Luego que el ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, renunciara a la conducción del organismo el pasado 12 de Julio acusando que había perdido la confianza del Consejo Directivo del organismo, su salida destapó una olla a presión cuyas repercusiones apelan hasta los principales partidos de gobierno.

Esto, luego que debutara en el organismo tres nuevos consejeros de sensibilidad progresista: la licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales Constanza Valdés, la abogada Lieta Vivaldi y el abogado Francisco Ugás. Ellos, junto al consejero Yerko Ljubetic, firmaron una carta pidiendo la renuncia de Micco. 

En la misiva, lo responsabilizan de una serie de hechos críticos para el organismo -prácticas antisindicales, renuncias masivas, remoción arbitraria de jefaturas, entre otras imputaciones-, particularmente de un hecho sensible para el mundo de los Derechos Humanos.

“La relación con un gran sector de la sociedad civil, y especialmente aquella que forma parte del registro del INDH, es, también, prácticamente inexistente”, decía un extracto del documento, la que resumía la gestión de Micco como “una administración negligente y deficiente”. 

¿Resultado? Micco dejaba su cargo a sólo días de terminar su periodo formal: el 29 de Julio. Así, quedaba de manifiesto el irreversible quiebre en la interna del INDH, fractura que se arrastra justamente desde los días del Estallido Social. En simple, desde el mundo de los Derechos Humanos y sectores de izquierda, se acusa la conducción de Micco de no haber sido lo suficientemente frontal ante el gobierno de Sebastián Piñera, mientras campeaban los abusos contra civiles en los días del Estallido Social. 

“El Consejo del INDH fue presionado mediante paros de 60 días y una toma de 180 días para declarar que en Chile habían presos políticos (presos de conciencia)”, apuntó Micco en una publicación en Twitter del 27 de Julio a la que llamó “Mis verdades”. Con esto, hizo referencia a la ocupación del edificio del instituto que lideró el ex vocero de la ACES, Víctor Chanfreau. En el texto, el abogado DC también acusó que recibió “funas y amenazas de muerte”.

Más tarde, Micco profundizó en sus acusaciones e identificó el origen de las presiones políticas: el Frente Amplio y del Partido Comunista.

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“Ninguna persona en su quehacer puede recibir amenazas. Eso es un elemento básico de la convivencia en una sociedad”, sentencia al respecto el consejero del INDH, Cristián Pertuzé.

“Que la institución máxima de Derechos Humanos de Chile se viera en la obligación de declarar que había violaciones sistemáticas o presos políticos, era generar un estadio político sumamente complejo”, agrega a The Clinic el Cientista Político e Ingeniero Comercial -independiente con cercanía a la derecha- y consejero designado por la Cámara el 2019.

En este contexto, Pertuzé recoge el guante sobre las denuncias que ha hecho en los últimos días Micco al gobierno de Gabriel Boric, quienes no acusaron recibo sobre una solicitud formal del Consejo del INDH para reunirse con el mandatario.

-¿Quiénes del FA y el PC presionaron al INDH para que se declarara la existencia de presos políticos en Chile?

-Personas en particular del Frente Amplio y del Partido Comunista, no tengo nombres. Lo que sí, estuvieron al principio y fueron o adhirieron a la toma. Las presiones las recibimos principalmente de las organizaciones sociales y de quienes estuvieron en la toma.

En el petitorio que ellos hacían nosotros, como INDH, teníamos que declarar que había violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, que en Chile existían presos políticos y que tenía que renunciar Sergio. Incluso, pidieron la renuncia de todos los consejeros. Más allá de saber que hubo gente de partido que fueron de forma solidaria y sabiendo el petitorio, uno extrapola.

-¿Y a qué atribuye estas presiones?

-Cada uno sabe las intenciones y objetivos que tiene con las peticiones que hace. Pero que la institución máxima de Derechos Humanos de Chile se viera en la obligación de declarar que había violaciones sistemáticas o presos políticos, era generar un estadio político sumamente complejo, porque además podía tener repercusiones internacionales.

Nosotros dijimos en el informe anual del 2019 que en Chile existieron graves y numerosas violaciones a los Derechos Humanos durante el Estallido Social. Pero hablar de sistematicidad es otro concepto que abarca mucho más, porque es definir un sistema dentro del Estado que involucre a los diferentes poderes del Estado para violar los Derechos Humanos y generar condiciones de impunidad a esas violaciones. Y de eso, historia tenemos.

Estamos en otro ámbito: los tribunales de justicia funcionaron, recibieron las querellas; hay muchas en investigación y otras que han tenido fallos.

-Sergio Micco habla de “funas” y “amenazas de muerte” ¿Cómo se vivieron esas situaciones en el instituto y en Sergio Micco?

-Efectivamente, en algún momento Sergio comentó en el consejo que había recibido amenazas, a lo que le respondimos que él tenía que interponer todas las denuncias que fueran del caso. Y no solamente amenazas de muerte, sino que generales, por el trabajo que estaba realizando.

Ninguna persona en su quehacer puede recibir amenazas. Eso es un elemento básico de la convivencia en una sociedad. Se le manifestó y no sé qué acciones tomó en su minuto sobre las amenazas que ha recibido.

-¿Qué rol cumplió Marcelo Carrasco, vocero de los defensores del INDH y militante de Convergencia Social?

-No sé qué rol cumplió en la toma, no sé si tuvo un rol específico. De lo que sí tengo recuerdo, es que algunos de los dirigentes de las asociaciones estuvieron con la gente de la toma el día que comenzó. Posteriormente, fueron el puente para recepcionar la sede luego que terminó la toma.

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“Nosotros no tenemos un quiebre con el gobierno”

-Estas presiones políticas del FA y el PC, ¿dan cuenta de un quiebre del instituto con el gobierno?

-Nosotros no tenemos un quiebre con el gobierno. Este lunes se insistió en la necesidad de tener una reunión formal del consejo con las autoridades de gobierno. Estos fueron hechos pasados y hoy día el gobierno tiene que tener una coordinación con el instituto. 

Además, de acuerdo a la misma ley, nosotros les podemos dar recomendaciones y requerir información del gobierno y otras instituciones públicas para hacer nuestros estudios y nuestras propuestas. Puede haber diferencias, pero las instituciones tienen que funcionar. Son instituciones que tienen su autonomía y deben trabajar por el bien del país.

-Micco ha denunciado que el gobierno no ha considerado las propuestas del INDH en materias como la reforma a Carabineros y que no ha estado a la altura de sus propuestas en materias de DD.HH ¿Está de acuerdo? ¿A qué lo atribuye? 

-No atribuyo ninguna intención. Sergio ha dado su parecer respecto a la interacción que ha tenido el gobierno con el Instituto que, desgraciadamente, desde la elección del Presidente Gabriel Boric, no ha habido una interacción efectiva con el instituto. Espero que ahora esto se normalice y que tengamos una interacción como debe ser para el bienestar de Chile.

-¿El gobierno ha dado explicaciones para no recibir ni a Micco ni al INDH?

-Hasta la fecha no tenemos ninguna explicación. Sí hubo una invitación protocolar a una reunión con la ministra de Justicia (Marcela Ríos) y con la subsecretaría de DD.HH hace alrededor de tres semanas, pero era para conocernos y empezar a interactuar. Pero obviamente el Presidente de la República es a quien esperaba el Instituto que nos recibiera y lo dijimos desde antes que asumiera.

-¿En qué pie queda el respaldo del gobierno a la institución con esa señal, a la que se suma que no les hayan entregado la propuesta de la Agenda Integral de Verdad y Justicia?

-Nosotros no recibimos ninguna agenda, eso está en acta. Nosotros la obtuvimos bajándola de la página web del gobierno, no hubo ninguna entrega formal porque no ha habido una interacción.

Y el pie debe ser de una interrelación fluida donde nosotros podamos dar nuestras recomendaciones a las diferentes agendas. El gobierno puede proponer y establecer la agenda que determine mejor desde su programa y accionar, y nosotros haremos nuestras recomendaciones en base a eso.

Espero que prontamente la interacción sea fluida, donde podamos dialogar de manera eficiente.

-¿El cambio en la dirección podría allanar un camino en esa dirección?

-Posiblemente, pero tampoco el gobierno nos dijo que no nos recibía porque estaba Sergio Micco en la dirección. No hubo respuesta, nomás.

-Pero Micco acusa animadversión desde las fuerzas de gobierno hacia él.

-Él dijo eso. Espero que mejore frente a los cambios que han ocurrido en la dirección y en un número importante, casi la mitad, de los consejeros. 

Pero hay puntos importantes, más allá del nombramiento fallido de Fernando Pairicán como consejero en representación del Presidente Boric. Una señal importante es que se nombre a la brevedad quién va a reemplazar a Debbie Guerra, que fue la que dejó el cargo tras su período de seis años nombrada por la Presidenta Bachelet.

Si tú me lo preguntas, creo que esa es una señal; es importante que el gobierno le de importancia a esto. Como no se ha nombrado en la Cámara el reemplazo de Eduardo Saffirio, ho día habemos nueve de once consejeros.

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-¿Esperaría otras señales del gobierno?

-La señal es reunirse con el instituto, esperar y recepcionar las recomendaciones que podamos dar a su agenda sobre DD.HH, tener en otros trabajos una comunicación más fluida y permanente. Esperaría eso, pero la principal hoy es recibir al consejo que está vigente formalmente.

-¿Descarta la existencia de presos políticos en Chile en el marco del Estallido Social?

-Creo que en Chile no hay presos políticos. Hay presos que están procesados por delitos concretos, ya sea atentados o hurtos, y no por cómo piensan o porque estaban en una manifestación. Ahora, hay una problemática en el sistema chileno de que las prisiones preventivas se están alargando mucho, los juicios se están demorando y esa sí es una problemática de Derechos Humanos.