Por una Política Nacional de Educación Sexual Integral: apuntes para la formación docente

Hace cuatro años, el tsunami feminista-estudiantil abrió una serie de transformaciones en las calles y las aulas del Chile reciente. Luego, en octubre de 2019, movimientos sociales y organizaciones coparon el espacio público, tras la irrupción de jóvenes estudiantes por el alza del transporte y del costo de la vida. La violencia neoliberal impactó todos los espacios, y a las diferentes generaciones. Los feminismos y disidencias sexo-genéricas persisten desde la propuesta, y han incidido en la institucionalidad, no solo como una crítica al patriarcado, sino también al modelo neoliberal, el extractivismo, a la acumulación por desposesión, y la desigualdad.

Hoy, con una convención constitucional en marcha y la probabilidad de aprobar una nueva carta magna que incorporaría algunas de las demandas feministas de las últimas décadas, es vital estar vigilantes a las estrategias anunciadas por la institucionalidad, asumidas como respuestas “urgentes”, y revisar su pertinencia y relación con los territorios. El gobierno de Gabriel Boric se plantea como feminista, y lo declara una vez más en la última cuenta pública: “la transversalidad del género debería estar en todas las políticas que tengan relación con la vida de las mujeres y las diversidades”. Asimismo, Boric señala que todas las carteras ministeriales tienen “asesoras de género”, y enfatiza en la prevención, erradicación y sanción de la violencia de género.

Dentro de las medidas planteadas por el presidente Gabriel Boric, el proyecto de Política Nacional de Educación Sexual Integral (en adelante ESI) para todos los niveles de enseñanza, es sin duda uno de los anuncios que nos interpela directamente como docentes y formadoras/es de futuros profesores/as. Nos encontramos en una coyuntura clave para reconocer, accionar y transformar lo que entendemos por educación y lo que esperamos de ella. La convención constitucional, con un borrador armonizado, ha reforzado en su Artículo 17, la ESI como un derecho. Si bien respaldamos que la institucionalidad vigente recoja y promueva estos elementos en el discurso, esperamos que pronto se ponga en práctica, y que ello se exprese en la formación docente. Sabemos que no será una tarea sencilla, sobre todo porque persisten voces contrarias a la sexualidad como un problema público. Esas mismas voces están en el Congreso, y también en algunos proyectos educativos institucionales. Están en los medios de comunicación y en profesionales que se hacen llamar “objetores de conciencia”.

Creemos imperante volver a mirar las formas con las que se incorpora la ESI en las instituciones que imparten Pedagogía y carreras afines al sistema educativo formal, como Psicología, Terapia Ocupacional, Fonoaudiología; pero también en otras profesiones públicas, como Periodismo, Derecho, Medicina, Ingenierías. Si abogamos por una transversalización de la ESI, que esté presente en las nuevas generaciones de profesionales y de estudiantes del sistema escolar. Para avanzar hacia espacios libres de violencia, debemos entender los espacios educativos en su complejidad, como lugares situados en territorios diversos en clase, nacionalidades, etnias y generaciones, y heterogéneos en discursos y prácticas, y en donde el profesorado y las instituciones educativas tienen un importante papel que desarrollar.

*Marcela Vargas Cárdenas es académica del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral (UACH).