Columna del senador Pedro Araya (Ind-PPD): Crimen organizado, urge política nacional

Como delincuencia globalizada ha sido definido internacionalmente el crimen organizado ya que se trataría de una de las consecuencias – no deseadas ni esperadas- del proceso de globalización en el mundo.

Nuestro país enfrenta hoy sin duda un momento complejo en términos de seguridad. Si bien las cifras referidas a las mediciones tradicionales del delito, como los delitos de mayor connotación social, no han evidenciado un aumento problemático, sí existen problemas delictivos asociados a nuevas figuras delictuales o delitos que en antaño carecían de una connotación especial por su baja frecuencia. Justamente entre ellos, se encuentra el crimen organizado.

Representantes de Naciones Unidas han señalado que el crimen organizado es una figura penal muy difícil de delimitar y definir legalmente toda vez que se trata de un fenómeno muy complejo con muchas aristas y en constante evolución: “es constante y la variedad y las diferencias entre los actores son tales que aún las propuestas más innovadoras se quedan cortas a la hora de caracterizar el crimen transnacional” (UNODC, 2012).

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000 define al crimen como “un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o tipificados con arreglo a la presente Convención, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.

En Chile, por su parte, y tal como lo ha señalado el propio Ministerio Público “el crimen organizado no es un delito en sí mismo, se trata de una denominación genérica que se les da a aquellos delitos en los que actúan grupos de personas en forma organizada”, como es el caso de la asociación ilícita. Junto a lo anterior, es necesario tener en cuenta que el crimen organizado se desarrolla normalmente junto a otras actividades como el narcotráfico, la trata de personas -en especial con fines de explotación sexual y trabajos forzados-, el tráfico de migrantes, de armas, el secuestro extorsivo, la prostitución, el sicariato y las pandillas.

Sin embargo, frente a esta realidad sí es posible encontrar ejemplos de buenas prácticas en el combate el crimen organizado como el desarrollado por la Policía Nacional de Colombia que elaboró una Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado con el fin de llevar acabo un modelo de investigación que se basara más en el acopio de información que en el trabajo caso a caso, pudiendo así generar mejores análisis sobre las estructuras de las bandas que operan, su conformación, modus operandi, y entender cómo financian sus ilícitos.

Otro de los aspectos que involucra estos tipos de ilícitos es la evolución que tienen en sus modus operandi, lo que hace justamente difícil su detección y regulación penal, y que en el último tiempo ha conllevado a incorporar los denominados procesos de tercerización en ciertas actividades, como la vigilancia, por ejemplo, que es entregada a bandas de delincuencia común y hasta a terroristas.

Sin duda todo este escenario genera enormes problemas y pérdidas para los países. En Chile no solo ha implicado la afectación de la calidad de vida de las personas quienes han visto como nuevos fenómenos violentos se toman las calles de los principales centros urbanos, sino que además por los riesgos que con lleva este tipo de actividades que puede llegar hasta la pérdida de vidas humanas.

Y lo anterior no solo debe ser abordado por las autoridades como algo que afecte nuestro territorio sino tener en consideración que se trata de un fenómeno transnacional y que implica que las instituciones encargadas de la persecución penal trabajen coordinadamente con instituciones foráneas y/o participen en instancias regionales orientadas al crimen organizado.

Luego de los procesos vividos en nuestro el estallido social, y quizás en algunos casos mucho antes, he insistido en distintos escenarios en la necesidad de fortalecer y cuidar nuestras instituciones y que los cambios necesarios que deban llevarse a cabo – como lo es la nueva constitución- en ningún caso impliquen una merma a la confianza o a la solidez de las estructuras institucionales. Lo anterior, porque uno de los antecedentes casi común en los países que han visto proliferar este tipo de fenómenos de crimen organizado ha sido la debilidad de las instituciones de control y persecución judicial.

Hoy urge impulsar una política nacional contra el crimen organizado que implique el trabajo coordinado de distintos actores como policías, fiscales, aduanas, servicio de impuestos internos, Poder Judicial y representantes del poder ejecutivo, tanto a nivel nacional como regional e internacional. No podemos seguir cediendo espacios de nuestra convivencia a la violencia en sus distintas manifestaciones.