El ingreso de un equipo de fiscalizadores de Contraloría a La Moneda marcó un hito en el contexto de la “investigación especial” que abrió el organismo sobre el gobierno, a propósito de las denuncias que ha recibido sobre eventuales vulneraciones al principio de prescindencia que debe mantener el Ejecutivo ante el Plebiscito de Salida.

Así, con la lupa puesta en la Secretaría General de Gobierno, -cartera que dirige la ministra vocera Camila Vallejo-, el organismo determinará si se han utilizado recursos públicos en la campaña “Chile Vota Informado” para favorecer la opción del Apruebo en el referéndum del 04 de Septiembre, según una denuncia de parlamentarios del Partido Republicano. Todo, en medio de otras acusaciones realizadas por dirigentes de oposición, amplificadas por el entusiasmo rechacista de las redes sociales.

“Contraloría está teniendo tantas denuncias que, al final, está bien lo que está haciendo”, asegura al respecto María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente, quien califica la intervención del equipo fiscalizador en la sede de gobierno como una “señal potente” por parte del Contralor.

No obstante, la abogada también lamenta la “falta responsabilidad política” por parte de la oposición, “en el sentido de saber que estas herramientas tienen sus limitaciones”.

“Es pan para hoy y hambre para mañana, en el sentido de que muchas veces damos señales de que pueden ocurrir cosas más grandes de las que sabemos que pueden ocurrir”, asegura Jaraquemada en conversación con The Clinic, en medio de un delicado contexto electoral donde La Moneda apuesta a aumentar las salidas a terreno del Presidente Gabriel Boric, donde no falta la oportunidad de “informar” sobre el borrador redactado por la Convención, al tiempo que tiene sobre sus espaldas a Contraloría fiscalizando que no incurra en intervencionismo electoral.

-La fiscalización ‘en terreno’ de un equipo de Contraloría en La Moneda, ¿es indicio suficiente de que el gobierno ha estado en el límite del principio de prescindencia ante la campaña por el Plebiscito? 

-No creo que con esto se pueda llegar a esa conclusión, hay que esperar a la investigación de Contraloría. Lo de acá es un indicio de que este tema está muy potente en la opinión pública. En el fondo, son muchas las denuncias que ha recibido Contraloría y lo que está haciendo es dar una señal potente de que se está tomando este tema en serio.

Se constituye en La Moneda en un acto bastante inédito, aunque recuerdo que lo hizo también en el período de Bachelet, pero respecto de una investigación específica a la dirección administrativa de la Presidencia. Contraloría está demostrando que está actuando porque ha sido cuestionada, por ejemplo, por el vínculo de su director jurídico con el diputado Vlado Mirosevic, cuestionamiento que no es correcto.

Es una señal muy potente y correcta, a mi juicio, porque cuando estamos en un momento de desconfianza ciudadana tan alta hacia las instituciones, lo que hay que demostrar aquí es que instituciones como Contraloría cumplen con su función y son independientes.

-Los fiscalizadores de Contraloría ingresando a La Moneda, ¿obedecería a las críticas políticas de la oposición, entonces?

-Sí, también (Contraloría) está teniendo tantas denuncias que, al final, está bien lo que está haciendo. En vez de estar procesando las distintas denuncias, está diciendo ‘bueno, además de resolver las denuncias que reciba, me voy a instalar ahí a revisar bien todo esto y dar las garantías de que aquí estamos actuando’. Y si se mal utiliza, van a haber los reproches correspondientes.

-¿Se empaña con esto el ambiente cívico para el Plebiscito?

-Lamentablemente, sí. El ambiente no está lo más cívico que uno quisiera, para nada. Es algo que no sólo pasa en Chile. En general vemos que en el mundo las elecciones y la política está bastante polarizada, y el Plebiscito ya lo está. Los plebiscitos per se ya son polarizantes, lo mismo que las segundas vueltas. Esto, lamentablemente, contribuye a enrarecer ese ambiente y no a bajar los tonos.

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-Las reiteradas denuncias a Contraloría y la presión por la celeridad de las investigaciones, ¿son una “discusión política”, como indicó el Contralor Bermúdez?

-Que en períodos electorales haya acusaciones y denuncias de intervencionismo es la lógica de todos los períodos electorales. Siempre los que están en la oposición van a considerar que hay intervencionismo y, generalmente, van a Contraloría por pronunciamientos que a veces les dan la razón y otras no. Así que sí hay un tema potentemente político acá. 

No tengo recuerdo de elecciones en que esto no haya sido así. Probablemente antes era menos mediático, pero generalmente se dice que es un intervencionismo muy grosero, el más grande que hemos visto, etcétera. Entonces, hay un tema muy político, pero también hay otro tema: muchas veces se juega un poco con esto mediática y políticamente.

-¿En qué sentido?

-En el sentido de que sabemos que lo que puede hacer Contraloría tiene límites. Contraloría no puede destituir a un ministro o a un presidente o a una alcaldesa, porque no le hemos dado esas herramientas y probablemente no se las queremos dar tampoco.

Muchas veces se juega con eso y es pernicioso para la propia política, porque al final la ciudadanía se queda con la percepción de que esto no tiene consecuencias, de que no pasa nada, incluso cuando Contraloría dice que se infringieron las normas. 

Esto es algo que vuelve como un boomerang a la propia política. ¿A quién responsabiliza la ciudadanía de que estas cosas sucedan? A la política. Es pan para hoy y hambre para mañana, en el sentido de que muchas veces damos señales de que pueden ocurrir cosas más grandes de las que sabemos que pueden ocurrir.

-¿Las denuncias estarían dirigidas a la señal política que está ocurriendo ahora, más que a la resolución misma del organismo, la que incluso podría estar para después del 04 de Septiembre?

-O puede que esté para antes del 4 de Septiembre, pero va a estar muy al límite. Y en el caso de que no estuviera, ¿qué va a suceder? ¿Qué pasa si el Contralor dice ‘tal ministro o tal alcalde se excedió?’.

-¿Qué escenarios se abren en ese caso, con las eventuales sanciones que una resolución así implicaría?

-Podría el Congreso hacer una acusación constitucional, pero tengo serias dudas de que valga la pena hacerlo por algo así o que lo vayan a hacer realmente. Pensemos que Contraloría ya ha dicho en otros casos que no ha habido respeto a la prescindencia.

Lo dijo respecto al ex subsecretario (Francisco) Galli, que dijo que la violencia era responsabilidad en ese momento de las candidaturas de Provoste y del propio Presidente Boric; respecto de la ex ministra (Karla) Rubilar, la cual estaba utilizando recursos públicos para promover la campaña de su pareja. Si buscas, vamos a encontrar en casi todos los gobiernos.

¿Pero qué ocurre? No mucho. A veces falta responsabilidad política en el sentido de saber que estas herramientas tienen sus limitaciones. 

Está bien que la Contraloría abra investigaciones y haga los reproches, pero tenemos que entender que también los efectos son limitados. Tenemos que tener mucho cuidado con las expectativas que le generamos a la ciudadanía y a no pasar a llevar a una institución que funciona bastante bien, que es Contraloría. Tenemos que tener cuidado con dar la percepción de que el Contralor o está politizado o está capturado o no quiere hacer algo, porque sus herramientas tienen limitaciones.

En ese sentido, apoyo lo que dijo el Contralor: él no tiene la facultad de hacer sanciones mayores que reproches a las altas autoridades.

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-Entonces, la perjudicada puede terminar siendo la clase política en su conjunto…

-Exacto, y otra cosa que nos olvidamos mucho, es que hablamos un montón de intervencionismo respecto del gobierno y de los municipios, pero no de otras entidades, como el propio Congreso. Y eso no es porque ellos no tengan un deber de prescindencia, que también lo tienen, sino que es porque ellos no tienen una entidad como Contraloría que se los esté recordando.

Cuando tú no tienes una entidad integrada por personas autónomas que fiscalicen al Congreso, nadie le dice nada. Y tenemos bancadas por el Apruebo, por el Rechazo, personas dando ruedas de prensa dentro del Congreso. Si queremos ser un poco más exigentes como país con la prescindencia, tenemos que serlo respecto de todas las entidades. El gobierno tiene recursos, pero en general, cuando se hace intervencionismo no es tanto con recursos monetarios, sino que con declaraciones y figuraciones personales.

Es una discusión que como país debemos tener: ¿queremos ser tan estrictos y poner límites, o también permitir que haya cierta libertad de expresión e involucramiento en la política contingente de nuestras autoridades? No tengo respuesta, pero tenemos que entender que esto es una cuestión del Estado. El principio de la probidad rige para todas las personas que ejercen la función pública.

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“Es súper difícil distinguir cuando Gabriel Boric tuitea como Gabriel Boric o como Presidente”

-Son varios los hitos donde el gobierno ha sido apuntado por intervencionismo. A su juicio, ¿cuál es el hecho más comprometedor para el gobierno? Ha habido casos que van desde firmar la propuesta de Constitución, hasta que el Presidente cite pasajes del texto en una radio, por ejemplo.

-Sí, te diría que lo último es lo más complejo. Cuando tú informas pasando a opinar personalmente y tratando de inducir el voto, es lo que no se puede hacer. Contraloría lo ha dicho y sé que hay una delgada línea y que el caso del Plebiscito es un poco más complejo que las elecciones a las que estamos acostumbrados. Pero lo que el gobierno no puede hacer es tratar de convencer al electorado de las bondades de ciertas normas de la propuesta de Nueva Constitución.

-¿Y qué papel debe adoptar el gobierno para respetar el principio de prescindencia?

-Lo que hay que hacer es informar. Se puede informar del contenido sin opinar. Es difícil, pero se puede, imprimiendo y entregando el texto es una buena manera. El rol del Gobierno es hacer una campaña muy potente de informar sobre el voto obligatorio, y darle recursos al Servel para que informe los locales de votación, por ejemplo.

Ahí apoyo las críticas que se han hecho al gobierno en el sentido de que debería estar muy concentrado en propender a que la gente vaya a votar y a que el voto es obligatorio. Y el rol del gobierno y de los municipios debiera llegar hasta informar.

Todo lo que es ponerle adjetivos, opinar sobre el contenido y que en el fondo vaya a inducir el voto hacia una u otra opción, es no tener prescindencia. Es una delgada línea muy fácil de cruzar, por eso el gobierno tiene que ser extremadamente cuidadoso con esto.

En ese sentido, las opiniones personales no debieran estar, tampoco debieran estar las autoridades en actos oficiales con chapitas del texto, y lo mismo con las redes sociales. Si bien pueden ser sus redes sociales personales, es súper difícil distinguir cuando Gabriel Boric tuitea como Gabriel Boric o como Presidente de la República.

-¿No se puede abordar el contenido del texto entonces? ¿Qué pasa en los casos en los que el gobierno desmiente fake news sobre la propuesta, que han abundado en las últimas semanas?

-Es complejo. Si tú me dices que van a desmentir una fake news diciendo ‘se dice que el texto dice esto, pero no lo dice’, puede ser informativo. El tema es cuando tú vas un poco más allá y dices ‘se dice que esto es así, y no es así porque es muy bueno lo que sale’, ahí no. Ahí estás induciendo el voto. Estás informando y valorando. 

Tú tienes que limitarte a informar y a ser estricto con el texto, pero siempre puede haber un poco de sesgo, por eso es súper complejo. Si el gobierno quiere ser mas apegado a lo que ha dicho Contraloría, tiene que hacer menos que más.

-¿Cómo así?

-Por ejemplo, repartir mucho el texto, difundir la normativa. Pero cuando uno se pone a interpretar, comparar o valorar, ahí entras a la parte subjetiva y que tiene que ver más con inducir el voto.

-¿Y firmar el texto?

-A mi juicio, no. Eso es dentro de una actividad, las personas se le acercan y le pueden pedir que firme cualquier cosa. Y si una de esas es el texto de la propuesta, no veo que eso sea inducir al voto, en el sentido de que se lo están pidiendo las personas. 

No es lo mismo que si hubieras mandado a imprimir el texto con la firma del Presidente, ahí sería distinto.

-Hartas de estas acusaciones se dan de esa forma, en el marco de actividades en terreno que hace el Presidente quien, además, ha incrementado sus salidas a terreno en los últimos días…

-Claro, por eso hay que ser muy cuidadoso, por ejemplo, si en esos encuentros la gente, con toda la libertad de expresarse, lleva banderas o lienzos, pero no puede ser el gobierno el que esté promoviendo eso. Lo mismo con las apariciones del Presidente. Si le preguntan su opinión, es distinto, pero trataría de abstenerme como gobierno de estar valorando y opinando sobre el nuevo texto.

Esto es delicado. Además, se mezcla con el ejercicio a la libertad de expresión que tienen todas las personas y Contraloría también lo ha dicho. Todos vimos para el Plebiscito de Entrada a los ministros del gobierno anterior diciendo cómo iban a votar. Eso se permite, tampoco podemos ser más papistas que el Papa. 

Todos sabemos cuándo, por ejemplo, un gobierno saliente apoya a una candidatura para que llegue después. Lo que no queremos es que se estén utilizando los recursos del Estado para hacer que esa persona llegue ahí. Acá es un poco lo mismo.

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-¿Y qué rol deben cumplir los municipios ante el Plebiscito? Algunos alcaldes han acusado que el criterio es demasiado restrictivo y no se condice con otras elecciones.

-Sí, es bien complejo y entiendo que Contraloría quiso cerrar la puerta porque como es tan difícil de distinguir, quiso contener el dique, por así decirlo. Pero creo que los municipios deberían tener un rol, primero, de ayudar a fomentar la información del proceso en sí, por ejemplo dónde se vota; hacer un trabajo en conjunto con el Servel. Eso es lo primero que debería hacer el Estado. 

Sería lamentable, sin embargo, que la participación fuera muy baja. Hay voto obligatorio y muchas personas no tienen por qué saberlo, porque es una novedad. Pero además no veo problema. Ahí difiero un poco con Contraloría, en el sentido de que los municipios podrían dar cierta información sobre el texto o ponerlo a disposición, pero claramente tienen que mantener ese rol de informantes y no opinantes o influyentes. Y eso siempre es muy complejo.