evaluaba un “estado intermedio” para la Macrozona Sur. Desde entonces, fueron tres semanas de ponderación y diálogos sin resultados concretos.

Si bien al cierre de edición se desconocía los alcances del Estado de Emergencia anunciado anoche por La Moneda -el que deberá ser ingresado a Contraloría vía decreto-, lo cierto es que la medida ya cuenta con críticas del mismo mundo mapuche.

Fue el caso del abogado y ex coordinador de Asuntos Indígenas del gobierno, Salvador Millaleo, quien apuntó en su cuenta de Twitter: “Luchamos por una solución política y ahora tendremos de nuevo un estado de excepción constitucional: necesitamos otra forma de ver y hacer las cosas. Construir la plurinacionalidad requiere mayor convicción”, escribió el académico, respetado por la academia y catalogado como una figura moderada, quien había renunciado a su cargo a fines de Abril por diferencias con la ministra del Interior, Izkia Siches.

A estos cuestionamientos también se sumó el escritor y periodista mapuche Pedro Cayuqueo, en la misma red social. “Fiscal con dedicación exclusiva y estado de excepción en Wallmapu. No es un deja vu de Piñera, es el gobierno del presidente Gabriel Boric, el mismo que alguna vez dijo ‘no podemos esperar resultados distintos haciendo siempre lo mismo’. Presidente, está haciendo lo mismo», fustigó.

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